El Boletin Oficial de Canarias del día 24/12/09 publicó el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas por el que se pretende garantizar la participación pública de cualquier interesado en el proceso de planificación hidrológica de la isla durante 6 meses, teniendo en cuenta lo establecido que la Directiva Marco de Aguas (DMA, en adelante) exige en su artículo 14 que la participación del público sea parte fundamental del proceso de planificación hidrológica.
Hemos de tener en cuenta que el Plan Hidrológico Insular fue aprobado por el Cabildo el 23/07/98 y hasta la fecha, no han sido capaces en el Consejo Insular de realizar un inventario real de las captaciones de los recursos naturales subterráneos y el control de las captaciones abandonadas y no selladas.
El objeto de ese documento es la elaboración de una propuesta inicial del Proyecto de Participación Pública que debe regir la participación en el proceso de planificación hidrológica asociado a la Revisión del Plan Hidrológico Insular, en su adaptación a la DMA.
En la elaboración del documento se tienen en cuenta además los requerimientos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La definición de los términos y conceptos empleados en este documento coincide con la contenida en el artículo 2 de dicha Ley.
Diagrama general del proceso de Planificación Hidrológica.
La Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre del 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el marco de la política de aguas, en adelante, DMA), es probablemente la más ambiciosa y compleja de todas las normas europeas relacionadas con el medio ambiente. Integra en la misma norma tanto las aguas continentales superficiales y subterráneas como las costeras y de transición, y los objetivos a cumplir se basan en la consecución de un buen estado de las masas de agua y de los ecosistemas que a ellas estén asociados. Promueve además el uso sostenible del agua mediante la integración de la recuperación de los costes del agua (ambientales incluidos) en la gestión del recurso.
Sin lugar a dudas un proyecto interesante, si tenemos en cuenta el mínimo aprovechavemiento que se hace de las aguas depuradas y las escasas actuaciones que hasta ahora ha venido desarrollando el Consejo Insular pues los datos de que disponen en cuanto a captaciones subterraneas, provenien de los estudios realizados durante la época de la presencia de la Legión en la isla.
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Los representantes de la Unión Europea y Marruecos firmaron el viernes día 18/12/09 el acta del nuevo acuerdo que liberalizará más el comercio agrícola y pesquero entre ambas partes y aumentará el cupo de tomates que pueden entrar al mercado europeo con arancel reducido. La UE y Marruecos han plasmado por escrito el pacto verbal al que llegaron a final de noviembre, con el que concluyen las negociaciones iniciadas hace cuatro años para renovar el protocolo agrícola del acuerdo de Asociación. ¡Qué casualidad! Después de llegar a un acuerdo comercial con la UE, Aminetu Haidar es autorizada por el gobierno de Marruecos a viajar a su casa en el Aaiun desde Lanrarote, sin que hasta la firma de dicho acuerdo le haya importado nada su salud.
No debemos de olvidar la competencia que nos hace nuestro país vecino en materia agrícola, a costa y como consecuencia de los sueldos que cobran los trabajadores del campo marroquí, hasta 15 veces menos que los jornaleros del campo en el Estado español. Según datos de la embajada española en Rabat, el salario de los jornaleros agrícolas en Marruecos es de 4,89 euros diarios, mientras que en el Estado Español los jornales alcanzan hasta los 80 euros diarios. Los sindicatos agrarios consideran la firma del acuerdo similar a una externalización de la producción del campo.
Entre las concesiones europeas a Marruecos destaca el aumento del acceso de las frutas y hortalizas, sobre todo el tomate del país magrebí, lo que más ha preocupado a los productores españoles durante el proceso de negociación. Según el acuerdo, se incrementarán las cuotas de importación de tomate marroquí que entra a los países comunitarios con un trato especial, entre octubre y mayo, (justo en la temporada de invierno en la que Fuerteventura más produce tomate), y que ahora está en 233.000 toneladas anuales. Con la entrada en vigor del acuerdo, tales contingentes partirán de un tope de 254.000 toneladas hasta situarse en un máximo de 285.000 en el 2014.
