Las palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en las que aseguró que él prefiere no hablar de hoteles ilegales en Lanzarote sino de establecimientos "que tienen licencias anuladas por cuestiones formales" han desatado una tormenta política, y jurídica, en la Isla porque supone nada más ni nada menos que legalizar una ilegalidad.

Fuentes del pacto PSOE-PIL en la corporación insular se preguntaron si cabe llamar meras formalidades a la omisión de la obligación legal de solicitar los informes vinculantes sobre la compatibilidad con el Plan Insular. Esto, señalaron, "no corresponde decirlo a quien ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno en el área de ordenación del territorio". Juan Fernando, tu que eres un renombrado jurista, experto en construir imputaciones, demuéstrales a tus camaradas del pacto con Dimas Martín tus conocimientos en Derecho.

El anuncio de que la futura Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, ahora en trámite, apostará por dar "una salida" a los hoteles y complejos de apartamentos con licencias anuladas también ha tenido fuerte eco en la Isla.

Según Berriel, bastará con retrotraer los expedientes para que todos ellos "sean incluidos dentro de la legalidad" y sin que ello signifique "saltarse el contenido de la sentencia".

Durante los últimos meses, y a medida que se han ido acumulando sentencias favorables a la tesis y la estrategia que defiende la corporación, el Cabildo ha dejado claro que, incluso en los casos en los que sea posible la legalización, habrá que exigir compensaciones a los promotores de los hoteles ilegales.

Por último, la Comisión Europea afirmó que si se confirman que los fondos estructurales se han malversado destinándolos a la construcción de hoteles ilegales en Lanzarote, el Estado español deberá recuperar y devolver las ayudas. Por su parte, Domingo Berriel ha convocado “de forma urgente” una reunión para resolver la controversia que está creando la polémica dentro y fuera de la Isla. Aunque sus palabras son diferentes, los empresarios y sindicalistas (valga la redundancia, en ocasiones) y miembros del equipo de gobierno de Lanzarote implicados en el asunto están de acuerdo en dos aspectos: de que se trata de un grave perjuicio para la imagen y economía de la Isla y todos esperan que la resolución de la UE no salga adelante.

El consejero majorero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha declarado en Lanzarote que la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo dará "una salida" para facilitar la legalización de los hoteles y complejos turísticos con licencias anuladas en la Isla.

Berriel aclaró que este hecho "no significa saltarse el contenido de la sentencia", sino que simplemente buscarán vías para que los establecimientos "sean incluidos dentro de la legalidad".

El consejero incluso estableció unos matices a la hora de referirse a las obras cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales a raíz de los recursos presentados por el Cabildo de Lanzarote. "Yo no les llamaría establecimiento ilegales. Tienen licencias anuladas por cuestiones formales y lo que habrá que hacer es retrotraer los expedientes". En su opinión, "todos tendrán una solución dentro de la legalidad".

Desde la corporación conejera, por su parte, se ha señalado durante los últimos meses que se negociará con los propietarios para buscar alternativas que posibiliten su legalización, aunque esto quizás no sea posible en todos los casos. Además, el Cabildo habla abiertamente de hoteles y complejos ilegales.

Desde Bruselas, por otra parte, se empezó a examinar la utilización de los fondos estructurales en Lanzarote a raíz de varias preguntas parlamentarias formuladas por los eurodiputados ecologistas David Hammerstein y Bart Staes. La financiación comunitaria para la construcción de hoteles cuya licencia ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue concedida entre los años 1998 y 2002 con cargo a las ayudas del Objetivo 1, aquellas que se destinan a las regiones con una renta inferior al 75% del PIB comunitario y entre las que en aquella época se encontraba Canarias.

En total, contabiliza el eurodiputado verde, se concedieron más de 30 millones de euros para financiar la construcción de hoteles de lujo. Entre los proyectos beneficiados están en 1999 el hotel Princesa Yaiza, con 4,092 millones de euros, y el hotel Gran Meliá Volcán, de la empresa Lanzarote 6 SA, con más de 3 millones en ayudas. Otra de las empresas premiadas con ayudas europeas fue Teide 10 con 7 millones de euros para el hotel Rubicón Palace así como Riversun inmuebles, en abril de 2000, con 1,5 para el hotel Iberostar Papagayo.

Por su parte, el eurodiputado Bart Staes también remitió otra carta en la que denunciaba que hasta 2002, Lanzarote recibió 36,5 millones de euros de los fondos estructurales que fueron utilizados para la construcción de hoteles declarados ilegales por el TSJC.

