No teníamos pensado publicar una tercera parte del artículo, pero la pasividad de las instituciones y autoridades nos fuerza a seguir denunciando las ilegalidades de la RIU.Además de invadir la zona marítimo-terrestre construyendo unas duchas en lo que era la salida del hotel a la playa, para sus clientes claro, (forrado de piedra... para disimular), como ya denunciamos en el anterior artículo (foto izqda.)
Esta vez, se les ha ocurrido plantar, además de otros árboles, pino canario, prohibido en este Parque Natural protegido, de 1.250 hectáreas arena blanca, en el cada vez más urbanizado noreste de la isla.
No sabemos con qué otra ilegalidad nos van a sorprender, pero mejor no les damos ideas, porque mientras unos (los partidos, etc.) duermen y pasan del tema, los otros (la RIU) no paran de sacarle todo el provecho a la remodelación concedida y negociada en Madrid. Desgraciadamente, es de suponer que todo esto no estaba previsto en el proyecto. Como se puede apreciar, existe un claro e ilegal antes y después en las fotos. Riego por goteo incluído...:
ANTES
DESPUÉS
Por cierto, la señal de prohibido el paso colocada en la vía pública de acceso no la obedece nadie... No es para menos.
Relacionado con: Negociaciones, chanchullos y la Ley de Costas
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El Ministerio del Interior ha elaborado su primer protocolo de actuación para las repatriaciones masivas de inmigrantes, que en breve entrará en vigor. En ese documento, de 23 páginas, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil autoriza un amplio abanico de medidas de fuerza contra los irregulares que se opongan a su deportación y prevé la inmovilización de los clandestinos siempre que no se pongan en riesgo las «funciones vitales» del repatriado.El borrador, con fecha del pasado 20 de julio y que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas, unifica, según portavoces de Interior, las hasta ahora dispersas normas de actuación durante los viajes de deportación e incluye las últimas normativas europeas sobre las deportaciones.
La futura directiva permite que los funcionarios puedan reducir a los «repatriados que se resistan» con «lazos de seguridad» (bridas de plástico), «cascos», «prendas inmovilizadoras homologadas» (que no se especifican), «cinturones», «esposas o similares» e, incluso, «cinta reforzada», más conocida con el nombre comercial de cinta americana. La normativa deja a criterio del responsable policial del vuelo la posibilidad de mantener desorientados a los repatriados teniendo durante todo el viaje las «cortinillas cerradas» para evitar que los sin papeles intuyan adónde se dirigen.
No obstante, la nueva normativa insiste en que, en principio, los inmigrantes no deberán ser inmovilizados totalmente si no provocan incidentes y que la aplicación de las medidas coercitivas tendrá que ser «motivada» y autorizada por el agente responsable del dispositivo. La directiva prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión, tal y como ocurrió en 1996 cuando el departamento que encabezaba Jaime Mayor Oreja repatrió a Mali a inmigrantes narcotizados. No obstante, el texto deja un resquicio legal: «El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», señala el borrador, que apunta que sólo un médico del Cuerpo Nacional de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, «podrá, después de realizar un diagnóstico, administrar medicamentos a los repatriados».
El documento reitera que estos medios coercitivos para reducir a los sin papeles no pueden poner en peligro «su dignidad ni integridad física». «El uso de estos procedimientos deberá ser proporcionado y con respeto a los derechos individuales de los repatriados», apostilla la directiva. Además, en el caso de que haya menores en el contingente, cualquier acción violenta contra el pasajero rebelde deberá hacerse lejos de la vista de los niños y adolescentes.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer cierta sobrecarga en estas operaciones de repatriaciones porque «a veces se hacen tres o cuatro vuelos, cuando lo ideal sería hacer uno cada día».
Preocupación asimismo por las filtraciones a las prensa, como ya ha ocurrido, de imágenes de los operativos masivos de expulsión. El texto es taxativo: «En ningún caso estará justificado tomar fotografías mientras se está "trabajando", especialmente en las salas de las terminales aéreas, jardineras (autobuses de traslado en pista), pistas e interior de los aviones». La normativa prohíbe también a los funcionarios el uso de móviles durante estos operativos, «salvo que sea imprescindible por razones de urgencia o de servicio».
