El Cabildo majorero informó en un comunicado de que cuenta ya con dos proyectos técnicos redactados para restaurar la Casa Alta de Tindaya, donde también se ubica la montaña, y habilitar su entorno para acoger el futuro Centro de Interpretación del Proyecto Monumental de Chillida.
La adquisición del inmueble, que goza de Protección Integral, la mayor posible sólo por detrás del Bien de Interés Cultura, al estar inventariado en el catálogo del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura como bien histórico-artístico, se produjo el pasado mes de diciembre por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, que destinó 170.000 euros para su compra procedentes de un convenio de colaboración firmado en verano con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, destacó la importancia que tiene para Fuerteventura "poder destinar para uso público una vivienda tan singular y de tanto valor etnográfico como ésta", ya que se trata, según afirmó la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Genera Ruiz, de un inmueble que está reconocido como "uno de los más representativos de la arquitectura civil majorera".
El presupuesto previsto para financiar tanto la redacción de los proyectos como su posterior contratación se sitúa en torno a los 350.000 euros, estando previsto que participen en los procesos de adjudicación y financiación la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, la Consejería de Infraestructuras del Cabildo y el Plan de Infraestructuras Turísticas.
La compra por parte del Cabildo de Fuerteventura de la Casa Alta de Tindaya supone un nuevo paso alrededor del Proyecto Monumental de Eduardo Chillida en la Montaña de Tindaya, después de que hace un mes la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias aprobara las Normas de Conservación del Monumento Natural Montaña Tindaya.
Este documento concreta la normativa necesaria para la protección de los valores del espacio protegido del Monumento Natural de Tindaya, disponiendo de esta manera los preceptos básicos para su gestión, agrega la nota.
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Carta del presidente de la comunidad mauritana de Canarias dirigida a la Subdelegación del Gobierno español en Canarias pidiendo que se investigue la actuación del Sargento de la Guardia Civil de Morro Jable que torturó a un trabajador para que firmara el finiquito.
A la atención de la Subdelegación del Gobierno de Canarias-Fuerteventura
Estimado señor/a:
Le escribo para exponerle a usted el caso de un miembro de la comunidad mauritana, quien ha sido supuestamente amenazado, humillado, maltratado y finalmente golpeado por el sargento jefe del puesto de la Guardia Civil de Morro Jable.
El agredido se llama Mohamed Lemine, tiene 43 años y es padre de familia. Trabajaba como ayudante de cocina en el hotel Barceló Playa Jandía desde hace varios años. Tenía un contrato de trabajo fijo y, según el testimonio de sus compañeros de trabajo, es una persona trabajadora y honesta.
La persona en cuestión me contó como ocurrieron los hechos según su versión. Así, la tarde del día 3 de febrero de 2010, sobre las 16.30 horas, mientras trabajaba fue llamado por el subdirector del hotel para responder de una acusación de robo de un solomillo de cerdo de la cocina. El subdirector le llevo a la garita del vigilante de seguridad y allí le estaba esperando un guardia civil. Le encerraron con él y la primera palabra que le dirigió el sargento jefe fue para acusarle de ser un ladrón. Al negar Mohamed Lemine que hubiese cometido el robo del que le acusaban le enseñaron una grabación de vídeo donde aparecía saliendo de las cocinas (su lugar de trabajo). Pero como en el vídeo no aparecía robando nada, entonces le dijeron que escondía la carne bajo la ropa. Sabiendo que lo querían cargar el asunto, quiso marcharse de la garita. En ese momento, el sargento le dio una violenta bofetada sin ninguna razón. Le dijeron que nunca volvería a trabajar en toda Canarias, que no se le va a renovar la tarjeta de residencia. El sargento tiro varias veces al suelo la tarjeta de residencia del trabajador y cada vez le ordenaba recogerla.
Como el trabajador no se dejó impresionar, el sargento empezó a insultarle, tratándole de «moro de mierda» y dirigiéndole otras palabras racistas.
El trabajador intentó salir, pero el guardia civil le agarro y empezó a propinarle una paliza. Mohamed Lemine se escapó forzando la puerta, pero no llego lejos. Fue alcanzado por otra persona que estaba fuera vestida de paisano. El sargento le tiró al suelo y le puso las esposas como a un vulgar ladrón. Durante todo el tiempo que duraron estos hechos, el subdirector del hotel se quedó fuera, vigilando. Según algunos empleados el subdirector no dejo a nadie acercarse a la zona.