Los precios de entrada para el tomate marroquí enviado a la UE se mantendrán como en la actualidad. En las cesiones hortofrutícolas de la UE a Rabat, la Comisión Europea ha asegurado que "se ha tenido en cuenta el grado de sensibilidad de cada producto" y se han mantenido los calendarios de los considerados más controvertidos: los tomates, las fresas, los calabacines, los pepinos, el ajo y las clementinas. La CE ha manifestado que el nuevo acuerdo "reforzará la posición de los exportadores europeos en Marruecos, especialmente en el sector de los productos agrícolas transformados", pues en diez años se liberalizarán todos los intercambios de este tipo de alimentos, salvo en el caso de las pastas.
En general, Marruecos se ha comprometido a liberalizar de inmediato el 45% de las importaciones agrarias procedentes de la UE y tras un periodo transitorio, el valor del comercio totalmente liberalizado pasará al 61% en cinco años y al 70% en diez. Por su parte, la UE abrirá por completo su mercado de inmediato al 55% de los envíos marroquíes; la mejora en las cesiones hortofrutícolas supone un 80% de las importaciones del país magrebí a los Veintisiete, según el comunicado. Esto quiere decir que Francia y Alemania serán los grandes beneficiados de la negociación y España con Canarias a la cabeza como plataforma de apoyo al Frente Polisario, la gran perdedora por permitir la huelga en Lanzarote de Haidar.
Las organizaciones agrarias han calificado de negativa la firma del acta del nuevo acuerdo agrícola alcanzado entre la Comisión Europea y Marruecos y han asegurado que Rabat ha "incumplido" los cupos de entrada, el pago de aranceles y los precios mínimos que fijaba el pacto actualmente vigente.
Las pocas plantaciones de tomates que aún quedan en el sur de nuestra isla como medida complementaria al monocultivo del turismo van a ir al traste como consecuencia de una política nefasta del gobierno socialista en el conflicto con Marruecos, donde negocian la política económica de una región española como si se tratara de un mercado en el zoco de Marrakech, importándoles muy poco el futuro de las escasas familias que aún subsisten de la agricultura en la maltrecha economía isleña.
Sería de esperar que Juan Fernando López (o cualquier otro diputado europeo) después de su sesión de pilates en el náutico, aclare el acuerdo que afectará negativamente a su tierra y prepare alguna pregunta en la comisión de agricultura, ya que hasta la fecha solo ha presentado dos preguntas en un mismo día en lo que llevamos de legislatura europea, según información del Parlamento Europeo.
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El Gobierno de Canarias defendió hoy la "necesidad de construir más viviendas sociales", pese a que hay en torno a 18.000 casas vacías en las islas, ya que en el futuro, cuando se salga de la crisis, "la demanda seguirá creciendo".
La transformación de las viviendas vacías del mercado libre en viviendas de protección oficial, bien sea a través del alquiler o de la venta, forma parte de la política coyuntural del Plan de Vivienda que se está aplicando, dijo en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Inés Rojas. Pero la aprobación de los planes generales municipales que permitan la construcción de nuevas viviendas sociales es una medida estructural para garantizar que en el futuro la oferta cubra la demanda, añadió.
Puntualizó que además es preciso mantener "vivo" al sector de la construcción en estos momentos de crisis.
Los constructores, en épocas de bonanza, no estaban interesados en las viviendas sociales porque el mercado libre era más lucrativo, declaró Rojas, pero ahora las viviendas de protección oficial "son la esperanza" del sector.
La consejera respaldó la reclamación de la patronal de los constructores de Tenerife para que los ayuntamientos aprueben rápidamente sus planes generales de ordenación y definir así los suelos aptos para la edificación de las viviendas sociales.
Advirtió de que en el caso de que los ayuntamientos no agilicen la tramitación de sus planes generales, el Gobierno está facultado por la Ley de Medidas Urgentes para aplicar un plan supletorio que garantice las infraestructuras sanitarias, educativas y las viviendas sociales.
Rojas hizo estas declaraciones tras firmar un convenio con Antonio Plasencia, presidente de la patronal de los constructores de Tenerife (Fepeco), para ubicar una oficina de información sobre el Plan de Vivienda de Canarias en la sede de la organización empresarial.
