Ante la decisión del Gobierno de España de autorizar las prospecciones petrolíferas en nuestras costas, este Movimiento Ciudadano ha realizado su primera Asamblea popular tomando las siguientes consideraciones y acuerdos:

1.- Tal y como ocurriera en el anterior intento, allá por el año 2003, este Movimiento Ciudadano, junto con el sentir mostrado por las principales instituciones de la Isla, quiere mostrar su rechazo más profundo a la posibilidad de que se inicien las prospecciones petrolíferas de REPSOL en nuestras aguas marinas más próximas.

2.- La decisión del Gobierno de España ha sido unilateral y precipitada, despreciando el sentir mayoritario de la ciudadanía y negando la posibilidad de debate y el acceso a la información ante un tema de tanta trascendencia que podría marcar el futuro económico, social y medioambiental de nuestra isla y de nuestro archipiélago.

3.- Este Movimiento está convencido de que las prospecciones petrolíferas y su futura explotación son una clara amenaza al principal sector productivo de Canarias, pone en riesgo nuestro medio ambiente e incorpora serios peligros que podrían afectar negativamente a aspectos fundamentales de nuestro entorno (afectación a la vida marina y por lo tanto a la pesca) o de nuestras vidas (un posible accidente afectaría a toda la producción de agua potable de Lanzarote y Fuerteventura). Al mismo tiempo convierte a nuestras islas en un caliente punto geoestratégico en caso de conflictos bélicos internacionales.

4.- Consideramos, pues,que la decisión adoptada solo beneficia a la multinacional que se hará con los recursos petrolíferos y en donde nuestro territorio ynuestra población asumirán obligatoriamente todos los riesgos de una actividad peligrosa, contaminante y que incide en la continuidad de un modelo energético insostenible.

5.- Por todo ello este Movimiento Ciudadano anima a la población a mostrar su repulsa por los métodos y fines adoptados por el Gobierno de España y la invita a organizarse para decidir las estrategias de oposición a este descabellado proyecto. En tal sentido, este Movimiento realizará su próxima Asamblea el próximo sábado, 25 de febrero, en la Plaza de La Iglesia de Puerto del Rosario a las 11 de la mañana. Quedan todos y todas invitados/as.

La deuda de los Ayuntamientos es una realidad, que afecta a proveedores, trabajadores municipales y entidades de crédito.

 Sin embargo, en ninguno de estos Ayuntamientos se ha dado el caso de que no haya dinero para pagar los sueldos de los concejales, alcaldes, y todos los ediles representados en el pleno. Y menos aún, que el dinero para pagar las derrotas judiciales - una sexta parte de la deuda - deriven en una política de recortes.

En primer lugar, ¿Cuáles son las deudas contraídas por La Oliva?

¿Qué salida le aconseja un estudio al actual equipo de Gobierno?

El estudio sobre el diagnóstico de las cuentas plantea la necesaria aplicación de un estricto plan de ahorro para hacer frente a la reducida liquidez del Consistorio. «Y el ahorro pasa imprescindiblemente por el recorte de la plantilla y la externalización de servicios». La Corporación cuenta con 325 trabajadores, que absorben el 63% del presupuesto.

No estaría de más que haciendo un enorme gesto para con la sociedad, éstos hayan dicho: “estando las cosas como están, yo tampoco cobro. Y nos ahorramos este sueldo”. Pero esta ética nunca se vio en la clase política de La Oliva.

Además, hay otro problema añadido, la gran mayoría de los políticos de La Oliva son unos completos incompetentes, que jamás han pegado palo al agua salvo la militancia de partido (que a estas alturas, debería figurar como profesión), y claro, si se les quita el único sueldo que tienen, se van al paro. Al paro, con los que quieren llevar al paro.

