Todo ello, mientras los vividores de la política se encuentran negociando el puesto remunerado que van a ostentar  los próximos años, fruto del engaño colectivo al que han sometido a los votantes.

Existe una cruda realidad en la isla que ha sido denunciada por la FIMAPA, Federación Insular Majorera de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as, que está recibiendo numerosas quejas de estudiantes y de sus familias debido a la existencia de casi 600 solicitudes en lista de espera para acceder a los módulos formativos de grado medio y superior en el Centro Integrado de referencia insular como es el IES Majada Marcial.

Se dan muchos casos de personas que habiendo seleccionado hasta tres opciones se queda sin acceder a ninguna de ellas. La mayoría de las solicitudes sólo optaban a unos estudios, como en el caso de auxiliar de enfermería: el 70% de las solicitudes desestimadas (en reserva) sólo habían optado por estos estudios, son personas que vocacionalmente han elegido este modulo, no desean otro y ven sus aspiraciones truncadas.

A eso hay que sumarle, que los presupuestos educativos de las comunidades para este año han mermado en unos 1.600 millones de euros respecto a 2010. Sumando los recortes del Ministerio de Educación, en total el sistema educativo pierde más de 1.800 millones de euros.

En la actualidad, nos encontramos con clases más masificadas, menos aulas de educación compensatoria, menos atención a las necesidades educativas especiales, generalización de privatizaciones, pérdidas de empleo entre el personal de los servicios educativos complementarios (PSEC), menos calidad de los servicios, peores condiciones laborales, nueva visión mercantilista, universidades con planes de austeridad demoledores que nos alejan más de la excelencia internacional. No sólo no alcanzamos el Pacto Educativo sino que se nos imponen a los profesionales recortes retributivos y sociales, rompiendo acuerdos, quebrando políticas posibles y necesarias, favoreciendo un cambio de ciclo que con fórmulas gastadas alberga más dudas razonables que esperanzas. Una cualificación profesional de mayor calidad y una oferta de ciclos formativos más diversa son factores claves para el cambio hacia un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento. Ante la falta de oportunidades laborales, muchos jóvenes deciden seguir formándose. Otros regresan al sistema tras la quiebra de los empleos de baja cualificación. 

Por ello, ante la creciente demanda social esperamos que administraciones, patronales y sindicatos alcancen un gran acuerdo para la FP que favorezca el aumento de la oferta de títulos y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), implicando más a las empresas.

Por lo que respecta a los PCPIs vemos negativo que la LES, y la Ley Orgánica Complementaria, no establezca con carácter básico la duración de dos cursos, periodo necesario para lograr sus objetivos, que incluyen la posibilidad de acceder directamente a los ciclos formativos de grado medio una vez superado los módulos obligatorios.

Estamos seguros que a la mayoría de los vividores de la política empeñados en acceder a un puesto de liberado político en el próximo gobierno municipal, insular o autonómico, lo que aquí explicamos les sonará a chino y, por ende, no podrán discutir sobre ello pero somos muchos los indignados que les volveremos a pasar factura cada vez que se nos presente una oportunidad.

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