Montaña Rayada, otro pelotazo.

En aplicación de la Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1.987, en el año 1.990 desclasifican unos terrenos situados al sur del Hotel Los Gorriones, lindando con la playa de sotavento en Jandia, ya que estaban clasificados como suelo urbanizable no programado, encontrándose los terrenos dentro de un espacio natural protegido, como es el Parque Natural de Jandía. Los terrenos figuran a nombre de la sociedad Montaña Rayada S.L., constituida en el Registro Mercantil de Lanzarote con un capital social entre 3.000€ y 60.000€, la sede social está situada en el Hotel Natura Palace de Playa Blanca en Lanzarote, y se dedica a la construcción, reparación, conservación de edificaciones.

El procedimiento administrativo para su descalificación comenzó siendo presidente del Gobierno de Canarias el socialista Jerónimo Saavedra, en el Cabildo de Fuerteventura estaba de Presidente Gerardo Mesa, y el Ayuntamiento de Pájara lo gobernaba el ex-todopoderoso concejal de urbanismo Carlos González Cuevas, ambos de Asamblea Majorera.

El clasificar urbanísticamente eriales improductivos comprados a bajo precio, era una de las típicas operaciones urbanísticas que le gustaba a Carlos González Cuevas. El procedimiento seguido era el de calificar mediante una modificación puntual del Plan General de Pájara un suelo rústico para convertirlo en urbanizable no programado. De un plumazo. Claro, previo pago, supuestamente del famoso 5% exigible para todo tipo de operaciones urbanísticas que se llevaban a cabo en el sur de la isla por esas fechas y que, acabaron con los huesos en prisión del exalcalde de A.M., Dalmacio Méndez.

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Ante esa desclasificación, los pícaros propietarios sin haberse gastado un duro en el terreno más que el pagado para su compra, recurren dicha resolución por la vía judicial, ante la imposibilidad de mantenerlos como suelo urbanizable, fallando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a través de un auto de 28/11/06 que estableció el derecho de los propietarios recurrentes a ser indemnizados por la diferencia del valor suelo, al pasar de urbanizable no programado, a rústico (ahora de protección natural) que evaluó en 29.352.289 € más el interés legal del dinero desde la fecha de notificación, en total 33.108.577€.

El auto es firme desde el 14/09/09 al no admitirse el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias.

Lamentablemente un suelo que no ha sido desarrollado, donde sólo se ha añadido una calificación urbanística en el Plan General de Pájara, donde los promotores no se han gastado un céntimo, ni siquiera en la redacción de un Plan Parcial, genera unos beneficios multimillonarios a los afortunados propietarios que supieron pleitear contra una administración incapaz de defender los intereses públicos y que quizás hayan sido cómplices a la hora de no llevar a cabo una potente defensa jurídica.

No podemos olvidarnos de que no existe corrupto sin que haya un corruptor. Seguiremos investigando...

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Entrevista a Alejandro Nieto: Pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España

Rescatamos para nuestros queridos lectores una entrevista publicada en La Nueva España, el 27 de enero de 2007 a Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo, ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nuestro profesor.

-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?

-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.

-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?

-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.

-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.

-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.

-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?

-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.

-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?

-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.

-¿A qué se refiere?

-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.

-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.

-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.

-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?

-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.

-¿Qué solución ve?

-No doy ninguna receta.

-¿Ocurre en otros países europeos?

-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.

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Los comisarios políticos de Educación

Decir a estas alturas que la educación en Canarias, y en Fuerteventura en particular, ande revuelta resulta una obviedad, si tenemos en cuenta la cadena de despropósitos que se vienen produciendo a lo largo de los años, sin que se atisbe una mínima esperanza de solucionar los graves problemas del sector. A la falta de infraestructuras educativas como consecuencia del aumento poblacional, aún por resolver, se ha sumado éste curso la supresión de ciclos formativos en determinados institutos de la isla, así como la supresión de materias optativas en el bachiller, sólo por criterios economicistas.

A todo ello hay que sumarle el descarado desprecio de los responsables políticos de la consejería del ramo para con los profesionales de la enseñanza, continuamente enfrentados con el colectivo, cuando debería ser todo lo contrario. A nadie se le ocurre llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, del tipo que sea, sin contar con las partes interesadas, es decir con el colectivo de docentes.