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José Molina*

Economistas frente

a la crisis

El Ministro Soria, en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros del pasado 27 de Enero, para justificar el parón del desarrollo de las inversiones en energías renovables y en presencia de la Vice Presidenta y del Ministro de Hacienda –que no ha pestañeado- ha cometido, en materia económica y energética, los siguientes errores:

Sobre la economía:

1- Ha confundido el Déficit Tarifario con el Déficit Público. El primero es un saldo negativo entre los ingresos de las empresas eléctricas y los costes que las normas les reconocen (no confundir costes reconocidos con costes reales). El segundo es un saldo negativo entre los ingresos de las Administraciones Públicas y sus gastos. Déficit Público y Déficit Tarifario, nada tienen que ver Sr. Ministro.

2- Ha confundido la naturaleza económica de las primas que perciben las energías renovables con la naturaleza de las subvenciones. Subvenciones son pagos de las Administraciones Públicas a actividades privadas con cargo a los presupuestos públicos. Las primas de las renovables son pagos de los consumidores de electricidad a la generación renovable. Por consiguiente, primas y subvenciones, tampoco tienen nada que ver unas con otras: las subvenciones aumentan el Déficit Público, las primas el coste de la electricidad. Además, las energías renovables no son las únicas que reciben primas. También las reciben las grandes concesiones hidroeléctricas, las centrales de Gas Natural o Ciclos Combinados y las centrales de carbón.

3- Estas confusiones tendrían poca importancia si no fuera porque son con las que el Sr. Ministro y también la Sra. Vice Presidenta -sin que el Sr. Ministro de Hacienda (el de los presupuestos) hiciera corrección o aclaración alguna- han justificado la moratoria renovable. Pero no. La contención del gasto público nada tiene que ver con la moratoria aprobada. Más bien al contrario.

4- Sr. Ministro, Sra. Vice Presidenta (atento Sr. Ministro de Hacienda) el parón renovable, al reducir la inversión privada, disminuirá el pago de impuestos, aumentará el paro y, con todo ello, aumentará el déficit público. Justo lo contrario de lo que el Gobierno ha dicho. Este es el problema de confundir, no entender y mezclar conceptos.

5- Preocupado por la competitividad de la economía, el Sr. Ministro de Economía debería advertirle al Sr. Soria que la minoración de los beneficios injustificados de las centrales nucleares e hidroeléctricas permitiría estabilizar los costes de la generación de electricidad a pesar de que la cobertura de la demanda de electricidad sea crecientemente renovable.

6- Finalmente, al Sr. Ministro de Economía tendremos que recordarle -para que modere tanto dislate- que el desarrollo de las energías renovables contribuye a una cuestión no solo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro planeta -el cambio climático- sino también al cambio del modelo productivo que necesita España – ¿no teníamos un problema de ladrillazo?- y a una mejora de la competitividad de nuestra economía que desde ningún otro sector puede lograrse: independencia energética, innovación, creación de empleo, contención de la contaminación, disminución, en el medio plazo, de costes para las familias y las empresas, y mejora de nuestra balanza de pagos (el 50% de nuestro déficit comercial proviene de la importación de combustibles y materias fósiles).

Sobre la energía:

1- El Sr. Ministro de Industria y Energía, confunde potencia nominal instalada con potencia firme. Esta confusión le conduce a decir que la potencia instalada duplica la potencia que necesita el sistema y en ese argumento cifra también la conveniencia del parón renovable que su Gobierno ha decretado. Pero podrían haberle contado -porque es muy fácil de entender- que la relación entre potencia instalada y potencia firme –que es lo que importa- difiere de una tecnología a otra y que la suma de potencias instaladas no es relevante en relación con la potencia firme que necesita el sistema eléctrico. El asunto es muy sencillo, la potencia instalada de una central es irrelevante cuando por cualquier causa la central no funciona. Por ejemplo, cuando una central se avería, su potencia instalada de nada sirve. Cuando una central se para porque tiene que recargar combustible, su potencia instaladal tampoco sirve para nada, y cuando no hay viento, ni agua ni sol para mover las palas de los molinos eólicos o hidráulicos o para activar los intercambios de electrones en las placas fotovoltaicas o concentrar el calor termo-solar en una caldera, tampoco sus potencias de diseño para la cobertura están disponibles. Y es precisamente la potencia firme del sistema la que toma en consideración la probabilidad de que cada tecnología este afectada por esas circunstancias que las inhabilitan para poder desplegar toda su potencia instalada. De todas formas, aunque la potencia que importa sea la mitad de la que el Ministro mencionó y la punta máxima de la demanda muy superior a la que el Ministro también mencionó, es cierto que la cobertura de nuestra punta máxima de demanda no parece plantear problemas hasta el año 2020, pero si de algo no podemos prescindir es precisamente de las tecnologías renovables. Las razones son muchas, pero basta mencionar sólo una y no la más importante: España está comprometida con la Unión Europea y con la industria española a alcanzar un objetivo de generación renovable cuya senda de consecución el Ministro Soria y su Gobierno podrían estar dinamitando ya. Además, las renovables son las que menos potencia firme aportan al sistema que es de lo que el Ministro dice estamos sobrados. Sr. Ministro, un consejo: absténgase de hablar de nada que tenga que ver con la energía antes de saber cuál es la diferencia entre un Kw y un kWh. Y sobre todo, no tome decisiones mientras tanto.

