El poder de hipnosis (manipulación) de Coalición Canaria ha podido con el Partido Popular, hasta el punto de que de señalar responsables, como el propio ex director general del Tesoro (Alberto Amorós), corroborar las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización, y apuntar indicios de delito cuando se exigían explicaciones al órgano fiscalizador por no haber enviado dicho informe a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas; los populares han pasado a aceptar con una asombrosa coincidencia con los nacionalistas, que no hay caso.

Además, ahora el PP también está de acuerdo con CC en que el Convenio entre el Gobierno y las entidades de crédito operantes en Canarias para establecer un marco a las entidades financieras de las operaciones activas y pasivas, de 22 de marzo de 1996, tuvo un carácter de patrocinio. Hasta hace quince días, para los conservadores el mencionado convenio “resultó ser un medio irregular para administrar fuera de toda legalidad, publicidad y control, una serie de fondos públicos con los que encargar una serie de trabajos sin sometimiento a los requisitos que establecen las normas sobre la contratación pública”... la amnesia selectiva invade al PP.

Por último, nacionalistas y conservadores también han eliminado el perjuicio económico que observó la Audiencia de Cuentas en su informe, a pesar de la “claridad” que ambos apreciaron días atrás.

Tampoco el que “durante el período fiscalizado, se produjo un perjuicio a la Comunidad Autónoma de alrededor de 1’2 millones de euros, por la deficiente gestión de la Dirección General del Tesoro en relación con el retraso en el ingreso de determinadas retenciones por rendimientos de capital mobiliario a favor de Agencia Tributaria, y la correspondiente imposición de recargos y el pago de intereses de demora”.

Este acuerdo implica, debido a la mayoría que representan CC y PP, que el dictamen que se celebró el pasado día 28, que además cerrará (de manera vergonzosa) la actividad parlamentaria de esta legislatura, tendrá que votar el dictamen final de la comisión de investigación. El procedimiento consistió en un primer pronunciamiento sobre los votos particulares que se presentaron.

Con posterioridad, se sometió a votación el dictamen. Como se pudo prever, Coalición Canaria se quedó sola apoyando su voto particular, al igual que el Partido Socialista Canario el suyo. CC y PP sacaron adelante el dictamen que exonera por completo a Alberto Amorós, a quien hasta hace poco los grupos vieron que su “actuación, durante los años 1996, 1997 y 1998, no se ajustó a las normas del derecho administrativo ni de la contabilidad pública (...) de lo que se deduce una clara responsabilidad política.

Ahora, al final de la legislatura, después de estar guardada durante estos años, la guagua de empleo anda recorriéndose la isla con la Directora General, Soledad Monzón (A.M.-C.C.) de conductora, hay que recordarle su paso por FORELAN, empresa dependiente del ICFEM de la cual:

"El fiscal, en las actuaciones seguidas como Diligencias Previas número 2262 del año 2000, al evacuar el traslado que de las mismas le fue conferido al amparo de los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, SOLICITA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL ANTE LA ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS y formula escrito de acusación contra Tomás Quesada de Saa, Francisco Vicente Almeida Ossa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García, y Diego Miguel León Socorro". Así comienza la sentencia del Caso ICFEM en el que se destapan las actividades de, entre otros, el conocido chorizo Francisco Almeida y el prohombre de A. M.- C.C. Tomás Quesada, entre otros.

En la citada sentencia se nombra a PROLESCAN S.L., "que incumplió el primero de los plazos para justificar el empleo de la ayuda otorgada, ningún reintegro le fue exigido entonces por el acusado Francisco Vicente Almeida Ossa, como nuevo director del Instituto; en su lugar y fuera de toda apoyatura normativa, se limitó a dirigir un requerimiento fehaciente a la entidad beneficiaria el 1 de febrero de 1996 (“en el improrrogable plazo de diez días” reza su literal), para aportar una simple copia del libro de matrícula que permitiese justificar los fines de la subvención otorgada. La entidad nunca contestó a dicho requerimiento."

Del mismo modo que Francisco Almeida, su sucesor en la dirección del Instituto, el también acusado Aurelio Ayala Fonte, omitió deliberadamente la incoación de expediente de reintegro ante el incumplimiento de condiciones de la ayuda otorgada que supuso dicho silencio. Se limitó a dirigir nuevo requerimiento en 12 de junio de 1997, como el anterior con acuse de recibo, y tampoco contestado por la entidad beneficiaria.

El acusado Francisco Almeida, durante su mandato como igualmente director del Instituto, había compatibilizado dicho cargo con el de socio partícipe y administrador activo de la mercantil TECNOEMPLEO S.L. (¿les suena?), dedicada a labores de orientación laboral y auditoría y beneficiaria de subvenciones del propio Instituto incluso durante el mismo periodo temporal al menos hasta 1996.

