Los casi ocho años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero han dado pie a que Banco Santander y PSOE hayan consolidado una relación comercial como clientes. Si en el pasado, este trato entre prestamista y deudor ya suscitó comentarios ante la opinión pública, el reciente indulto concedido el pasado viernes al consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, no ha hecho más que avivar el debate sobre la relación de intereses poco transparente que generalmente existe entre las entidades financieras y los partidos políticos.

El primer hito entre el banco y los socialistas que marcó el comienzo de la era de gobierno del presidente Zapatero fue la condonación de una deuda de 12 millones de euros que arrastraba el partido. El hecho salió a la luz en 2006 por la tarea de fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas para elaborar su informe sobre la financiación de los partidos políticos. Ese año, el PSOE pagó 3,8 millones de euros para cancelar un préstamo que obtuvo en 1987 y cuyos reiterados impagos y retrasos habían agigantado la bola del crédito.

El principio de la deuda se remonta a un préstamo de 1,6 millones de euros, concedido entonces a "a un tipo de interés muy elevado, del 15%, con un interés de demora del 19%", según explicó el propio Santander para justificar la cancelación de la deuda. Años después, en 1993, el banco "saneó la posición por importe del principal impagado y por 1,7 millones de euros en concepto intereses", hasta que en mayo de 2006 tuvo lugar la renegociación, por la cual el PSOE, tras dos años en el Gobierno, aceptó pagar 3,8 millones de euros para cancelar.

También por las mismas fechas, Zapatero recurrió al banco de Emilio Botín para financiar su primera inversión inmobiliaria lejos del Palacio de La Moncloa. Con la burbuja inmobiliaria aún en plena efervescencia, el presidente del Gobierno decidió comprarse una casa de veraneo en la localidad almeriense de Vera, residencia estival de otros muchos dirigentes del PSOE. El préstamo para comprar el chalet en cuestión, adquirido a un ciudadano extranjero y valorado en 440.000 euros, corrió a cargo del Banco Santander, como informó este diario.

El destino ha querido que el presidente del Gobierno haya resuelto su relación con el chalet en Almería al mismo tiempo que concluía su mandato al frente del país. Sólo cinco años después de la inversión en Vera, el dirigente socialista ha vendido su propiedad por algo menos de 300.000 euros, teniendo que asumir una pérdida de 160.000 euros, según publicó este diario el pasado mes de septiembre. El desplome del mercado inmobiliario, sobre todo el residencial de costa, hizo que tardara más de un año en deshacerse del chalet y asumiera pérdidas.

Esta última desinversión y la venta del piso que Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, tenían en el centro de León habían servido para financiar la construcción de la nueva vivienda, a las afueras de capital leonesa, que el matrimonio preparaba para su retiro tras abandonar la política. Aunque las obras del chalet están en marcha desde hace tiempo, no estará acabado para antes de un año, aunque por los planes de la familia no parece haber prisa. Al parecer, la resistencia de las hijas a dejar Madrid podrían aplazar la decisión del traslado.

Financiación y condonaciones

Durante estos ocho años de mandato socialista, la relación del Santander no ha sido la única que ha dado que hablar. También durante 2006, la entidad vizcaína BBK acordó la cancelación de una deuda de 21 millones de euros por una deuda arrastrada de mediados de los 80. Una situación similar ocurrió con los socialistas de Cataluña después de que su líder, José Montilla, diera el salto a Madrid como ministro. A finales de 2004, el PSC consiguió poner al día sus cuentas con La Caixa, operación por la que consiguió una quita de 7,1 millones de euros.

La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Por lo general, sus informes suelen ir con un desfase de tres años. Según los datos de 2006, las deudas que tiene el PSOE con entidades financieras supera los 60 millones de euros, mientras que las arcas del PP adeudan algo más de 30 millones. Sin embargo, se desconoce la relación de los acreedores. Sólo las cajas de ahorro, por sentar a políticos en sus consejos de administración, están obligadas a detallar esta información en sus reportes anuales.

Los préstamos y condonaciones de las entidades de crédito a los partidos era un marco alegal hasta el 2007 (no había regulación sobre ella) y secreta. Ni los bancos ni las cajas tenían la obligación de declararlos. La labor de fiscalización era posible sólo con la información que los propios partidos remiten al Tribunal de Cuentas, el cual se quejado siempre de esta situación, además de por los pocos poderes de investigación y/o comprobación a su alcance, pues se limita a constatar datos remitidos por terceros ante los que nada puede hacer.