Ahora, al final de la legislatura, después de estar guardada durante estos años, la guagua de empleo anda recorriéndose la isla con la Directora General, Soledad Monzón (A.M.-C.C.) de conductora, hay que recordarle su paso por FORELAN, empresa dependiente del ICFEM de la cual:

"El fiscal, en las actuaciones seguidas como Diligencias Previas número 2262 del año 2000, al evacuar el traslado que de las mismas le fue conferido al amparo de los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, SOLICITA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL ANTE LA ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS y formula escrito de acusación contra Tomás Quesada de Saa, Francisco Vicente Almeida Ossa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García, y Diego Miguel León Socorro". Así comienza la sentencia del Caso ICFEM en el que se destapan las actividades de, entre otros, el conocido chorizo Francisco Almeida y el prohombre de A. M.- C.C. Tomás Quesada, entre otros.

En la citada sentencia se nombra a PROLESCAN S.L., "que incumplió el primero de los plazos para justificar el empleo de la ayuda otorgada, ningún reintegro le fue exigido entonces por el acusado Francisco Vicente Almeida Ossa, como nuevo director del Instituto; en su lugar y fuera de toda apoyatura normativa, se limitó a dirigir un requerimiento fehaciente a la entidad beneficiaria el 1 de febrero de 1996 (“en el improrrogable plazo de diez días” reza su literal), para aportar una simple copia del libro de matrícula que permitiese justificar los fines de la subvención otorgada. La entidad nunca contestó a dicho requerimiento."

Del mismo modo que Francisco Almeida, su sucesor en la dirección del Instituto, el también acusado Aurelio Ayala Fonte, omitió deliberadamente la incoación de expediente de reintegro ante el incumplimiento de condiciones de la ayuda otorgada que supuso dicho silencio. Se limitó a dirigir nuevo requerimiento en 12 de junio de 1997, como el anterior con acuse de recibo, y tampoco contestado por la entidad beneficiaria.

El acusado Francisco Almeida, durante su mandato como igualmente director del Instituto, había compatibilizado dicho cargo con el de socio partícipe y administrador activo de la mercantil TECNOEMPLEO S.L. (¿les suena?), dedicada a labores de orientación laboral y auditoría y beneficiaria de subvenciones del propio Instituto incluso durante el mismo periodo temporal al menos hasta 1996.

En la sesión de 28 de mayo de 1998, el consejo de Gobierno de Canarias acordó levantar los reparos opuestos por la Intervención Delegada, y luego confirmados por la Intervención General, en orden al incumplimiento de plazos y otras condiciones, y en consecuencia considerar correctamente justificadas y aplicadas las subvenciones en su día otorgadas a, entre otras entidades, TECNOEMPLEO SL, eximiéndola del debido reintegro en que se hallaba incursa.

Un primer conjunto de las múltiples solicitudes de subvenciones cuya valoración, estudio y final estimación asumieron Francisco Vicente Almeida Ossa y Víctor Manuel Díaz Rodríguez, fue la correspondiente a la entidad denominada APECO, bajo tales siglas, la “Asociación de Pequeños Empresarios de Economía Social” (CIF G35375407), de la provincia de Las Palmas, agrupaba a distintas empresas mercantiles propias de su enunciado, mayoritariamente sociedades cooperativas, y entre éstas, a la denominada “Tembleque Producciones”, cuyo gestor material era Octavio Cardoso Sánchez Tembleque, a la par que uno de los representantes de APECO y presidente de dicha asociación. La entidad solicitó del ICFEM el 10 de octubre de 1995 la suscripción de un contrato programa con el Instituto de duración trienal para llevar a cabo diferentes acciones formativas en 1995, 1996 y 1997.

La misma línea ilícita siguió el señor Almeida cuando cesó en su cargo de director del Instituto, sucediéndole Aurelio Ayala Fonte, que tomó posesión del mismo el 10 de junio de 1996. El relevo en nada afectó por el momento a APECO, pues, por un lado, nuevas “addendas” o añadiduras suscritas por el presidente y consejero Víctor Manuel Díaz Domínguez, fueron incorporadas al contrato programa original de 29 de diciembre de 1995; por otro, que antes del cese del señor Almeida, APECO había obtenido de este acusado, las autorizaciones individualizadas en distintas resoluciones por él dictadas para alterar el listado nominal de alumnos preseleccionados y los requisitos exigidos a los mismos, así como el cuadro docente, validando bajas y autorizando nuevas altas, así como la variación de las materias concretas a impartir y la de las fechas y plazos de duración de los cursos, y hasta el propio centro o lugar donde realizarlos, operando así hasta, al menos, las resoluciones de 28 de marzo de 1996 y 2 de abril de 1996.

En resumen, a los pretendientes de formar parte del selecto club malayo pero "a la majorera" se les imputó por delito de falsificación de documentos públicos perpetrado por funcionario público e igualmente tenido como continuado que se imputa a los acusados, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro, cinco años de prisión, multa de veintidós meses a razón de una cuota diaria de 12 € con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

Así como por un delito de prevaricación administrativa de carácter también continuado que se imputa a los acusados Tomás Quesada de Saa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro la de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público por tiempo de nueve años. Esta es una de las razones por las que A.M.-C.C., no nomirá candidato a alguno de los que se citan en esta página.

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