En la sesión de 28 de mayo de 1998, el consejo de Gobierno de Canarias acordó levantar los reparos opuestos por la Intervención Delegada, y luego confirmados por la Intervención General, en orden al incumplimiento de plazos y otras condiciones, y en consecuencia considerar correctamente justificadas y aplicadas las subvenciones en su día otorgadas a, entre otras entidades, TECNOEMPLEO SL, eximiéndola del debido reintegro en que se hallaba incursa.

Un primer conjunto de las múltiples solicitudes de subvenciones cuya valoración, estudio y final estimación asumieron Francisco Vicente Almeida Ossa y Víctor Manuel Díaz Rodríguez, fue la correspondiente a la entidad denominada APECO, bajo tales siglas, la “Asociación de Pequeños Empresarios de Economía Social” (CIF G35375407), de la provincia de Las Palmas, agrupaba a distintas empresas mercantiles propias de su enunciado, mayoritariamente sociedades cooperativas, y entre éstas, a la denominada “Tembleque Producciones”, cuyo gestor material era Octavio Cardoso Sánchez Tembleque, a la par que uno de los representantes de APECO y presidente de dicha asociación. La entidad solicitó del ICFEM el 10 de octubre de 1995 la suscripción de un contrato programa con el Instituto de duración trienal para llevar a cabo diferentes acciones formativas en 1995, 1996 y 1997.

La misma línea ilícita siguió el señor Almeida cuando cesó en su cargo de director del Instituto, sucediéndole Aurelio Ayala Fonte, que tomó posesión del mismo el 10 de junio de 1996. El relevo en nada afectó por el momento a APECO, pues, por un lado, nuevas “addendas” o añadiduras suscritas por el presidente y consejero Víctor Manuel Díaz Domínguez, fueron incorporadas al contrato programa original de 29 de diciembre de 1995; por otro, que antes del cese del señor Almeida, APECO había obtenido de este acusado, las autorizaciones individualizadas en distintas resoluciones por él dictadas para alterar el listado nominal de alumnos preseleccionados y los requisitos exigidos a los mismos, así como el cuadro docente, validando bajas y autorizando nuevas altas, así como la variación de las materias concretas a impartir y la de las fechas y plazos de duración de los cursos, y hasta el propio centro o lugar donde realizarlos, operando así hasta, al menos, las resoluciones de 28 de marzo de 1996 y 2 de abril de 1996.

En resumen, a los pretendientes de formar parte del selecto club malayo pero "a la majorera" se les imputó por delito de falsificación de documentos públicos perpetrado por funcionario público e igualmente tenido como continuado que se imputa a los acusados, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro, cinco años de prisión, multa de veintidós meses a razón de una cuota diaria de 12 € con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

Así como por un delito de prevaricación administrativa de carácter también continuado que se imputa a los acusados Tomás Quesada de Saa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro la de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público por tiempo de nueve años. Esta es una de las razones por las que A.M.-C.C., no nomirá candidato a alguno de los que se citan en esta página.

Ante las amenazas vertidas en los comentarios de este blog por sujetos cegados, bien por su partido al que defienden a pesar de sus tropelías, bien por el dinerito como liberados políticos que les debe de proporcionar alguno de sus amos, desde Fuerteventura Limpia exponemos:

- Fuerteventura Limpia nace a raíz de la desinformación y constante tapadera de los negocios más oscuros de la clase política majorera sin excepción de partidos. Dicho esto también aclarar que ninguno de los miembros de Fuerteventura Limpia (miembros, en plural) pertenece a ningún partido político, puesto que consideramos que lo que le sobra a la sociedad majorera es la política barata y caciquil, las falsas ideologías; y precisamente lo que le falta son acciones, acciones como destapar la corrupción.

-Las amenazas, a pesar de que no nos preocupan a nosotros como individuos, puesto que ni por asomo aciertan, nos suscitan gran interés, ya que un tal "señor F." está siendo afectado por todas las consecuencias. Desconocemos quién es ese tal señor F., pero nos agrada saber cómo algo está cambiando, cómo se pelean en las filas del PSOE tratando de descubrir quién redacta estos escritos y los publica, en lugar de acabar con la corrupción que está pudriendo SU partido. Nosotros respetamos al PSOE, pero no podemos pasar por alto ni recibir lecciones de democracia de aquellos que, por estar en posesión del carné del PSOE, creen que tienen un salvoconducto para actuar con plena libertad ante todo tipo de presuntas corruptelas. Demuestran ustedes lo asustaditos que están. Mientras tanto las visitas siguen aumentando...