El trabajador fue llevado por el sargento en el coche de patrulla al puesto de la guardia civil. Allí, a solas con el sargento y sangrando por la nariz, (a causa de un cabezazo que le propinó el sargento) y con todo el cuerpo dolido, Mohamed Lemine fue encerrado en los calabozos.
Después de un largo tiempo, el sargento lo llamó y le dijo: «Puedo denunciarte por agresión a un agente de seguridad en servicio y vas a pasar muchos años en la cárcel y lo perderás todo. Pero voy a renunciar a todo esto a condición deque firmes la baja voluntaria de tu trabajo ahora mismo». Le dijo: «Firma y puedes marcharte».
Mohamed Lemine se negó de firmar. El sargento le mandó otra vez a los calabozos. Transcurridos apenas unos minutos, lo volvió a llamar y a preguntarle si iba a firmar. Ante la negativa de Lemine, el sargento le mandó una y otra vez a los calabozos. Esto duró más de cuatro horas. Más tarde el sargento lo volvió a llamar, pero esta vez no estaba solo. Se encontraba el subdirector del hotel Barceló Playa Jandía, el señor Maza.
El sargento dijo: «La dirección del hotel te propone en vez de firmar tu baja voluntaria, que firmes los documentos de tu finiquito. Después puedes marcharte de aquí». A esto Mohamed Lemine contestó que si iba a firmar cualquiera documento no sería en el puesto de la Guardia Civil, sino en la oficina de recursos humanos del hotel. Mientras tanto, llegaron sus compañeros del comité de empresa de CC.OO. y, tras ellos, el abogado de oficio, quien le hizo firmar unos documentos para su libertad.
Mohamed Lemine se negó de firmar. El sargento le mandó otra vez a los calabozos. Transcurridos apenas unos minutos, lo volvió a llamar y a preguntarle si iba a firmar. Ante la negativa de Lemine, el sargento le mandó una y otra vez a los calabozos. Esto duró más de cuatro horas. Más tarde el sargento lo volvió a llamar, pero esta vez no estaba solo. Se encontraba el subdirector del hotel Barceló Playa Jandía, el señor Maza.
El sargento dijo: «La dirección del hotel te propone en vez de firmar tu baja voluntaria, que firmes los documentos de tu finiquito. Después puedes marcharte de aquí». A esto Mohamed Lemine contestó que si iba a firmar cualquiera documento no sería en el puesto de la Guardia Civil, sino en la oficina de recursos humanos del hotel. Mientras tanto, llegaron sus compañeros del comité de empresa de CC.OO. y, tras ellos, el abogado de oficio, quien le hizo firmar unos documentos para su libertad.
Estimado señor/a, el objetivo de mi carta no es solo exponerle a usted estos hechos, sino también recordarle mi última carta relativa a la actuación indebida de unos agentes del mismo puesto de la Guardia Civil en el locutorio de un súbdito mauritano en Costa Calma. Solicitamos que se investigue este caso de manera independiente y externa al puesto de la Guardia Civil de Morro Jable, y que se tomen las medidas adecuadas para preservar la quietud, la serenidad y la paz en nuestra isla.
Atentamente, Ahmed abdellahi Ould Ely, presidente de la comunidad mauritana de Canarias.
En Puerto del Rosario a 01 de marzo de 2010
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Los detractores del proyecto de Eduardo Chillida en la montaña Tindaya, en la isla de Fuerteventura, hemos recibido un balón de oxígeno del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Su oficina ha enviado una carta al Gobierno de Canarias, que declaró el proyecto de interés en 1996, en la que preguntan si no se plantean renunciar a la iniciativa.
Aunque lo hagan con rodeos, en la carta cuestionan «si la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha analizado en algún momento la alternativa cero», con la finalidad de prevenir «realmente» los impactos en el monumento natural.
Miguel Ángel Aguilar Belda, adjunto al Defensor del Pueblo, también da un tirón de orejas a la Administración canaria por no facilitarles información y le recuerda «la obligación de todos los poderes públicos de prestar auxilio a esta institución con carácter preferente y urgente en sus investigaciones». Desde hace cinco años, el Defensor del Pueblo se queja en todas sus cartas de la falta de información que obtiene por parte del Gobierno de Canarias.
La ausencia de transparencia en la tortuosa tramitación para facilitar todos los permisos para poder llevar a cabo la obra del escultor vasco en la montaña de Tindaya es también una de las principales denuncias que vienen realizando los colectivos ecologistas.