La consejera también señaló que se está elaborando un registro de demandantes de viviendas sociales para conocer con precisión las necesidades existentes y adecuar la oferta. No obstante, enfatizó que el Plan de Vivienda también incorpora "medidas coyunturales" para utilizar las viviendas vacías del mercado libre como viviendas sociales, bien a través del alquiler o de la venta.
El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo que hay exceso de viviendas en el mercado libre, bien vacías o sin terminar, pero no las hay "para los que más las necesitan". Reclamó a los ayuntamientos que aprueben sus planes generales, porque sin plan general "no se pueden construir las miles de viviendas necesarias" y desarrollar así el "maravilloso" Plan de Viviendas de Canarias. Según Plasencia, dado que construir viviendas lleva tiempo, es ahora cuando hay que proyectar las que se van a necesitar dentro de tres o cuatro años.
El futuro registro de demandantes de vivienda permitirá a los promotores disponer de una guía para saber la demanda real en cada municipio, señaló.
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En nuestra opinión, hoy, más que nunca, se precisan Presupuestos y acciones políticas que nos acerquen a los parámetros educativos europeos. No se puede realizar campañas sobre la calidad educativa y cuestionarla luego con prácticas que la hacen imposible. No se pueden continuar priorizando aspectos que sólo interesan al Gobierno de Canarias y a los partidos que le apoyan, como la implantación de la policía canaria, mientras no se hace lo mismo con lo que no es un gasto, no es un lujo ni un capricho, sino una gran inversión: la educación de nuestra gente.
Justamente en momentos de crisis resulta inadecuado realizar recortes en materia educativa. Por muchas razones. Porque la actual situación hace que muchos chicos y chicas, así como personas adultas, permanezcan o vuelvan a las aulas. Porque la Educación, y especialmente la tarea de elevación de los actuales niveles de formación, sobre todo en campos como la FP, es la mejor garantía para salir en mejores condiciones de la actual crisis económica. Porque, de lo contrario, nuestros jóvenes seguirán teniendo graves problemas para conseguir empleo. La cifra de un 45% de jóvenes de 18 a 25 en paro en las Islas es espeluznante. Como lo es que el 90% de los parados no tengan cualificación profesional alguna. Por todo ello, no se entiende, no tiene sentido, recortar en Educación.
PT y orientadores: Los recortes en Educación no son un futurible, no son algo que notaremos a partir de enero. Desde comienzos de este curso ya se vienen sufriendo de forma notable. Y afectan, de manera especial, a los sectores más desprotegidos. Así ocurre en el caso de los orientadores de centros y de los profesionales de Pedagogía Terapéutica, que se han reducido de forma notable en este nuevo curso. En muchos centros escolares que mantienen el número de niños o niñas a atender por estos profesionales, o incluso los han elevado, los tiempos de los PTs se han recortado a la mitad, repartiendo su actividad entre dos colegios, desatendiendo gravemente a estos pequeños y dificultando sus posibilidades de integración. Ese no es, no puede ser el camino si queremos avanzar en calidad y en atención a la diversidad,
‘Otra Educación Pública es Posible’ señala, además, que las plantillas docentes han sufrido un ajuste duro en este curso 2009-2010. Y ello ha elevado significativamente las ratios en colegios e institutos. Con clases más masificadas es mucho más difícil atender la diversidad de los chicos y las chicas que están en el aula, dar respuesta a las especificidades y ritmos de aprendizaje de cada uno; lo que no hará sino incrementar el fracaso.
Otro tanto sucede con las sustituciones. Si ya eran un tema dramático, con quejas continuas de las AMPAs por situaciones impresentables, en que los niños pasaban semanas y semanas sin que recibieran determinadas asignaturas, la reducción presupuestaria empeorará aún las cosas. Efectos que ya se viven en los centros. Por supuesto que hay que controlar las bajas y poner en su sitio a los que dilapidan recursos públicos y dañan la imagen del colectivo docente. Esto es una obligación de la Administración. Pero no se trata de criminalizar al conjunto del colectivo. Hay que solucionar de raíz el problema, agilizando el sistema y evitando bajas prolongadas sin cubrir que perjudican la formación de los alumnos y alumnas.
Foto: La Provincia. Paulino vuelve al cole.
