El comité de empresa y la mayoría de gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva, han llegado a un principio de acuerdo que deberá ser ratificado el próximo lunes día 1, en una asamblea a celebrar en el centro cultural Raíces del Pueblo para darle la validez definitiva.
A pesar del acuerdo, el descontento entre los trabajadores es generalizado, ya que son los únicos que van a soportar los esfuerzos económicos para evitar rescindir contratos. Aunque esto de que la crisis la pagan los trabajadores, no es nuevo.
ACUERDOS
Reducción de la jornada laboral durante el año 2010
Congelación del incremento salarial correspondiente a la subida del IPC
Eliminación de las horas extra
Predisposición para aceptar prejubilaciones
No se tiene en cuenta el gasto desorbitado que se está produciendo en asesoramiento externo, juicios y cargos de confianza, tampoco afecta a Suministros de Aguas de La Oliva, sin que se reduzca la nómina de los 9 liberados políticos que cobran unos sueldos que si no fueran concejales serían incapaces de percibir.
No sabemos quién, ni cómo van a pagar el informe encargado para el estudio de la gestión de los servicios públicos de saneamientos adjudicado a CANARAGUA, realizado por el ingeniero Agusto Menvielle, ni los encargados para las concejalias de turismo, urbanismo y personal.
En definitiva, el pacto entre socialistas y el club de amigos del Marqués está dando muestras de que los recortes, a pesar del maquillaje de la congelación de sus sueldos como políticos, se están efectuando sólo en lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras, que es la parte más débil del conflicto.
ACTUALIZACIÓN: Como efectivamente aporta un lector, el problema no es de ahora. En la época de Claudina (pacto CC-PSOE) el Ayuntamiento se dedicó a contratar personal sin control a cambio del voto fácil, y como dice el refrán de aquellos polvos vienen estos lodos.
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Este es el plano que trae de cabeza a los miembros de Coalición Canaria porque resulta imposible contentar a todos los sectores que intervienen en la planificación de un territorio a la vez. Parece que la superficie de terreno destinado a la actividad turística está prácticamente consensuado aunque alguno siga pidiendo más camas, a pesar de que no va a ser posible ampliar o clasificar nuevos territorios para la actividad turística, en los distintos municipios. Falta por definir con mayor claridad las zonas destinadas a la actividad industrial que en algunos lugares la incluyen dentro de los planes parciales mixtos, residencial-industrial como ya sucede en la Hondura, Puerto del Rosario.
Por lo que respecta a la actividad agraria, queda bien claro en el documento que la agricultura ha perdido peso económico en relación con el resto de actividades desarrolladas en Fuerteventura y proponen que el mantenimiento de esa actividad deben ser objetivos de la planificación territorial, primando la protección de la actividad agraria, como garante de la sostenibilidad del desarrollo de la isla y equilibradora de los impactos que sobre el territorio, tienen el resto de actividades económicas. Sin olvidar que el suelo con potencialidad agrológica es un recurso no renovable a corto y medio plazo.
Si conocen bien la geografia insular, una vez que hayan analizado el plano de zonificación, que cada uno saque sus conclusiones sobre las delimitaciones de las distintas actividades que se pueden realizar en el territorio insular, partiendo de la base que la superficie insular es la que es y el propietario de una superficie de terreno, tiene un bien del que más pronto que tarde se podrá beneficiar.
Hasta tal punto le ha tocado de lleno a C.C. el movimiento que se ha producido en contra del PIOF, que el Cabildo de Fuerteventura convocará el próximo día 28 una reunión en Gran Tarajal, a celebrar con los representantes asociativos y particulares interesados del sector primario insular, en la línea de debatir con ellos la problemática surgida en torno al Avance del PIOF, que ha sido redactado por la empresa pública Gesplan y que se encuentra en estos momentos en el periodo de sugerencias.
Como si no fuera con ellos, los nacionalistas son los responsables que han realizado el citado Plan, de espaldas a las partes afectadas, y comentan “Queremos avanzar de la mano del sector primario de Fuerteventura hacia la toma de las decisiones que sean necesarias para corregir este documento, de manera que su redacción responda a la necesidades reales de los agricultores, ganaderos y pescadores de la Isla en lugar de a los planteamientos excesivamente técnicos con que ha sido elaborado este texto por parte de la empresa responsable”, declaró el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.