La lista incluye también otras suculentas subvenciones de más de 3 millones de euros para el hotel Natura Palace de la empresa Yaiza Beach Club, dos subvenciones por más de 3,5 millones de euros cada una para al empresa Hoteles Playa Canarias así como más de 4,5 millones a la compañía Demasu SL para ejecutar una obra, que según el eurodiputado ecologista, está "inacabada".

Algo similar a lo sucedido en Fuerteventura con los Planes Parciales “Costa Faro” [SAU 8-1] en el Cotillo (foto superior), y el de Majanicho [SAU 12].

MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com

Desde los Cabildos, Ayuntamientos, y en especial desde la Subdelegación de Gobierno, no se condena abierta y públicamente la violencia en las comisarías. Por suerte podemos acudir a fantásticos trabajos como el de los compañeros de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En lo correspondiente a nuestra isla, desgraciadamente tenemos que lamentar que existen cuatro casos denunciados, que señalamos a continuación:

Un vecino de Sevilla denunció haber sido agredido por tres agentes de la Guardia Civil, dos de ellos de paisano. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Puerto del Rosario. Meses después, uno de los guardias civiles implicados en esta agresión denunció una nueva agresión, ésta a un ciudadano de Sevilla por parte de tres agentes. El agente afirmó denunciar esta agresión para no verse implicado por un nuevo asunto como éste, uno de los agentes implicados afirmó que “aquí siempre se ha pegado a la gente y nunca pasa nada”.

Los hermanos A. G. y R.G denunciaron haber sido agredidos por 9 agentes de la Guardia Civil del destacamento de Corralejo. La agresión se produjo cuando ambos hermanos acudieron al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la sustracción de una furgoneta, pero los agentes les emplazaron a denunciarlo otro día. Al protestar por la actitud de los agentes, estos agredieron a los hermanos provocando a A. una fractura de muñeca y a R, traumatismo craneoencefálico, además de otras lesiones.

K.B., denunció haber sido agredido por varios agentes de la Guardia Civil. Según su denuncia, la agresión se produjo después de que dos agentes le detuvieran y trasladaron a cuartel para registrarle. En el cuartel uno de los agentes le propinó un puñetazo para obligarle a desnudarse. Después del registro y no encontrando nada ilegal, iban a dejarle en libertad, pero K. solicitó, entonces, formular una denuncia por el trato recibido. En ese momento, entre varios agentes, le obligaron a la fuerza a subir a un vehículo de la Guardia Civil en el que fue trasladado a un descampado, donde le golpearon reiteradamente, provocándole, entre otras lesiones, la rotura de una pierna por cinco sitios.

En febrero de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) absolvió a tres agentes de la Policía Municipal de Gran Tarajal, que habían sido denunciados por tres menores de edad por agresiones ocurridas en septiembre de 2006. Los menores denunciaron que los policías acudieron a la zona de ocio donde se reunían con otros jóvenes, y que, tras introducirlos en el vehículo policial, fueron trasladados hasta la parte trasera del recinto ferial, allí fueron sacados a golpes del coche y castigados con maltratos físicos y verbales, y fueron amenazados de muerte si se atrevían a denunciar lo ocurrido.

MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com

Viendo el masivo incumplimiento de la Ley no queda otra vía que plantearse legalizar la situación. La Ley debe adaptarse a las peticiones sociales. No estamos de acuerdo con erradicar las acampadas, y sí en organizarlas, de manera que todo el mundo las pueda disfrutar. Más ahora que el elevado endeudamiento familiar hará que los que salgan recorten sus estancias en el exterior. En concreto, la crisis económica dejará sin vacaciones a una de cada tres familias canarias.

Eso sí, con todos los deberes que ello conlleva como son el pago de la recogida de basura, y de aguas sucias, entre otros… Que los Ayuntamientos gestionen el tema de las acampadas y las autoricen para épocas de verano en lugar de seguir por el estúpido camino represivo.

Lo que no se puede es, sin haber consensuado una decisión con los organismos y colectivos afectados, querer cerrar unos caminos y acabar con la tradición que tenemos los majoreros de tantos años. Las personas acampan, y no tiene por qué ser en la orilla. Pero como no hay nada reglado, la situación es igual de ilegal en la parte de la orilla, que pertenece a Costas, como más arriba, que pertenece en muchos de los casos a particulares y a los Ayuntamientos.