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Este partido surgido en 1993 ha dominado desde entonces la política canaria, aliándose al PP. En plena expansión del neoliberalismo en los años 90, CC creó la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con la colaboración de algún economista ex-comunista, para que los beneficios empresariales no fueran transferidos a la Hacienda estatal, bonificando el 90% del Impuesto de Sociedades.El argumento para reclamar la RIC era precisamente que existía una diferencia negativa para el Archipiélago entre lo que la Hacienda estatal recaudaba en las islas y lo que transfería como fondos públicos. La reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), desmantelado por la plena adhesión a la Unión Europea, fue presentada por los sectores progresistas de CC como una oportunidad para crear una "Hacienda Canaria" que equilibrase esta desigualdad entre recaudación y transferencia de recursos estatales. Sin embargo, la existencia de un sistema hacendístico propio en el Archipiélago era inconstitucional, dado que rompía la “unidad económica nacional de España” (…). Es decir, Canarias no podría contar con un sistema de recaudación totalmente autónomo.
Con la excusa de la lejanía y la insularidad, las patronales canarias retomaron el concepto de "Hacienda Canaria" convirtiéndola en "vacaciones fiscales". Todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron esta interpretación y silenciaron sus consecuencias. Se creaba así uno de los instrumentos económicos más escandalosos del neoliberalismo en la Unión Europea. El dinero no sería recaudado por la Comunidad Autónoma y tampoco por la Administración Central: se lo quedarían las empresas radicadas en las islas.
Obviamente, al ser recursos públicos concedidos a intereses privados, se puso la condición de que tendrían que ser invertidos en Canarias. A pesar de esto, las patronales presionaron desde el principio para que se autorizase la inversión en el exterior, en la especulación financiera, en la especulación del suelo y en negocios inmobiliarios, produciéndose una impresionante evasión fiscal amparada por la legalidad.
Paralelamente a la puesta en marcha de la RIC, el Gobierno de Coalición Canaria aumentó el porcentaje de recaudación por IRPF en las islas a la vez que incrementó los porcentajes en la imposición indirecta específica de Canarias, primero el IGIC, luego el AIEM, de manera que se está cargando sobre las rentas salariales el sostenimiento de las administraciones y servicios públicos, en un clima de recortes y restricciones presupuestarias sobre las políticas sociales y, especialmente, la Sanidad y la Educación públicas. En la actualidad, se producen las movilizaciones sociales contra el deterioro de estos servicios públicos, como los vividos en la enseñanza secundaria de Fuerteventura, en contraste con el cinismo publicitario de Coalición Canaria, cuyos portavoces van de televisión en televisión (algunas más que a otras) con el manual del "déficit cero" en la mano.
Se estima unos treinta y seis mil millones de euros (seis billones de pesetas) hasta el año 2006, la bolsa acumulada de capital que no ha sido transferido a la Hacienda estatal. Esto equivale a la suma del actual presupuesto autonómico de Educación y de Sanidad durante doce años. Ambas áreas son actualmente deficitarias y, una vez descartadas las polémicas convalidaciones presupuestarias para cubrir el "agujero", ahora se recurre a sucesivos créditos extraordinarios que lastran la expansión y la calidad de estos servicios públicos básicos. Por cierto, ¿qué se hizo del Plan contra la Pobreza anunciado en su día a los cuatro vientos por CC? Se quedó sobre el papel le cambiaron el nombre por el de "Gran Plan de Integración y Cohesión Social". El "Giro Social" de CC es una mentira repetida para disimular la práctica real de Coalición. Ya vemos lo que pasa con “lo nuestro”: Canarias nº1 en precariedad laboral juvenil.
Mientras tanto, el Foro Empresarial Canario protestaba por las inspecciones de la Hacienda estatal “que persigue a los beneficiarios a causa de la fiscalización estricta de los fondos destinados a la RIC”, "presumiéndole a éste un carácter de permanente sospecha", y exigió al Gobierno autonómico que intervenga para flexibilizar el control sobre esa masa de dinero extraído de los fondos públicos. Además piden la anulación de la vinculación de la RIC con la creación de puestos de trabajo, señuelo utilizado por CC para dar un carácter social a la Reserva.
La Reserva de Inversiones está basada en una privatización de fondos públicos con la excusa "nacionalista" de que no sean transferidos vía impuestos a la Hacienda estatal. Paradójicamente, la respuesta a la supuesta insolidaridad estatal ha sido una descarada insolidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad canaria. Peculiar resultado de este "nacionalismo”.