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Las peleas entre propietarios de suelo no han hecho más que empezar para ver cómo se posicionan en mejores condiciones y así poder optar a una calificación de sus parcelas más óptima. Aunque ya aparecen noticias no confirmadas sobre dónde estará ubicada la zona comercial o la industrial, que a nadie le resulta extraño, conociendo la catadura ética de los que tienen el poder de decisión.
El caso que hoy les traemos aquí es el correspondiente al Plan Parcial LAS PARDELAS, situado entre la carretera que conduce a Villaverde, a lo largo de la fachada del centro de ocio BAKU y la carretera que conduce al muelle comercial de Corralejo, con una superficie estimada de unos 250.000 m2, estando calificada como residencial y que ha sido reparcelada, siguiendo criterios poco transparentes, de los cuales salen beneficiados los mismos de siempre, gobierne quién gobierne, bien desde la mayoría o desde la oposición.
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| Las reparcelaciones en el municipio de La Oliva. |
El caso que hoy les traemos aquí es el correspondiente al Plan Parcial LAS PARDELAS, situado entre la carretera que conduce a Villaverde, a lo largo de la fachada del centro de ocio BAKU y la carretera que conduce al muelle comercial de Corralejo, con una superficie estimada de unos 250.000 m2, estando calificada como residencial y que ha sido reparcelada, siguiendo criterios poco transparentes, de los cuales salen beneficiados los mismos de siempre, gobierne quién gobierne, bien desde la mayoría o desde la oposición.
El cabreo entre los propietarios de éste terreno resulta monumental, ya que se les ha comunicado la ubicación de sus parcelas que en absoluto coincide con la que tenían cuando compraron las mismas. Pero la sorpresa resulta aún mayor, al comprobar que prácticamente toda la fachada situada frente al BAKU aparece a nombre del constructor vinculado a Coalición Canaria, R. Marichal, (según podrán observar si maximizan la imagen), empresario que no tenía ninguna propiedad en esa franja de terreno y que a la postre será la más apetitosa urbanísticamente hablando.
Además, resulta que los hermanos catalanes Cebriá (CAHISPA S.A.), propietarios de varios hoteles en Corralejo, suman más del 50% de la propiedad del suelo junto con el constructor A. Rodríguez Marichal, con lo cual tienen el poder de decisión a la hora de adjudicar la ejecución de la infraestructura exigible para la aprobación definitiva del citado Plan Parcial, cuya obra desea realizar el citado constructor y así poderse quedar con el suelo de los propietarios que no puedan pagar el cánon exigible para su ejecución.
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Las contrapartidas a los movimientos que está realizando Domingo González Arroyo, una vez que ha constituido su nuevo Partido Progresista Majorero, no se han hecho esperar. Sólo hace falta observar mínimamente el desfile de cargos públicos de C.C. por su televisión para darse cuenta que algo se mueve en torno al Marqués.
Desde el presidente del Cabildo, Mario Cabrera hasta la concejala de La Oliva, Soledad Monzón, pasando por su amigo José J. Herrera, están paseándose últimamente por sus tertulias, donde no ha faltado para dar caña a sus compañeros socialistas del municipio la supuesta opositora al marqués Olivia Estévez.
Los movimientos, naturalmente vienen acompañados, como no podía ser de otra forma, de compensaciones nada altruistas como pueden ser, la redacción del PGOU del municipio norteño en un plazo máximo de dos meses si se cumplen los plazos previstos en la reunión que tuvo lugar recientemente con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
Una vez conseguido el avance, piensan llevarlo a pleno para su aprobación y se someterá posteriormente a información pública. Para alcanzar este objetivo, GESPLAN se encargará de redactar el avance del PGOU y mantendrá reuniones técnicas con los especialistas del Ayuntamiento, aprovechando todos los trabajos que han sido realizados hasta la fecha, lo que agilizará el proceso. Por eso se han dado prisa para el siguiente paso que describimos a continuación, aprobado por el Ayuntamiento de La Oliva y pendiente de los trámites del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de superficie de explotación y restauración de la cantera de picón “La Capellanía”, situada justo detrás de la urbanización TAMARAGUA, en el término municipal de La Oliva, durante el plazo de treinta (30) días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 18/01/10, presentado en la Dirección General de Industria por la entidad propietaria de la cantera actualmente en explotación, INFRARRENTA S.A., cuyo titular es Domingo González Arroyo.