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Una proposición de Ley apoyada por los partidos que conforman el actual Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) que pretende descatalogar o desproteger el 50% de las especies y subespecies de fauna y flora de Canarias ha desatado la polémica en las islas. Los ecologistas y la comunidad científica ven tras el nuevo Catálogo de Especies Protegidas intereses urbanísticos y de infraestructuras.
El registro elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 de una forma que los expertos califican de "irracional y perversa", puesto que sólo velará por la planta o el animal que esté dentro de un espacio protegido, pero si pisa, crece, nada o vuela fuera de estos lugares, estará desamparado. Los atentados contra las especies descatalogadas no serían considerados delitos ecológicos, sino infracciones administrativas.
"Se trata de un delito, un atentado a la biodiversidad y los recursos naturales", afirma Alberto Brito, Catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna (ULL). Brito considera que esta propuesta de ley no soporta un análisis riguroso desde el punto de vista científico ni jurídico. La bióloga Cristina González, responsable de SEO/BirdLife en Canarias, llama la atención sobre ese extremo. "No sólo no tiene apoyo científico, sino que vulnera la ley estatal de patrimonio". La norma establece que las especies incluidas en los catálogos regionales deben tener al menos la misma protección que tienen asignada en el catálogo estatal, nunca inferior.
Símbolo de Fuerteventura
La propuesta de ley rebaja la protección de más de cien especies (taxones). Por ejemplo, la avutarda hubara, símbolo de la naturaleza de Fuerteventura, que en el catálogo nacional figura como "en peligro de extinción", en el nuevo catálogo de Canarias aparece simplemente como "vulnerable", igual ocurre con la tarabilla canaria y otras muchas especies.
El nuevo registro responde a intereses urbanísticos y de infraestructuras
El profesor Juan José Bacallado, ex director del Museo de Ciencias Naturales, y el catedrático de zoología Pedro Oromí Masoliver afirman sin rodeos que el nuevo registro responde a intereses urbanísticos y de infraestructuras.
"Coalición Canaria quiere quitarse de en medio un montón de especies protegidas que entorpecen proyectos de 'supuesto interés social', y ya sabemos con qué facilidad se declara en Canarias cualquier obra como de interés general". "Se rebaja descaradamente la categoría de especies 'molestas', como es el caso del saltamontes Acrostira euphorbiae, especie muy amenazada que vive en una zona de La Palma, donde se pretende construir un campo de golf", añaden. "Otra especie que se verá afectada son los sebadales, plantas marinas hoy protegidas, cuya preservación ha motivado que la justicia haya paralizado la construcción del puerto de Granadilla. Con el nuevo catálogo las sebas ya no serían un problema para este puerto", afirma Brito.
"Coalición Canaria quiere quitarse de en medio un montón de especies protegidas que entorpecen proyectos de 'supuesto interés social', y ya sabemos con qué facilidad se declara en Canarias cualquier obra como de interés general". "Se rebaja descaradamente la categoría de especies 'molestas', como es el caso del saltamontes Acrostira euphorbiae, especie muy amenazada que vive en una zona de La Palma, donde se pretende construir un campo de golf", añaden. "Otra especie que se verá afectada son los sebadales, plantas marinas hoy protegidas, cuya preservación ha motivado que la justicia haya paralizado la construcción del puerto de Granadilla. Con el nuevo catálogo las sebas ya no serían un problema para este puerto", afirma Brito.
El catedrático Emérito de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret, manifiesta su preocupación por la forma críptica en la que se ha elaborado esta normativa y asegura que da la espalda a la comunidad científica y a la participación democrática.
Desde Coalición Canaria defienden a capa y espada esta proposición de ley. Su portavoz en el Parlamento autonómico, José Miguel González, sostiene que "la avalan diversas publicaciones del servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en 2004 y 2006, en las que ha participado la universidad". Según González, una sentencia del Tribunal Constitucional eliminó la figura de especies sensibles a la alteración del hábitat, "por lo que hemos querido crear una nueva clasificación denominada especies de interés para los ecosistemas canarios para garantizar la protección".