Pero a eso hay que añadir que el Ministerio de Medioambiente, el mismo que calla ante los atropellos de la RIU, a través de la Demarcación de Costas en Canarias, informó al consistorio, y lo expresamos literalmente, que “con el fin de evitar la acampada y el estacionamiento y circulación de vehículos en las playas, hechos expresamente prohibidos en el artículo 33 de la Ley de Costas”, esa Jefatura ha decidido cerrar el acceso rodado a determinadas playas del litoral majorero, mediante la colocación de postes de madera. Pero ahora nos planteamos, si un marinero quiere bajar para ir a pescar o a coger carnada, y no puede pasar, ¿A dónde va? Esos caminos llevan ahí toda la vida... Queda mucho por reflexionar y consensuar.

El Cabildo no se prodiga mucho en decirlo, pero ya está trabajando desde hace tiempo en la adaptación del PIOF a la Ley de Directrices. No se sabe si piensan publicarlo y someterlo a exposición pública o simplemente aprobarlo en pleno y mandarlo a que se publique. En esta adaptación no sólo se trata de construcciones hoteleras, sino que también afecta a la Fuerteventura del interior. Todos los esfuerzos y peleas con el Gobierno de Canarias se limitan a la construcción de las urbanizaciones hoteleras. Para nada se acuerdan de las residencias tradicionales de los majoreros del interior. En esto han seguido al pie de la letra la interpretación más restrictiva de la Ley.

Sin rechistar están cometiendo el disparate de dejar fuera de ordenación a poblados con casas de más de 100 años de antigüedad. Los problemas vendrán más tarde para la población rural en forma de multas de la APMUN, pues desde que salgan de la puerta de sus casas estarán en terreno protegido. En contraste, algunas zonas protegidas y otras de rústico común se han pasado a urbanizables, pero los dueños de estas zonas son más poderosos.

En las páginas del informe que hemos elaborado y que pueden descargar, en cada una de ellas, primero aparece para cada zona una imagen del PIOF modificado, a continuación la del PIOF vigente para esa misma zona. Sería interesante para el público que identifiquen en los planos los intereses de los que están detrás de cada modificación; quien se beneficia y quien se perjudica.
Se aprecia:

• La desaparición o disminución de tamaño de muchos asentamientos rurales (poblados) del interior. Muchas viviendas -algunas de más de un siglo- quedan fuera de ordenación (lo que frecuentemente se confunde con ilegales). Cualquier modificación, ampliación, etc. dará lugar a situaciones conflictivas. Las multas del APMUN se dispararán en esas zonas. Esto afecta sobre todo al lugar de residencia de la población tradicional de la Fuerteventura rural del siglo pasado.

• La aparición de otros asentamientos rurales, que antes no estaban.

• La aparición de suelo urbanizable en algunas zonas donde antes era rústico común o protegido. (Majanicho, por ejemplo).

PARA DESCARGAR EL INFORME: CLICK AQUÍ
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/

Para verlo ampliado: Click aquí

Otra vez otro 28-J, que ya nadie llama, como antaño, día de la liberación homosexual, sino del Orgullo LGTB, o más reducido Día del Orgullo. Parece ser que se conmemora una fiesta más cercana a una celebración del consumo rosa, del ocio insolidario, a una feria de muestras donde la reivindicación y la protesta ocupa un espacio oscuro y ocultado.

No se puede negar que las leyes de la igualdad aprobadas en Madrid han sido un incentivo para la visibilidad y, sobre todo, para evitar situaciones de desigualdad que generaban un sufrimiento injusto e innecesario. Pero no por eso es admisible la docilidad obediente en la que se encuentra el movimiento LGTB.

No se puede ignorar que desde los poderes públicos, los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y alguna que otra asociación también, se está haciendo lo imposible para convencernos que ya está todo alcanzado en este Estado, que ya no hay que luchar por nada más, y sólo queda disfrutar de unos escasos derechos que pretendidamente tienen que satisfacer en toda dimensión.

Las carrozas de la marcha del Orgullo expanden a los cuerpos hermosos y variados, plumas, lentejuelas, chulazos y drags. Pero no se ven los cuerpos que viven con el VIH, los cuerpos inmigrantes, los precarios, los de las criaturas que sufren bulling ante el silencio de la familia y el profesorado. Faltan esos cuerpos que siguen siendo problema para el sistema, para la norma.

No se ve, no se aprecia la rabia acumulada por tanto derecho quebrantado, la repulsa a tantas agresiones homófobas, el cuestionamiento de las políticas de salud pública. ¿Cómo se van a apreciar las pobres y cutres pancartas, spray y trapo, si se ven silenciadas por los logotipos en las carrozas de las grandes marcas que anteponen una identidad consumista, rosa y que reduce la dignidad a la capacidad de gasto?

No pierdan el espíritu de Stonewall, reivindiquen la lucha «a cara de perro» («Ética Marica». Paco Vidarte. Madrid, 2005).