Sin duda, puede que sea pura elucubración pero resulta altamente sospechoso toda esa serie de coincidencias, junto con la solicitud del bastón de alcalde en cumplimiento del supuesto acuerdo verbal entre Domingo Fuentes y Domingo González, por el cual se iban a repartir a partes iguales la alcaldía de La Oliva, según ha declarado él personalmente.
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A raíz de las declaraciones hechas por el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, en las que cree factible para dentro de cinco años, en 2015, que las renovables aporten en Canarias el 30% del total de la energía producida lo que significaría pasar de poco más de 100 megawatios a 600 megawatios, quintuplicándose la potencia actual y que el Cabildo de Fuerteventura se declaró incompetente para resolver el concurso eólico y lo ha transferido al Gobierno de Canarias por los problemas existentes con el PIOF.Cree el consejero que se puede aplicar la famosa Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que vió la luz el 12 de mayo de 2009 queda claro en el artículo 4 del régimen del suelo rústico, en su apartado cuatro, nos dice textualmente en suelo protegido por razón de sus valores económicos se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación, en los Planes Territoriales de Ordenación o en el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación.
A nivel estatal, Canarias se encuentra entre las tres Comunidades Autónomas con menos potencia eólica instalada pese a que islas como Gran Canaria y Fuerteventura están ubicadas en el área eólica más importante ya que están en las zonas con más viento de Europa.
Basta con exponer un ejemplo para ver si se puede remover la conciencia de los responsables políticos insulares con lo que sucede en lugares como: Puertollano, de él dicen las malas lenguas que ni es puerto ni es llano, pero Puertollano engaña como algunos espejos. Con 50.000 habitantes (aproximadamente como Puerto del Rosario), es la segunda ciudad importante de Ciudad Real. En el punto kilométrico número 25 hay un mapa del futuro: la nueva central termo-solar que acaba de inaugurar Iberdrola. Sobre una extensión equivalente a 130 campos de fútbol se despliega un mar de espejos: 352 colectores de cristal, paneles cóncavos programados para empezar a girar 180º siguiendo el arco tenso del sol desde el alba hasta el crepúsculo en un lento ballet postindustrial.
Las termosolares no usan paneles fotovoltaicos, sino que calientan hasta los 400º centígrados un aceite térmico. En el momento de mayor intensidad solar, los tubos por los que circula se colorean de blanco. Ese aceite llega a un ciclo cerrado de agua-vapor que a su vez pone en marcha turbinas que generan energía eléctrica. Más de 200 obreros durante dos años se han aplicado a construir una planta que brilla a pleno sol y que ha creado 60 empleos fijos, en su mayoría vecinos de Puertollano, para mantener una fábrica de luz que opera las 24 horas del día y que tiene potencia para generar 103 gigavatios hora al año que pueden ser almacenados.
Da verdadera pena si lo comparamos con Canarias, donde en el primer semestre del año pasado, los parques eólicos participados por Endesa en las islas produjeron un total de 68.021,4 MW/h. La mayor producción total correspondió al parque eólico Cañada de la Barca, ubicado en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, seguido del de Finca Mogán, situado en el municipio de Arico, en Tenerife y, en tercera posición, el de Los Valles, en Teguise, Lanzarote.
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Presentación de:
Maximiliano Trapero
Catedrático de la ULPGC
Sinceramente, Eulalio Marrero es el mejor «romancero» de Fuerteventura (y de todas las islas: sé lo que digo y sé de lo que hablo). Por eso la placa que el Ayuntamiento ponga en su memoria debería llevar también el título de «Romancero de Fuerteventura», para que quienes la lean, sepan quién es y fue Eulalio Marrero, y para que las generaciones jóvenes actuales y venideras sepan que la condición de «romancero» representó una parcela muy peculiar de la cultura insular.
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Homenaje a Eulalio Marrero Ávila : romancero de Fuerteventura. Ofrecido por su pueblo de Tuineje (Fuerteventura) el día 13 de octubre de 1997.