Contiene extracciones del artículo de Octavio Hernández
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Digno de análisis es el apoyo que los dos hoteles han recibido del ayuntamiento y el Cabildo Insular (pacto CC-PSOE) a pesar de que ninguno de los dos edificios ha pagado impuestos municipales al encontrarse fuera de la ordenación urbanística del municipio de La Oliva. Además, el Oliva Beach se ha pasado a la modalidad del todo incluido, a pesar de lo cual, ambas administraciones subrayan el gran interés económico que reportan los hoteles.
Una vez conseguimos pasar a la playa sorteando todo tipo de intentos privatizadores como ya dijimos, caminando por la arena, notamos lo suelta que estaba (nos llegaba a los tobillos). Bastante raro aquello, hasta que vimos a varios tractores aparcados, tras haber removido la arena por los alrededores del hotel. Resulta sospechoso el silencio cómplice de los responsables de Costas en la isla que son conocedores de las ilegalidades que se están cometiendo.
Dicho chalet, donado por las autoridades franquistas al periodista Tico Medina, pasará a convertirse en una talasoterapia. Todo esto suena muy bonito, aunque no del todo legal.
RIU se ha esmerado en construir día y noche, edificando toda la zona verde existente entre el hotel y dicho chalet, además de invadir con el muro de cerramiento la zona de deslinde marítimo-terrestre mucho más. La Ley de Costas, como vemos, es excusa para que la policía se le eche encima a los vecinos de El Jablito, pero para denunciar a la RIU, no sabemos dónde están.
Ante esta cadena de ilegalidades nos preguntamos: ¿cumplen las obras ejecutadas con lo redactado en el proyecto de remodelación? ¿dónde están y qué tienen que decir las fuerzas políticas (CC, PSOE, PP, Los Verdes)? ¿Estarán todos de vacaciones también?
Ante esta cadena de ilegalidades nos preguntamos: ¿cumplen las obras ejecutadas con lo redactado en el proyecto de remodelación? ¿dónde están y qué tienen que decir las fuerzas políticas (CC, PSOE, PP, Los Verdes)? ¿Estarán todos de vacaciones también?
Cuando quieran reaccionar los irresponsables políticos, las obras estarán acabadas, el hotel lleno de turistas y no se atreverán a actuar...Eso sí, tendremos un trozo más de Fuerteventura privatizado, para uso y disfrute de unos pocos.
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Un poco de historia... Cuando en 1982, las dunas de Corralejo fueron declaradas Parque Natural, los hoteles «Oliva Beach y Tres Islas» ya se encontraban asentados sobre las dunas, dificultando así el avance de uno de los sistemas de dunas móviles más impresionantes conocidos.
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| Vista aérea RIU |
Un año antes de conocerse la sentencia del Supremo, la empresa Geafond Número Uno de Lanzarote SA, entonces dueña del hotel “Oliva Beach”, solicitó a la Dirección General de Costas permiso para ocupar legalmente el dominio público marítimo-terrestre, aunque para ello recurrió a un supuesto de la Ley de Costas que no cumplía, la posesión de una sentencia que acreditara la propiedad de los terrenos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. Entre tanto, Geafond vendió el hotel a la cadena RIU Hotels.
Inexplicablemente, la Dirección General de Costas otorgó una concesión de ocupación durante un periodo de 60 años a la misma empresa que le había demandado en los tribunales porque quería permanecer en el lugar ocupando ilegalmente el dominio público. Y lo hizo tan sólo seis días antes de que se conociera la sentencia que declaraba ilegal el hotel. ¿Por qué no esperó la Dirección General de Costas a tener una sentencia? Quizá el firmante de la concesión, José Trigueros Rodrigo, ex Director General de Costas y actual viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, pueda explicarlo.
Inexplicablemente, la Dirección General de Costas otorgó una concesión de ocupación durante un periodo de 60 años a la misma empresa que le había demandado en los tribunales porque quería permanecer en el lugar ocupando ilegalmente el dominio público. Y lo hizo tan sólo seis días antes de que se conociera la sentencia que declaraba ilegal el hotel. ¿Por qué no esperó la Dirección General de Costas a tener una sentencia? Quizá el firmante de la concesión, José Trigueros Rodrigo, ex Director General de Costas y actual viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, pueda explicarlo.