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Desde el golfo de Vizcaya hasta Girona el litoral está envilecido por una cinta de cemento y asfalto sobre la que se han edificado hoteles, urbanizaciones, restaurantes, chiringuitos o cualquier sombrajo que produjera plusvalías en un suelo que, por ley, debería ser intocable. En mayor o menor grado, ese alicatado costero es ilegal.
Una inferencia razonable -fundada en que toda ilegalidad tiene culpables, responsables y cómplices-, indica que los culpables serían los constructores que hayan corrompido a concejales para construir a menos de 100 metros de la orilla o en zonas protegidas; los responsables estarían entre las autoridades que por corrupción o negligencia no hubieran evitado el desastre urbanístico; y los cómplices, todos aquellos que permitieron la destrucción del litoral.
Una inferencia razonable -fundada en que toda ilegalidad tiene culpables, responsables y cómplices-, indica que los culpables serían los constructores que hayan corrompido a concejales para construir a menos de 100 metros de la orilla o en zonas protegidas; los responsables estarían entre las autoridades que por corrupción o negligencia no hubieran evitado el desastre urbanístico; y los cómplices, todos aquellos que permitieron la destrucción del litoral.
La respuesta real es el peso inerte de los hechos consumados. Derribar construcciones ilegales cuesta votos y presiones de Ayuntamientos, autonomías o incluso países implicados. Mejor no agitar el avispero. La cruda realidad es que el Estado carece de poder para imponer la legalidad en las costas. Pero tampoco puede cambiar la percepción ciudadana de que la corrupción es culpable de los delitos costeros.
El trémulo reparo de Medio Ambiente es inútil. El Ministerio, que anoche dio marcha atrás en su censora petición, ha caído en cuenta de que, si el documental no llegaba a TVE, se vería en YouTube.
El trémulo reparo de Medio Ambiente es inútil. El Ministerio, que anoche dio marcha atrás en su censora petición, ha caído en cuenta de que, si el documental no llegaba a TVE, se vería en YouTube.
Fuente: El País
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Toño Linares
El 24 de noviembre de 2008, el periódico Público nos informaba, bajo el título “Nucleares de bolsillo”, de que en “Los Álamos”, el laboratorio estadounidense que fabricó la primera bomba atómica, habían creado generadores nucleares de dimensiones pequeñas capaces de suministrar energía eléctrica a 20.000 hogares, y de que la primera de estas centrales estaría instalada en Europa en el 2013, concretamente en Rumania. Añadían en la noticia que en esa fecha las "centrales nucleares de bolsillo" podría llegar también a España, aunque para ello "habría que cambiar la sensibilidad del Gobierno con respecto al tema nuclear". Pero lo que más que debería llamarnos la atención es que, después de ensalzar las ventajas de estos generadores nucleares, John Deal - director ejecutivo de Hyperion, la empresa que comercializará las centrales - afirmaba: “Las islas Canarias son un gran ejemplo del tipo de lugares adecuados para utilizar nuestras centrales”. (sic)
Analizando los antecedentes de lo que ha ocurrido en Tenerife con la empresa generadora, suministradora y comercializadora de energía eléctrica, la aparentemente descabellada idea publicada en Público quizá no ande tan desencaminada. Máxime, cuando en este territorio la problemática de “la sensibilidad gubernamental” está salvada de antemano por el comportamiento de los políticos profesionales que ejercen por estos lares.
En el año 2002, sufrimos cortes de luz selectivos para amedrentarnos y “convencernos” sobre la necesidad de sustituir los pinos de la corona forestal por torres de alta tensión, ya que según todos los informes era imprescindible el transporte de 200Kw de una parte de la isla a otra. La ciudadanía respondió a semejante amenaza y, como por acto de brujería, cesaron los cortes energéticos. Al paso de la tormenta Delta se constató que las torres estaban en un estado ruinoso y que no se habían sustituido. Había transcurrido más de una década desde que se promulgara un decreto que instaba a su cambio, sin que el gobierno de Canarias obligase a su cumplimiento.