Se rebaja descaradamente la protección de un saltamontes que vive donde se pretende construir un campo de golf. Y de los 'sebadales' para la construcción del puerto de Granadilla
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que Canarias es la única autonomía que se ha apresurado a establecer un catálogo autonómico sin esperar a que un comité científico nacional finalice el nuevo estatal. Al parecer, dicen, quieren saltarse una disposición de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, según la cual las categorías de especies sensibles a la alteración del hábitat y de interés especial se mantienen vigentes hasta que no aparezca el listado estatal.
Juan Garay, director general de medio natural y política forestal del ministerio, asegura que "ninguna comunidad puede rebajar una categoría de protección recogida en el listado que contiene el catálogo estatal; la única forma viable de hacerlo es que mediante estudios científicos se entienda que una especie ya no está dentro de los baremos de protección que en su día hicieron que entrara en ese Catálogo Nacional. Estos informes deberían además pasar por la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Cualquier iniciativa autonómica que no siga estos cauces será recurrida en los tribunales por la Administración del Estado".
Sofía Menéndez para ELPAIS.com
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Por Juan Carlos del Olmo.
A una semana de que dé comienzo la Cumbre del Clima en Copenhague, y gracias a la presión de la sociedad civil en todo el mundo, comienzan a sucederse los anuncios y movimientos de distintos países sobre sus posiciones y su asistencia a la cita.
A una semana de que dé comienzo la Cumbre del Clima en Copenhague, y gracias a la presión de la sociedad civil en todo el mundo, comienzan a sucederse los anuncios y movimientos de distintos países sobre sus posiciones y su asistencia a la cita. Los gobiernos se miran de reojo antes de mostrar sus apuestas y miden cuidadosamente los tiempos y la forma en que las presentan, para no quedarse atrás o provocar la reacción del otro. Obama acudirá, aunque ofreciendo una cifra de reducción de emisiones muy lejos de las expectativas de otros países; el presidente de Brasil critica abiertamente la falta de ambición de Estados Unidos; China e India anuncian su disposición a aceptar compromisos de reducción; Francia, y en concreto su presidente, Sarkozy, propone que los líderes estén presentes tanto al principio como al final de la Cumbre, que se desarrollará del 7 al 18 de diciembre. Al comienzo, para marcar el tono de las negociaciones; al acabar, para dar credibilidad a los compromisos. Algo que también desde WWF consideramos vital.
Mientras tanto, el presidente Zapatero, que durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 deberá desempeñar un papel esencial para la puesta en marcha de los compromisos que finalmente sean adoptados, está ausente del debate previo. De hecho, ni siquiera acudió a la última e importante reunión preparatoria de la ONU en noviembre en Barcelona con el fin de hacer un llamamiento a la acción a otros líderes mundiales. Hasta ahora, no ha querido escuchar las demandas de las 30 organizaciones ecologistas, de cooperación al desarrollo, sindicales, de ciencia e investigación, de consumidores y otras que componen la plataforma Coalición Clima. Un movimiento que desde hace cinco meses ha intentado mantener una reunión con él para explicar sus propuestas con el objetivo de conseguir un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en Copenhague. A pesar de que se le espera en Copenhague, no se sabe en qué momentos de la Cumbre estará presente. Y tampoco vemos estos últimos días antes de la Cumbre ningún liderazgo público ni llamamiento por su parte para contribuir a que otros primeros ministros rezagados también acudan, como sí han hecho Lula, Sarkozy, Merkel o Brown.
Estos días la noticia es la Ley de Economía Sostenible que, aunque sí parece recoger algunos avances y medidas interesantes, se queda muy corta a la hora de proponer de verdad un cambio de modelo que reduzca el consumo y suponga un giro definitivo hacia la sostenibilidad. La poca ambición de la Ley en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de gases contaminantes es una buena muestra. Si a esto sumamos la ausencia de liderazgo del presidente español en esta recta final hacia la Cumbre de Copenhague, un evento que marcará este siglo, el repetido compromiso de Zapatero en la lucha contra el cambio climático queda en entredicho cuando se trata de pasar de la retórica a la acción.
La Sirenita de Copenhague, testigo de cómo la inacción eleva cada día un poquito más el nivel del mar, aún no tiene noticias de Zapatero.
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