La respuesta afirmativa de Costas sorprendió incluso a la Abogacía del Estado, que remitió un escrito al Ministerio de Medio Ambiente demandando explicaciones por su falta de coherencia.
Es necesario insistir en dos hechos: por un lado que no se acreditó la propiedad de los terrenos donde se ubica el hotel, sino la de otras parcelas; y, por otro lado, que la concesión otorgada a Geafond no es traspasable al nuevo dueño, RIU Hotels. Diversas asociaciones denunciaron estos hechos y solicitaron la revocación de la concesión, pero incomprensiblemente, sus denuncias no fueron contestadas por la Dirección General de Costas y nunca se anuló la concesión.
Así, la lamentable actitud que tuvo esta dirección general en 2003 se veía corroborada por el actual equipo de Narbona.
Así, la lamentable actitud que tuvo esta dirección general en 2003 se veía corroborada por el actual equipo de Narbona.
Medio Ambiente, Domingo Berriel, Mario Cabrera, Domingo Fuentes, Claudina Morales; y la propietaria Carmen Riu.
De hecho, el pasado mes de mayo se conocía el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Medio Ambiente, Domingo Berriel (Gobierno de Canarias), Domingo Fuentes (PSOE) y Mario Cabrera (CC) por parte del Cabildo, Claudina Morales (CC) por parte del Ayuntamiento de la Oliva, y, finalmente, Carmen Riu, como propietaria.
A cambio de la cesión de la Isla de Lobos, se prolonga la concesión del Tres Islas durante 30 años más y 10 años más para el Oliva Beach.
A cambio de la cesión de la Isla de Lobos, se prolonga la concesión del Tres Islas durante 30 años más y 10 años más para el Oliva Beach.
Además, se ha ofrecido a RIU tres ubicaciones para construir nuevos hoteles en la isla de Fuerteventura y le concede a la citada cadena hotelera licencia para remodelar el hotel Tres Islas, hecho que en la actualidad se está llevando a cabo, incumpliendo rotundamente la Ley de Costas. Sin duda un buen acuerdo para RIU, pero no para el Parque Natural de las Dunas de Corralejo ni para la Ley de Costas.
La legislación medioambiental impedía a RIU Hotels construir en la Isla de Lobos.
Resulta oportuno señalar que la Isla de Lobos está catalogada como Parque Natural, y que su Plan Rector de Uso y Gestión prohíbe tanto los usos turísticos como los residenciales, así que por tanto, RIU no podía edificar en este islote de ninguna forma.
EL ARTÍCULO CONTINÚA EN Negociaciones, chanchullos y la Ley de Costas [II], en el que mostraremos las construcciones a día de hoy y la pasividad de las autoridades...
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La empresa del Gobierno de Canarias, Visocan, «obliga» a aceptar que la urbanización no tiene suministro de agua. Aún así algunos de los 66 propietarios ya han firmado la entrega de sus viviendas de protección oficial (VPO) en Rosa Vila, en Puerto del Rosario a sabiendas de que si no firmaban estas condiciones se quedaban sin las casas.
La empresa pública Visocan, que es la responsable de la urbanización, les obliga a firmar un documento, como trámite imprescindible para la entrega, en el que Visocan se exime de cualquier responsabilidad respecto a la falta de suministro de agua. Por esta razón, varias personas, de la treintena que aún no ha firmado el contrato, se reunieron para concretar medidas y sobre todo buscar el asesoramiento legal que les permita negarse a formalizar la entrega de la vivienda en estas condiciones.
Por otra parte, reprochan tanto al Ayuntamiento capitalino como a la empresa pública del Gobierno de Canarias que, en las reuniones que han mantenido, se desentiendan ante el problema de la falta de suministro de agua, "nadie nos ha dado una respuesta cuando hemos preguntado por qué tenemos que pagar nosotros las cubas de agua".
Asimismo, las viviendas todavía no han sido recepcionadas por el consistorio, tras la finalización de las obras en febrero, debido a una serie de defectos de obra que tiene que subsanar la promotora ecocida Cororasa (ver vídeo).Después de que el Ayuntamiento proceda a la recepción de las viviendas concederá la cédula de primera habitabilidad a los propietarios. Antes de que esto ocurra los futuros residentes de Rosa Vila saben que será imposible conectar la electricidad o que el Ayuntamiento preste los servicios de recogida de basuras y correo". Casi todos los propietarios que no han formalizado la entrega de sus casas están citados a firmar el contrato con el temor de verse obligados a aceptar unas condiciones que son injustas.