El retraso en la construcción de la línea de alta tención de 220Kw por el sur, obligó a instalar las turbinas en Chío, ya que afirmaban que de no instalarse tendríamos que enfrentarnos a una suerte de Apocalipsis. Catástrofe bíblica que aún no ha ocurrido con estas instalaciones fuera de servicio. Al igual que la isla sigue con suministro eléctrico, sin que por las líneas “fashion”, instaladas en los aledaños de la autopista del Sur, circule la energía de 220Kw, porque afirmaban que la subestación de Los Vallitos, receptora de dicha energía, no estaba capacitada para ello, emprendiendo obras para tal fin sin que se sepa si se han finalizado y, que la generación en la central térmica de Granadilla debe aumentar mediante el sistema de ciclo combinado, como si de una trama se tratase, al echarle una mano a los defensores de la construcción del puerto de Granadilla para la introducción del Gas.
Canarias es un territorio propicio, como pocos en el mundo, para el desarrollo y producción de las energías renovables. Esta capacidad para generar energía limpia está paralizada, porque ya sabemos que los gobernantes -que dicen ser representantes de la ciudadanía- están bien pastoreados por los intereses económicos de la industria energética. De ahí que continuemos con el apagón permanente de las energías verdes.
Los ceros energéticos sufridos en estos días han puesto de manifiesto, una vez más, el carácter obsoleto de las instalaciones del sistema eléctrico y de su mantenimiento. Pero poco han tardado en utilizarlos para volver a generar el debate público sobre la supuesta necesidad de construir una tercera central eléctrica. Nuevamente, sostiene que con esta tercera central los daños se minimizarían. Se obvia, en esta ocasión, que el modelo de la tercera central térmica podría dar credibilidad a lo publicado en noviembre de 2008.
Esta situación es perfectamente extrapolable a cualquier isla.
Esta situación es perfectamente extrapolable a cualquier isla.
(*) Presidente del colectivo ecologista Tagoror Achinech.
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Como muchos lectores habrán podido observar, los partidos políticos insulares andan como locos en busca de titulares y de aparecer en los medios de comunicación de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas que se celebrarán en mayo del próximo año 2.011. Para ello, no paran de buscar nuevas caras con el fin de incorporarlos a futuras candidaturas, aunque claro está, a cualquier cargo menos al de los jefecillos que para eso son los que mandan.
El perfil que se busca ahora para lanzarlo a la carrera política es que tenga dinero, con el objetivo, en algunas ocasiones de seguir alimentando la máquina del dinero. Una buena imagen, proporcionada por su carrera profesional, empresarial o del deporte, constituiría un buen cimiento; aunque obviamente, el primer componente, el dinero, puede echar una mano dentro de unos ciertos límites.
Existe otro elemento a tener muy en cuenta que es el más nuevo de todos: el fetichismo tecnológico incorporado al mundo político, de forma que la utilización de los móviles, las redes sociales en Internet y, por supuesto, una página web parecen como las varitas mágicas para alcanzar el poder.
Con dinero, fama y tecnología se puede ir muy lejos. Pero el modelo no ofrece novedad alguna. Lo conocemos en versiones más o menos serias o grotescas desde hace años. No serán facebook o twitter los que aporten al político de laboratorio lo que éste no sepa ofrecer por sí mismo.
Aquí se vota al partido, a las siglas que a tanto político conviene que sus votantes se identifiquen con ellas, y luego las listas a los Ayuntamientos, Cabildo y Parlamento se completará con aquellos que más contactos, enchufes, promesas y palabrería barata haya promulgado dentro del partido, con el argumento de "este tío está preparado". Da bastante igual, lo tolete que sea o que historial aporte, lo importante es que si eres un ratón de partido político puedes llegar hasta consejero sin tener nada que demuestre lo que vales y mucho menos los conocimientos aportados.
En cada uno de los programas de nuestras teles locales comienzan a destacar determinados personajes que si les queda un atisbo de sensatez y no se dejan engañar por sus impulsores cuando les lean atentamente los estudios de opinión, las encuestas siempre a su favor, deberían evitar convertirse en profesionales de la política como los que abundan en nuestra fauna insular y buscarse un medio de vida más honesto.
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La potencial conflictividad que se vislumbraba en relación con la aplicación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores a la transmisión de sociedades propietarias de instalaciones fotovoltaicas ha venido a confirmarse, desgraciadamente, con la reciente Consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) de 25-I-2010.
En la citada resolución, la DGT concluye que las instalaciones fotovoltaicas tienen la consideración de bien inmueble a los efectos del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y, por tanto, la transmisión de la sociedad queda sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) si el adquirente obtiene el control de la misma. Resulta indudable que las conclusiones alcanzadas por la DGT se ajustan a la literalidad del precepto legal.