2- El Sr. Ministro considera que primas sólo son los complementos retributivos administrados que cobran las tecnologías renovables y resto del Régimen Especial y no los complementos igualmente administrados que cobran las tecnologías térmicas fósiles y la gran hidráulica.

3- También recurre a los datos de 2010 para sostener que el Plan de Energías Renovables tiene desviaciones positivas, que centra en las tecnologías solares y eólicas, escondiendo que ese Plan, en sus objetivos globales, presenta cierto retraso porque otras tecnologías como la biomasa, el bio-gas o la térmica de alta eficiencia (esta última no renovable primada) tienen desviaciones negativas. En cualquier caso, con desviaciones positivas o negativas, el Plan de Energías Renovables terminó en 2010 y ya estamos ante un nuevo Plan nacido en 2011 que parte del cierre de 2010 y absorbe, como es natural, los excesos o defectos de ese cierre del que parte. Innecesaria o injustificada, por tanto, la moratoria renovable de su RD Ley. Además, ya que el Sr. Ministro menciona desviaciones positivas en algunas tecnologías renovables podría haber mencionado las desviaciones de inversión, que se han producido, respecto a las previsiones indicativas, en las Centrales de Gas Natural que también cobran primas a pesar de que sus inversiones fueron hechas a riesgo de los propios inversores.

4- El Sr. Ministro imputa el Déficit Tarifario a las primas de las renovables –cómo si la deuda pudiera pintarse de colores- cuando las actividades liberalizadas (la generación en Régimen Ordinario y la Comercialización) han ingresado por pagos administrados desde 1997 (Ley del Sector Eléctrico) 41.172 M€ frente a 25.158 M€ cobrados por las energías renovables (datos a Junio de 2010). Si de imputar déficits se tratara ¿A qué tenemos que imputar el Déficit Tarifario: a las energías renovables o a las convencionales? Y todavía no hemos hablado de los ingresos injustificados de Nucleares e Hidroeléctricas.

No, Sr. Ministro, haga usted más esfuerzos en mantener su independencia de los poderosos, que la crisis no está para atender sólo a los lobbys.

(*) José Molina, es Doctor en Economía y Sociólogo

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Todo ello ha derivado en que se acuse a los miembros de AMEC de dos faltas graves, una por presunta ofensa contra funcionarios de la institución y por el menoscabo a la propia Universidad, una cuestión que considera desmesurada, puesto que podrían conllevar la expulsión, pero sobre todo una causa contra la libertad de expresión.

Insisten desde AMEC que solamente han cumplido con su obligación de defensa de los intereses de los estudiantes de la ULL y nunca ha pretendido menoscabar ni a la institución, ni a dirigentes ni funcionarios de la Universidad, ya que entiende que es impropio de un Estado de derecho que 23 alumnos claustrales comparezcan ante un comité instructor sencillamente por acogerse a un derecho constitucional como es la libertad de expresión.

AMEC tratará de contactar con los grupos claustrales para pedir el apoyo a estos 23 alumnos que están siendo enjuiciados de esta forma, puesto que hasta ahora no han tenido constancia de que alguna organización haya tratado de intermediar en este problema que podría traducirse en la expulsión de la ULL.

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