-Con respecto al tema del anonimato. Creemos que usted no es nadie para criticarlo, puesto que precisamente utiliza el mismo para descalificar. Le animo señor C. (de cobarde, claro) a dar la cara y decir quién es usted. Siempre nos tendrán enfrente señores, les combatiremos, desde Internet o en donde sea. Así que quizás sean ustedes quienes deban cubrirse las espaldas porque demuestran tenerlas muy opacas. Por cierto, ninguna de nuestras informaciones han sido desmentidas con argumentos sólidos, sino con insultos y descalificaciones.

-Por último, animamos desde aquí a abrir un frente contra esta panda de mafiosos. Queremos dejar claro que las fantasías de que "se puede saber desde donde se está mandando la información" es totalmente falsa, censuradora, y puestos a calificar, fascista. Así que animamos a cualquier persona a aportar su granito de arena majorera, negra como la de Gran Tarajal o rubia como la de Jandía o Corralejo, anónima o públicamente. Nosotros no censuraremos. Afortunadamente no nos debemos a ninguna obediencia obligada, ni a disciplina de partido.

Damos por seguro que nuestros pacientes lectores son unos buenos alumnos y han Progresado Adecuadamente. Una vez que ya conocen las nociones básicas sobre ORDEÑAMIENTO DEL TERRITORIO y los organismos que lo dirigen, podemos arriesgarnos a dictar la lección número 2 sobre urbanismo majorero:

-Viviendas unifamiliares en suelo rústico:

Urbanizaciones en suelo rústico de varias viviendas todas iguales, al amparo de la transitoria bis del PIOF, promovidas por inmobiliarias de amigos de los que están en el poder. Tendrán agua, luz y todo tipo de servicios, y se destinarán a la venta de extranjeros fundamentalmente. No han cedido aprovechamiento al Ayuntamiento y las plusvalías son para el constructor.

-Viviendas ilegales:

Vivienda aislada de pequeñas dimensiones realizada en una parcela de suelo rústico, ejecutadas mediante autoconstrucción por el dueño de la misma. Dedicada a vivienda familiar del promotor con sus hijos. No se les dejará ampliar en un futuro, no se les arreglará el camino, no se les pondrá agua ni luz. Estarán continuamente vigiladas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente por si hacen el cuarto para el bardino o si les da por hacer un palomar.

-Almacén Agrícola o Cuarto de Aperos (concepto más fino):

Lugar de residencia habitual del majorero que no puede o no quiere pagar una hipoteca de un piso de los construidos por los promotores del régimen (construgobernantes). También se usa de segunda residencia u otros usos. Algunas las autorizan de pocos metros, otros de más. Depende de quién lo pida (asigún). Por ejemplo, es conocido un almacencito en LA MATILLA de 100 m2. ¿De quien será?.

-Plan Especial Territorial de Ordenación del Turismo Insular:

Como todo plan especial, se dedica a permitir con carácter especial para algunos, lo que se niega a todos en general. En este caso se trata de dar naturaleza Legal a ciertos convenios urbanísticos, en general lesivos, para permitir más campos de GOLF, más puertos deportivos, más chalets en territorios antes protegidos. Majanicho, Cotillo, Canalbión, etc.

-Parque Natural de Zonas Áridas Semidesérticas y Esteparias:

Es un plan que persigue la revalorización de una franja de la isla, a espensa de desvalorizar el resto del territorio del interior.
Consiste en dar naturaleza de desierto, a toda la Fuerteventura rural. Allí no se podrá hacer nada. Ni un restaurante, ni una casa rural, ni poner paneles fotovoltáicos, ni poner molinos de viento (para extracción de agua o aerogeneradores), ni plantar árboles. Al tiempo, en la parte complementaria se podrá hacer de todo. Dicen las malas lenguas que ya algunos andan comprando terrenos en esas zonas en las que sí se podrán hacer viviendas por estar fuera del Parque.

-Zonas Desérticas:

Lugar por el cual sólo se podrá transitar, turísticamente le denominan El Desierto y a sus trayectos se les denomina "la ruta del desierto". Como en todo desierto debe de existir un Único Oasis. ¿DONDE?: se espera que con el estímulo del turismo de masas y con el todo incluido, más el tirón del Parque, sean muchos los turistas que tras visitar el Desierto terminen visitando el OASIS (lugar de encuentro con chiringuito ecológico y aves exóticas) seguro que sin pensar mal, mas de uno sabe donde está ubicado el citado establecimiento. Un euro por visitante, por un millón de visitantes anuales a la isla, pasarían a engrosar las arcas en un millón de euros.

Este plan está muy bien visto por la SEO Bird Life, que desea Fuerteventura como laboratorio de sus proyectos.

Como pago a esta formidable iniciativa (aunque falta el visto bueno del iluminado gallego urbanista del cabildo de la isla, que está elevando consultas con los construgobernantes), la SEO no se mete con Majanicho, El Cotillo, la Lajita o Jandía.