En toda esta cadena de despropósitos, intervienen una serie de elementos que son los verdaderos culpables. Por una parte, los directores de los centros educativos que actúan como si fueran auténticos dueños y señores de los centros escolares, donde según las nuevas atribuciones concedidas recientemente por el Gobierno de Canarias, tienen manos libres para actuar contra el profesorado, lo que les convierte en unos verdugos contra aquellos que osen llevarles la contraria, bien en los claustros o a nivel sindical, pasándoles factura luego a la hora de quitar o dar horas complementarias a su antojo, solo por simpatía personal, llegando al límite de existir centros escolares en la isla donde hay profesores que tienen 6 horas lectivas semanales y el resto complementarias. O que, en un profesor se acumule más de un cargo para que así tenga mayor reducción horaria. Claro está, y no hay que ser docente para entenderlo, todo lo que se le reduzca a un profesor se le incrementará a otro.

Por último, los más irresponsables que son los Inspectores de Educación que actúan como auténticos comisarios políticos de C.C. que para eso les han regalado la oposición. En la isla tenemos un claro ejemplo, de los tres inspectores que existen para los distintos niveles educativos, uno es exconsejero del cabildo por C.C., otro excandidato al Ayuntamiento de Puerto del Rosario también por C.C. y el otro un auténtico pelota de los distintos responsables que han pasado por la consejería.

Estos inspectores-comisarios políticos, tienen el descaro de no contestar a las numerosas denuncias que presentan los profesores, cuando estos se atreven a formularlas, sobre las irregularidades que detectan en sus centros respectivos. Si actuaran como auténticos profesionales tendrían que velar por hacer cumplir la legalidad y no por darle siempre la razón a los directores de los centros. Estos señores son incapaces de plantarle cara a la consejería para manifestar con todo genero de detalles y argumentos sociales, sobre cuales son las verdaderas necesidades educativas de la isla y la precariedad de los centros escolares, así como la falta de dotaciones de materiales para los centros.

En definitiva, los profesores nos encontramos desamparados; con unos sindicatos incapaces de movilizar a un colectivo social que es creador de opinión. Una oposición política enfrascada en sus luchas internas por mantener el puesto, a base de pasar de puntilla sobre los problemas de la sociedad, justificándose de vez en cuando con la presentación de una interpelación al gobierno con el único fin de salir en los medios.

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No a la privatización del turno de oficio

"Nosotros creemos en la defensa como derecho constitucional, independiente, libre y digna. Un trabajo mal retribuido es un trabajo indigno y por ahí la abogacía canaria no va a pasar".

Los abogados de la provincia tinerfeña también temen que el Turno de Oficio acabe privatizándose. Muchos letrados tienen miedo a ser sancionados. Por su parte, el Turno de Oficio de Las Palmas anuncia un ''colapso judicial'' Se teme que el Gobierno de Canarias busque privatizar el Turno de Oficio con la nueva regulación de este servicio, que reduce los honorarios de los letrados entre un 20 y un 30%, mientras que otras asistencias dejan de cobrarse. Por este motivo han sido llamados a secundar una huelga encubierta los días 28 de octubre y 24 de noviembre.

La huelga anunciada por los letrados podría producir "un colapso general de la justicia, los juzgados de guardia se colapsarían, al igual que las comisarías, se pararían todos los procedimientos existentes en todas las jurisdicciones e implicaría otra vez un retroceso más en la celeridad de la justicia", argumentó Javier Monzón, Vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas.

A este respecto, pidió perdón a la ciudadanía canaria. "Entendemos que nuestra dignidad es su dignidad. Un trabajo mal retribuido es un trabajo indigno y si alguien es dirigido legalmente por un indigno también se va a sentir indigno. Vamos a empezar a hablar otra vez de justicia de primera y de segunda, de gente que tiene medios y de gente que no tiene", afirmó.

La convocatoria de Asamblea del Turno de Oficio, fue ayer día 22 de octubre, a las 19,30 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe de la situación actual de la negociación con la Administración.
2. Valoración continuación o no de la Huelga.
3. Nombramiento del portavoz que represente los intereses de la Asamblea del Turno de Oficio, en las futuras negociaciones con la Consejería.

POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO

En la foto: José Miguel Ruano León, el consejero responsable

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