Sinceramente, Eulalio Marrero es el mejor «romancero» de Fuerteventura (y de todas las islas: sé lo que digo y sé de lo que hablo). Por eso la placa que el Ayuntamiento ponga en su memoria debería llevar también el título de «Romancero de Fuerteventura», para que quienes la lean, sepan quién es y fue Eulalio Marrero, y para que las generaciones jóvenes actuales y venideras sepan que la condición de «romancero» representó una parcela muy peculiar de la cultura insular.
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Los dos aerogeneradores que van a suministrar energía eléctrica a la planta desaladora de ósmosis inversa que el Consorcio de Aguas de Fuerteventura (CAAF) tiene en Corralejo, ya se encuentran instalados pero con enorme retraso, incumpliendo una vez más los compromisos adquiridos públicamente por unos responsables políticos, en éste caso por el presidente del Cabildo de la isla Mario Cabrera, que había puesto como fecha límite para su puesta en marcha el mes de Diciembre de 2.009.La inversión realizada para la instalación de los dos aerogeneradores de 0,8 MW de potencia cada uno, con una altura de 45 m. y un diametro de las aspas de 52 m., asciende a unos 2,2 millones de euros y serán capaces de producir el doble de la energía necesaria para la producción diaria de los 4.300 m3 de agua que produce la planta, en el caso de pleno rendimiento (hecho que jamás se produce los 365 del año en ningún parque eólico), teniéndose previsto inyectar a la red eléctrica el sobrante de la energía. ¡Qué ilusión!
Tendrían que hablar, si los políticos se quieren apuntar a técnicos, de horas equivalentes que es el parámetro usado en la caracterización del aprovechamiento de la energía eólica. Dicho parámetro constituye la relación equivalente entre el tiempo de funcionamiento de la maquina y su potencia nominal. Los mejores emplazamientos eólicos ocupados en el Estado español registran una media de funcionamiento de 2.530 horas equivalentes anuales.
También hemos de tener en cuenta que la vida útil de un aerogenerador es de unos 20 años y su coste incide entre el 60 % y 70% de la inversión. Además, el costo medio de una central eólica es de 1.000 € por KW de potencia instalada.
Dicho esto, no podemos más que hacer una dura crítica a los responsables políticos del Cabildo por su negligencia en el retraso a la hora de poner en funcionamiento dichos aerogeneradores, por los cuales estamos pagando una fuertes sumas de euros en su amortización, ya que las máquinas han sido suministradas e instaladas, pero no están produciendo energía para poder amortizar la inversión de 2,2 millones de euros realizada y cuanto más se tarde, peor será para las futuras generaciones que puedan rentabilizar dicho parque eólico. Pero claro, los actuales dirigentes políticos estarán muy lejos para esas fechas y no se les podrá pedir responsabilidades por esa dejación de funciones.
Esperamos que no vaya a suceder lo mismo que con los cuatro proyectos asignados a tres empresas distintas, los 30 megavatios de potencia eólica reservados para Fuerteventura en el concurso público de asignación de potencia, publicado en el BOC 12/08/09 en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares.
Los parques eólicos de La Tablada y Moralito, Quebrada del Mojeque y Morro Galera III siguen esperando.
Los proyectos beneficiarios de esa asignación de potencia y que aún siguen esperando para su instalación por la disparidad de criterios entre el Gobierno Autónomo con el PIOF majorero, son los Parques Eólicos La Tablada y Moralito, promovidos por Energías Eólicas de Fuerteventura, con 9,2 megavatios de potencia cada uno; el Parque Eólico Quebrada del Mojeque, de Endesa Cogeneración y Renovables, al que le corresponden otros 9,2 megavatios; y el Parque Eólico de Morro Galera III con 2,4 megavatios, que instalará Gas Natural Wind 6.
No obstante, el sol sigue saliendo cada día y el viento sigue soplando, sin que por parte de las instituciones Regionales, Insulares o Locales, se pongan los medios necesarios para que nuestra isla se pueda convertir en pionera, aunque con mucho retraso respecto a otras comunidades, en producción de energías solares o eólicas.