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Los acuerdos suscritos por el PSOE canario en Lanzarote para cogobernar en cinco instituciones con el PIL suponen un balón de oxígeno para esta última formación, presidida ahora por Antonio Hernández, de la cual el propio hijo de Dimas es un cargo público más que se encarga de preparar manifestaciones para pedir el indulto de su padre a las puertas de la prisión. Pero el lider natural del PIL sigue siendo Dimas Martín, actualmente en Tahíche cumpliendo su quinta condena (en este caso, por delitos financieros).Ambos partidos gobernaron durante 16 años en distintas instituciones, incluso después de que en 1991 Dimas Martín comenzara su peregrinaje por los Juzgados y prisiones, condenado por diversos delitos relacionados con malas practicas urbanísticas y de gestión de las empresas públicas.
En 2003, el entonces diputado y hoy líder del PSOE en Canarias, Juan Fernando López Aguilar, dedicó a Martín todo tipo de perlas: compararon su gobierno con el "cartel de Medellín", dijo que el PIL practicaba una “política bananera”, que Lanzarote no se merece un "presidente condenado por cohecho” y que PP y Coalición Canaria (entonces socios del PIL) eran “cómplices” de ese “insulto a la ciudadanía”. El mismo que pregonaba bolsillos de cristal para los políticos... Ahora, el PSOE de Lanzarote gobernará con el partido de Martín. Amnesia selectiva.
Con respecto a las broncas entre “nacionalistas” y “populares” a raíz del Estatuto de Canarias, la diputada del PP Mercedes Roldós expuso la opinión de su partido, la misma canción en todo el Estado español exceptuando la Comunidad Valenciana (donde pactan con jefes de Formula 1): se trata dijo, de un “Estatuto excluyente y partidista”, que “tergiversa la historia de Canarias” (¡vaya!), que “suprime la referencia a la unidad de la nación” (¡¿la nación española?!) y que incluye “aspectos claramente inconstitucionales” (¿el dichoso art. 8?...). Incluso la señora Roldós, baluarte de la unidad de España, llegó a tacharlo de “nacionalsocialista” (...), refiriéndose con arriesgada ambigüedad a que había sido pactado por los nacionalistas de CC y los socialistas canarios. Eso fue en febrero. Ahora, negocian a toda prisa para limar asperezas en torno a ese Estatuto.
Sin embargo, la mayor patada en la entrepierna de los principios, aunque habrá que preguntarse si los tienen, ha sido la autorización a los majoreros por parte del Comité Regional del PSOE para formar una comisión negociadora, tendente a llegar a un acuerdo con el más democrático y honrado de los políticos de la isla (lo decimos con ironía claro está): Domingo González Arroyo, alias “El Marques” y poder así formar gobierno en La Oliva y en otras instituciones de la isla.
El asunto sigue, aunque no se hayan puesto de acuerdo en quién será primero alcalde si Rosa o El Marqués. Al final, una vez más, Domingo González se reirá de los socialistas, porque los asamblearios le darán mucho más de lo ofertado por los iluminados socialistas Luis Alba y Santiago Monserrat. Por cierto, ¿alguien ha visto a alguno de estos dos "presuntos ideólogos" en algún acto reivindicativo en defensa de los problemas colectivos que atañen al municipio de La Oliva? ¿Cómo pretenden buscar el apoyo social? ¿No será que quieren dejar de lado la tiza para dedicarse a cobrar del erario público sin tener que justificar un horario? Todos unos seguidores de la ideología de centro (centro comercial).
Salga o no salga adelante, el hecho de autorizarlo y sentarse en una mesa a negociar, es de lo más bajo y rastrero que hemos oído en mucho tiempo. Un balón de oxígeno más para el ya moribundo “marqués de las dunas”... Estaremos atentos a las últimas noticias desde las cloacas municipales.
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El beneficio que, en principio, supone para los ciudadanos y ciudadanas poder movernos más, lleva consigo costes ambientales y sociales cada vez más evidentes. El actual modelo de transporte de mercancías y personas es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medioambiente: contaminación atmosférica, contaminación acústica, accidentes...
