El último informe presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas (IPCC) sobre los efectos del cambio climático y el calentamiento global del Planeta dibuja un panorama desolador. Lejos han quedado los tiempos en que estas mismas previsiones, eran tachadas de catastrofistas o infundadas.

El citado informe, basado en evidencias empíricas contrastadas, describe las consecuencias que ya estamos sufriendo y los impactos del calentamiento del planeta en un futuro próximo. Escasez de agua potable y disminución del potencial hidroeléctrico, sequías, reducción drástica de la productividad de las cosechas, hambrunas, millones de refugiados medioambientales, crecientes problemas de salud y reaparición de enfermedades casi superadas, extinción de hasta un 30% de especies animales…

El estudio de los especialistas de la ONU especifica también cuáles serán las regiones más afectadas por el cambio climático. Entre ellas, se encuentra el África subsahariana y, en general, las islas pequeñas, como las que conforman el archipiélago canario.

Por otro lado, y tal como acaban de advertir los expertos de la ONU, el aumento creciente de las temperaturas y el incremento de las olas de calor también dañará irremediablemente nuestra principal fuente de ingresos: el turismo.

Aumento de las temperaturas, desertificación, pérdida de biodiversidad, fuerte erosión de las islas… El panorama no resulta demasiado alentador. Y nada tiene que ver, desde luego, con el “paraíso de eterna primavera” que han vendido los promotores turísticos y que ha convertido a nuestras islas en lugar de descanso para ingleses, españoles o alemanes.

¿Qué sucederá en un futuro cercano – las primeras previsiones del IPCC se refieren al año 2020 – si las islas Canarias dejan de ser un destino atractivo para estos millones de turistas? La absoluta dependencia de este sector económico y nuestra incapacidad para autoabastecernos de los productos de primera necesidad – incluida la energía – permiten hablar con propiedad de un riesgo innegable de colapso económico y social.

El corrupto sistema político del Archipiélago, destinado a garantizar el aumento de los beneficios de una depredadora clase empresarial, que ya ha comenzado a desviar sus inversiones hacía zonas más rentables y aún por explotar, contribuye a empeorar este incierto panorama.

En el Estado español, entre 1990 y 2003, el incremento de emisiones de CO2 fue de casi un 40%. En Canarias, rondó el 76,6%. Todo un récord ultraperiférico, al parecer insuficiente para el gobierno autónomo de C.C., que en mayo de 2004 solicitó a Madrid un tratamiento especial para seguir superando el porcentaje de emisiones de gases recomendado para el Archipiélago.

Soy un estudiante de la ULPGC que tuvo la oportunidad de asistir a la sesión plenaria donde se discutió el "caso Amorós". Unos 80 estudiantes de 2º y 3º de Derecho de mi universidad asistimos el jueves 29 a la sesión matutina del pleno del Parlamento de Canarias. Entramos en grupos reducidos, dadas las limitaciones de espacio, y la mayoría nos quedamos unos veinte o veinticinco minutos para escuchar el desarrollo del pleno.

En general, la mayoría de mis compañeros salimos impresionados por lo que vimos, ya que esperabamos más atención por parte de los diputados a los oradores, mayor rigor en el comportamiento, más seriedad. La imagen que tenía de nuestros (cada vez más vergonzosos) representantes en el Parlamento anterior al pleno se distancia mucho de la actual, tras contemplar los insultos, las agresiones, el "pasotismo" de los parlamentarios, que entraban y salían con el móvil...

Todo esto me recordó a unas declaraciones de Juan Fernando López Aguilar en las que afirmaba que la política canaria era de "tercer nivel". Soy consciente de que Juan Fernando es un buen político, pero su llegada a Canarias le ha forzado a abandonar sus discursos en el Club Siglo XXI para pasarse a conferenciante en Feaga, con timple en mano (algo, por cierto, que no le pega nada) para no salirse del guión.

Hay que remarcar que es muy fácil criticar a la política canaria, lo realmente difícil es cambiarla.

Pienso también que los ciudadanos deberían ir a los plenos para ver en directo cómo se toman las decisiones que afectan a todos, sin el filtro de determinados medios de comunicación, que no cuentan bien lo que sucede o en la mayoría de las veces cortan por distintos intereses parte de las intervenciones parlamentarias. Siempre he sido crítico en cuanto a la formación que debe tener un representante político, que puede influir en decisiones que van a ser determinantes para la vida del Archipiélago.

La democracia representativa parece estar realmente en crisis con semejantes parlamentarios.

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Como todo el mundo sabe, “la primavera la sangre altera”... y los romances políticos se acercan. El más descarado, a la par que repentino enamoramiento, con la consecuente amnesia selectiva de lo que sucedía con su anterior parejita (PSOE) ha afectado gravemente a CC, de nuevo. Después del sonado caso Amorós ahora toca trama eólica. Las conclusiones de la citada trama, que previsiblemente serán aprobadas, no se parecen nada a la propuesta de dictamen inicial de CC.

Los nacionalistas han pasado de compartir con el Partido Socialista Canario que hubo una “trama eólica” basada en tres instituciones gobernadas directa e indirectamente por el Partido Popular – Consejería de Industria, Cabildo de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas – al revertirla en los socialistas, a través de José Francisco Henríquez. Nada ha importado que éste, como Lucendo, hayan sido exonerados por el juez.

Los insultos, incluso a nivel personal, no faltaron entre diputados como Santiago Pérez y Jorge Rodríguez, y de rondón alcanzó a la única diputada que tuvo desde el principio CC en la citada comisión, Nuria Herrera; su portavoz en materia eólica, Belén Allende, estuvo de nuevo de baja y el portavoz del grupo, José Miguel González, faltó también.

Cabe mencionar que la empresa Megaturbinas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, no aparece por ningún lado en el dictamen pactado por CC y PP. Sin embargo, para los socialistas, los dirigentes del PP, entre los cuales citan a Larry Álvarez, impidieron que Megaturbinas concurriera. El PSC sospecha que la decisión favoreció los intereses de los empresarios de Esquivel, estrechamente relacionados con el PP.

Tampoco aparece en el dictamen final el contrato que firmo el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz con la empresa participada por José Ignacio Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos. El contrato, según declaró después el Ministerio de Fomento, fue “lesivo” para los intereses públicos.

Igualmente, CC y PP no mencionan el viaje de Luis Soria a la empresa Enercon donde coincidió con los dos empresarios Esquivel.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular acusó al Partido Socialista Canario de “dejar el parlamentarismo en una situación tambaleante. Cuando no le favorecen las mayorías, denuncia que ha habido un fraude parlamentario, y confunde las conclusiones sobre una realidad fáctica con sus deseos electorales”

Esos vientos también pasaron por Fuerteventura, pero como el PP está enredado con el marqués, no ha sido capaz de explotar las acusaciones públicas realizadas a una televisión local majorera por el candidato socialista Blás Acosta, acusando a José F. Henríquez (PSOE) de haberle hecho proposiciones deshonestas para acudir al concurso eólico en Pájara. Lo que no dijo Blas es, si le pareció poco lo ofertado...

Lo dicho, que con tanto cubrirse las espaldas para tapar las corruptelas se está poniendo en escena el futuro pacto de gobierno CC-PP. Estos vientos de corrupción no mueven ningún aerogenerador, más bien deberían movilizar a la gente para terminar con esta desfachatez.

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