Sirva como ejemplo, la comunidad de Castilla-León que es líder estatal en producción de energía eólica, cuenta con 400 empresas dedicadas al sector, crean 5.000 puestos de trabajo directos y hay 200 Ayuntamientos beneficiados de las instalaciones, lo que supone unos 5.000 millones de euros de inversión y unos 14 millones de euros en licencias de obras, para una potencia instalada de 3.723 MW.
Sirva como ejemplo, la comunidad de Castilla-León que es líder estatal en producción de energía eólica, cuenta con 400 empresas dedicadas al sector, crean 5.000 puestos de trabajo directos y hay 200 Ayuntamientos beneficiados de las instalaciones, lo que supone unos 5.000 millones de euros de inversión y unos 14 millones de euros en licencias de obras, para una potencia instalada de 3.723 MW.
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El pasado mes de diciembre, el Gobierno hacía público el anteproyecto de la conocida como “Ley de Economía Sostenible”. Este embrión normativo que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vendido a la opinión pública como la panacea legal contra la crisis, se compone de normas de todo tipo y color, engarzadas entre sí en una estructura más que discutible, y con un objetivo cuanto menos difuso: crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.
Pues bien, más allá de la criticable técnica legislativa empleada, la futura ley esconde, concretamente en su disposición final primera, una medida que ha desatado una intensa polémica en los foros relacionados con Internet. La iniciativa en cuestión pretende, modificando la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, introducir “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” como una causa en base a la cual se pueda restringir e interrumpir la prestación de un servicio, como por ejemplo el que puede ofrecer un blog. La función de salvaguarda se atribuye a través de otra modificación, en este caso de la Ley de Propiedad Intelectual, a un nuevo órgano administrativo: la Comisión de Propiedad Intelectual, y la iniciativa concluye señalando que reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de las funciones que esta comisión tiene atribuidas.
Perfilada la medida, la preocupación que debemos sentir los ciudadanos con relación a la misma es notoria. No sólo por la forma en que se pretende establecer, con una inobservancia grave de los imperativos constitucionales, sino por el objetivo y el trasfondo de la propia norma.
Que restringir o interrumpir los servicios prestados en la denominada “Sociedad de la Información” afecta a derechos tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información, es algo que por obvio, no debería ser objeto de recordatorio. Sin embargo, el Gobierno parece haber omitido interesadamente tal evidencia, y delega en la potestad reglamentaria la regulación de la controvertida materia. La Constitución es clara cuando establece que las normas que incidan en derechos fundamentales deben ser objeto de Ley Orgánica, ello se entiende dado que en asuntos tan esenciales, como son nuestros derechos, el consenso parlamentario debe ser el mayor posible. Lamentablemente, consenso y derechos no parecen ser dos términos a los que nuestro Gobierno otorgue excesivo respeto, y tal vez ello haya sido la razón de que este problema se esté rodeando por la espesa bruma del oscurantismo institucional.
Más grave que los intencionados defectos de forma, es el objetivo de la iniciativa. Resulta sospechoso que la única finalidad perseguida sea la de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, máxime cuando en estos últimos años éstos ha adquirido un notable grado de protección tanto en el ámbito civil como en el penal. La redacción normativa, llevada a cabo en términos realmente amplios, invita a pensar que la medida puede servir de “tapadera” para que, a través de la Administración, se cierren (aunque sea provisionalmente) aquellos medios que no resulten afines al discurso oficial. El razonamiento puede parecer descabellado, pero de sobra es sabido que multitud de blogs, periódicos digitales, u otro tipo de servicios en red, tienen enlaces con páginas como Youtube. Siendo este hecho, a la vista de la redacción legal que se presenta, motivo suficiente para proceder al bloqueo del servicio, ¿Qué va a impedir a la Administración no proceder al cierre aunque el fundamento de su acción sea mínimo?
La presunta salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual que pretende el Gobierno puede convertirse en un título habilitante suficiente para el ejercicio de la censura. Por ello, la ciudadanía debe impedir que el oleaje político desatado con esta iniciativa arrastre para sí la conquista social que significaron nuestros derechos. Unos derechos que un Ejecutivo empujado por los lobbies de la “pseudo-cultura” pretende suprimir de espaldas a la democracia y a sus reglas más básicas.
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