Sin embargo, una interpretación finalista de la norma hubiera conducido a una respuesta radicalmente distinta: la DGT olvida que el artículo 108 es una norma anti-elusión que persigue la transmisión de inmuebles a través de figuras societarias, tal y como señala la propia Exposición de Motivos de la LMV.
No parece que la voluntad del legislador fuera aplicarla a otros sectores distintos del inmobiliario, en entregas de negocios en funcionamiento que no encubren transmisión de inmuebles alguna, como ya señaló el TEAC en su Resolución de 15 de julio de 2004. O lo que es lo mismo, la aplicación de una norma antiabuso a situaciones en las que no existe tal abuso supone un atentado contra el propio espíritu de la norma.
A su vez, la definición de inmueble que maneja la DGT es la que se desprende de la Ley del ITP, mucho más amplia que la recogida en otras normas de nuestro ordenamiento. Tratándose de una materia regulada al margen de la propia Ley del ITP, nada impediría que la determinación del concepto “inmueble” se realizara de acuerdo con el Código Civil, o incluso con la Ley del IVA (que excluye los llamados inmuebles por destino), lo que dejaría fuera del espectro del 108 un buen número de transmisiones.
La inmediata y más grave consecuencia es que se ha eliminado la liquidez en el mercado de energías renovables. En efecto, en proyectos cuya inversión se realiza con un elevado apalancamiento, la rentabilidad sobre los fondos propios del inversor puede verse prácticamente anulada por el efecto del ITP.
Ello implica que la compra de una sociedad fotovoltaica en el Estado español pierda atractivo, encarece una forma de producción de energía que es de interés de todos, paraliza la inversión extranjera, principalmente de los grandes fondos de energías renovables y, en conclusión, condena a los actuales propietarios a mantener su inversión hasta el fin de los tiempos. Y todo ello, a mayor abundancia, en un sector cuyo desarrollo, se supone, debería ser fomentado.
En definitiva, no entendemos la política de la actual administración socialista cuando, por una parte dice que quiere potenciar el desarrollo energético sostenible y por otro actúa de la forma descrita, con un único afán recaudatorio ante el galopante aumento de la deuda pública, según se recoge en el acuerdo para "la recuperación del crecimiento económico y creación de empleo" en el punto 25. Revisión antes de 31 de diciembre de 2010 del sistema de incentivos a las energías renovables con la finalidad de hacer compatibles el cumplimiento de los objetivos de producción de electricidad de origen renovable establecidos en el horizonte 2020, con los principios generales de garantía del suministro, competitividad y respeto al medio ambiente. Creen, tal vez, que la solución a todos los males está con la comercialización del coche eléctrico.
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Esta estampa es la que aparece en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, negocios cerrados y abandonados por el Ayuntamiento de La Oliva, mientras la corporación alega carecer de fondos propios para hacerle frente a las nóminas del personal.
Lamentablemente los actuales "gestores" de los bienes públicos no son capaces ni siquiera de impedir que se deterioren unos establecimientos con apenas dos años de antigüedad y que costaron unos buenos millones a las arcas públicas, dejándolos que se desintegren bajo las inclemencias del tiempo, dando una imagen tétrica de las maravillosas playas que tenemos.
Las consecuencias de estos males las pagan los más débiles (como siempre) según se desprende del intento llevado a cabo por la actual mayoría de gobierno, de reducir el sueldo de los funcionarios y rescindir contratos de personal, debido a la escasez de ingresos y falta de fondos públicos para cubrir las nóminas, pero eso sí, el sueldo de los liberados políticos que no se les toque.
Las consecuencias de estos males las pagan los más débiles (como siempre) según se desprende del intento llevado a cabo por la actual mayoría de gobierno, de reducir el sueldo de los funcionarios y rescindir contratos de personal, debido a la escasez de ingresos y falta de fondos públicos para cubrir las nóminas, pero eso sí, el sueldo de los liberados políticos que no se les toque.
Nos preguntamos para qué tanto gasto en ferias internacionales y viajes en promoción exterior de "lo nuestro", si después los turistas que nos visitan, se encuentran con el estado de abandono y suciedad de la playas, sin baños públicos, falta de vigilancia, etc. Cuando imágenes como éstas aparezcan en medios de comunicación internacionales, para justificar el desvío de turistas a otros destinos más competitivos, seguro que entonces vendrán las lamentaciones.
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