Este partido surgido en 1993 ha dominado desde entonces la política canaria, aliándose al PP. En plena expansión del neoliberalismo en los años 90, CC creó la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con la colaboración de algún economista ex-comunista, para que los beneficios empresariales no fueran transferidos a la Hacienda estatal, bonificando el 90% del Impuesto de Sociedades.

El argumento para reclamar la RIC era precisamente que existía una diferencia negativa para el Archipiélago entre lo que la Hacienda estatal recaudaba en las islas y lo que transfería como fondos públicos. La reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), desmantelado por la plena adhesión a la Unión Europea, fue presentada por los sectores progresistas de CC como una oportunidad para crear una "Hacienda Canaria" que equilibrase esta desigualdad entre recaudación y transferencia de recursos estatales. Sin embargo, la existencia de un sistema hacendístico propio en el Archipiélago era inconstitucional, dado que rompía la “unidad económica nacional de España” (…). Es decir, Canarias no podría contar con un sistema de recaudación totalmente autónomo.

Con la excusa de la lejanía y la insularidad, las patronales canarias retomaron el concepto de "Hacienda Canaria" convirtiéndola en "vacaciones fiscales". Todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron esta interpretación y silenciaron sus consecuencias. Se creaba así uno de los instrumentos económicos más escandalosos del neoliberalismo en la Unión Europea. El dinero no sería recaudado por la Comunidad Autónoma y tampoco por la Administración Central: se lo quedarían las empresas radicadas en las islas.

Obviamente, al ser recursos públicos concedidos a intereses privados, se puso la condición de que tendrían que ser invertidos en Canarias. A pesar de esto, las patronales presionaron desde el principio para que se autorizase la inversión en el exterior, en la especulación financiera, en la especulación del suelo y en negocios inmobiliarios, produciéndose una impresionante evasión fiscal amparada por la legalidad.

Paralelamente a la puesta en marcha de la RIC, el Gobierno de Coalición Canaria aumentó el porcentaje de recaudación por IRPF en las islas a la vez que incrementó los porcentajes en la imposición indirecta específica de Canarias, primero el IGIC, luego el AIEM, de manera que se está cargando sobre las rentas salariales el sostenimiento de las administraciones y servicios públicos, en un clima de recortes y restricciones presupuestarias sobre las políticas sociales y, especialmente, la Sanidad y la Educación públicas. En la actualidad, se producen las movilizaciones sociales contra el deterioro de estos servicios públicos, como los vividos en la enseñanza secundaria de Fuerteventura, en contraste con el cinismo publicitario de Coalición Canaria, cuyos portavoces van de televisión en televisión (algunas más que a otras) con el manual del "déficit cero" en la mano.

Se estima unos treinta y seis mil millones de euros (seis billones de pesetas) hasta el año 2006, la bolsa acumulada de capital que no ha sido transferido a la Hacienda estatal. Esto equivale a la suma del actual presupuesto autonómico de Educación y de Sanidad durante doce años. Ambas áreas son actualmente deficitarias y, una vez descartadas las polémicas convalidaciones presupuestarias para cubrir el "agujero", ahora se recurre a sucesivos créditos extraordinarios que lastran la expansión y la calidad de estos servicios públicos básicos. Por cierto, ¿qué se hizo del Plan contra la Pobreza anunciado en su día a los cuatro vientos por CC? Se quedó sobre el papel le cambiaron el nombre por el de "Gran Plan de Integración y Cohesión Social". El "Giro Social" de CC es una mentira repetida para disimular la práctica real de Coalición. Ya vemos lo que pasa con “lo nuestro”: Canarias nº1 en precariedad laboral juvenil.

Mientras tanto, el Foro Empresarial Canario protestaba por las inspecciones de la Hacienda estatal “que persigue a los beneficiarios a causa de la fiscalización estricta de los fondos destinados a la RIC”, "presumiéndole a éste un carácter de permanente sospecha", y exigió al Gobierno autonómico que intervenga para flexibilizar el control sobre esa masa de dinero extraído de los fondos públicos. Además piden la anulación de la vinculación de la RIC con la creación de puestos de trabajo, señuelo utilizado por CC para dar un carácter social a la Reserva.

La Reserva de Inversiones está basada en una privatización de fondos públicos con la excusa "nacionalista" de que no sean transferidos vía impuestos a la Hacienda estatal. Paradójicamente, la respuesta a la supuesta insolidaridad estatal ha sido una descarada insolidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad canaria. Peculiar resultado de este "nacionalismo”.

Contiene extracciones del artículo de Octavio Hernández
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