La candidata al Senado de Coalición Canaria ve recompensado el abandono del puerto autonómico con mayor tráfico de pasajeros, el de Corralejo, con un puesto en el consejo de administración de Puertos Canarios durante cuatro años.
Los vocales se designan del siguiente modo: trece por el Gobierno de Canarias (CC-PSOE), once por la Consejera de Obras Públicas (PSOE) y cuatro por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito portuario. Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración tienen una duración de cuatro años, salvo cese o renuncia.
Desconocemos los conocimientos náuticos de la señora Morales, pero en lo que a su gestión municipal con respecto al citado puerto se refiere, podemos afirmar sin ningún género de dudas que no tiene ni pajolera idea.
Durante su etapa de alcaldesa no se preocupó de que las embarcaciones se tengan que abastecer con petacas con el consiguiente riesgo para su transporte y vertido al mar. El puerto también carece de una marina seca donde poder limpiar y reparar las embarcaciones en condiciones dignas, sin necesidad de verter al mar las aguas sucias, al carecer de una red de alcantarillado interior. Debido a esa serie de carencias y al abandono, los robos son continuos por falta de alumbrado en condiciones en los pantalanes.
Resulta curioso que para colocarla en dicho consejo de administración, dado que no tiene ningún cargo más allá del noble y no remunerado oficio de concejala, aluden a su adscripción en la Federación Canaria de Municipios. Desde luego, la casta política tiene mil recovecos para colocarse unos a otros.
El megaproyecto de ampliación
Sin plantearse un término medio de crecimiento, el Plan de Infraestructura del Gobierno de Canarias prevé la construcción de un nuevo puerto por el lado norte del muelle actual que albergaría 665 nuevos puestos de atraque para yates y otras embarcaciones deportivas. Esto supone multiplicar por más de siete los actuales cien puestos de amarre para este tipo de embarcaciones. Todo este megaproyecto se realizaría con cargo al erario público con un presupuesto de 34 millones de euros.
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Mario Cabrera aprobó el pasado 26 de junio, siendo presidente en funciones –las elecciones fueron en mayo– del CAAF, las bases para la convocatoria de un puesto de interventor y de tesorero, ambos de categoría de funcionario interino en el CAAF.
Los requisitos para dicha plaza son, como es lógico, la de un titulado universitario en la especialidad económica. ¡No pasa nada! Se cambian las bases de dicha convocatoria para que pueda encajar en dicho puesto: Donde figuraban como requisitos las titulaciones de la rama económica, «cuela» a posteriori como requisito la de Licenciado en Derecho, una carrera cuya formación no incluye las especialidades desarrolladas por un tesorero o interventor (presupuestos, contabilidad, economía). Se preguntarán ustedes el porqué de dicha maniobra tan descarada:
¿Qué interés tiene el régimen en permitir que una persona con una formación incompetente para dicho puesto pueda optar a ganar la plaza de interino en el CAAF? Esperen unos días y lo verán.
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