Por otro lado, el transporte motorizado en todas sus formas, es el responsable de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con incrementos del 50 por 100 en sólo una década, entre 1990 y 2000. La propia Comisión Europea ha dado la voz de alarma y ha señalado la necesidad de establecer medidas para reducir estas emisiones, como la eficiencia energética o la disminución del transporte privado a favor del transporte público como el ferrocarril o las guaguas. Sin embargo, las medidas que ponen en práctica las Administraciones tratan de mantener las mismas políticas que han conducido a la insostenible situación actual: potenciación del vehículo privado e incremento del precio de las guaguas sin parar en un par de meses – ¡¡el tramo Puerto del Rosario-Corralejo [i/v] se ha situado en los 5.80€!! Cobran 4€ de Puerto a Gran Tarajal... ¡¡y el que quiera ir a Cotillo debe pagar 3.75€!! –, a pesar de las cuantiosas subvenciones a TIADHE por parte del Cabildo.
Dichas subvenciones llegan a la cantidad de 1.209.000 euros, cantidad que proviene de los fondos propios del Cabildo y del convenio contrato/programa firmado con los gobiernos estatal y autonómico. El pago del emolumento se hará en tres anualidades: 2005, 2006 y 2007.
El transporte urbano en nuestra isla es un claro exponente de la poca conciencia ecológica y la falta de un planteamiento económico: frente al incremento continuado de los desplazamientos en vehículos privados y a los numerosos problemas planteados por el tráfico, las únicas medidas puestas en práctica han sido la extensión de los aparcamientos públicos (zona azul) y privados.
Paralelamente, aumenta la construcción de centros comerciales en la periferia de la isla, cuya existencia es gran medida dependiente del coche particular. A pesar de ello, en los últimos años no se ha mejorado suficientemente de forma simultánea el servicio de guaguas, que permita ser una alternativa eficaz y eficiente al transporte individual.
Los costes extraordinarios del transporte majorero desvían claramente la inversión hacia el coche privado, con un coste más alto a largo plazo. Una tarifa equitativa y una buena regulación son esenciales para el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental frente a la contaminación del transporte privado y la movilidad por la isla.
TIADHE: Ño! Qué precios (más caros)
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Es claro que Canarias no es un ejemplo en lo que se refiere a la gestión de espacios protegidos. Se hicieron dos leyes de proteción bastante lúcidas y oportunas, pero nunca se ha llegado al fondo de los derechos de los propietarios de espacios protegidos ni del potencial de Uso y Gestión que pueden y deben tener esos espacios protegidos. Se protegen sobre un plano y se olvidan. La multiplicidad de competencias concurrentes y el confuso proceso de traspasos o delegaciones de competencias hacen del territorio protegido un asunto difícilmente inmarcesible.
Desde hace años las administraciones públicas son taxativas en la prohibición, pero incompetentes en la propuesta concreta para poner en valor esos territorios protegidos. Eso se ha traducido en un extrañamiento de los ciudadanos, sobre todo los vecinos de esos lugares protegidos que observan el futuro como una nube siempre gris y llena de pesimismo.
Paradigma del mal hacer ha sido el Gobierno insular del señor Soria. Con presupuesto excedente, no tuvo tiempo ni ganas de atender esos espacios con las medidas pertinentes. Y si no le son exigibles ideas brillantes que no se pueden esperar del hoy vicepresidente del Gobierno, sí era su obligación arbitrar los medios que tenía en su presupuesto para que las cumbres de la isla no estuvieran desantendidas: debido a la escasez de lluvias, la cobertera vegetal tenía tal grado de sequedad, y la ausencia de medidas preventivas contra el fuego eran tan alarmantes que sólo la suerte nos hubiera librado este verano de una desgracia. La suerte que no tuvimos.
¿Se pudo evitar? Nadie lo puede aseverar. ¿Se pudo hacer más? Sin duda, el Cabildo pudo hacer bastante más. La vertiente positiva de la desgracia la han puesto los líderes políticos actuales, José Miguel Pérez, desde el Cabildo, y Paulino Rivero, desde el Gobierno. Ambos se han felicitado con razón del buen funcionamiento que ha tenido la coordinación entre estos dos niveles de lo público con el Estado, que ha contribuido de modo decisivo para que el terrible incendio no tuviera peores consecuencias.
Extraído de Canarias Ahora
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