Hay algunas personas que si no fuera porque escriben lo que dicen, los podríamos catalogar de pitonisos pero como lo que se escribe, afortunadamente, no es como la palabra que se la lleva el viento, nos encontramos con hechos tales como los descritos en nuestra lección 1ª sobre urbanismo majorero, en lo relativo a la construcción en suelo rústico y que reproduce el periódico La Provincia en su edición del Domingo, en el articulo titulado Las constructoras se lanzan a la compra de suelo rústico 25/02/07
Nuestra sorpresa no puede ser mayor ya que nos encontramos en la duda sobre lo siguiente: ¿Es que Pérez Moreno, Lopesan, Satocan, Inmobiliaria Betancor, Félix Santiago o a nivel local Pata de Cabra (Claudina y sus hermanos), Temejereque, Marichal, Maxodiver, Cororasa, grupo Tindaya, etc. quieren diversificar su actividad, e introducirse en el mercado agropecuario? ¿O que en un gesto de patriotismo, en consecuencia con los objetivos marcados por las Leyes Canarias y tan activamente perseguidos por los poderes públicos, quieren preservar ese suelo, y lo compran para congelarlo y apartarlo del proceso urbanizador? ¡Pues NO!
Como se admite en ese artículo “reconocen que se trata de un negocio rentable, ya que en estos momentos el precio del metro cuadrado de suelo rústico oscila entre los 12 y los 60 euros, mientras que el metro de suelo urbano está sobre los 3.000 euros”. "Es una política de inversión, no exenta de riesgos, pero que las grandes constructoras pueden asumir con holgura. Es decir, buscan la plusvalía de la reclasificación. Que como se ve es incluso mas rentable que el 15 por ciento de beneficio industrial, que teóricamente obtendrían de la actividad constructiva. Una parcela de suelo de 100 m2 le puede costar 6.000 € y reclasificado su valor seria de 300.000 €, según sus cálculos. Aquí es donde está la perversión del sistema de Ordenación Territorial.
Es un sistema a la medida de los especuladores. Según ésta la clasificación de suelo como rústico se hace para preservarlo del proceso urbanizador por sus especiales valores, agrarios, ambientales, paisajísticos, etc. Esa protección teórica hecha en el planeamiento, no va seguida de ninguna acción de apoyo que realce ese valor que se le ha dado. Simplemente se impide o limita fuertemente el uso del mismo a sus propietarios, incluso para la actividad agraria.
Los propietarios de suelo oriundos (los nativos majoreros), se deberían de proteger (ellos y sus terrenos) al ser una especie en extinción, sin embargo, son perseguidos sistemáticamente por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Prácticamente toda actividad sobre el suelo es considerada ilegal. Cualquier uso pasa por solicitar Calificación Territorial, no una licencia simple en el Ayuntamiento. Hoy en día se exige Declaración de Impacto Medio Ambiental, y exposición pública. Si no se resuelve a tiempo, el silencio es Negativo. Levantar cortavientos, vallar para impedir la entrada de animales o personas, levantar o arreglar un muro que contenga un talud, arreglo de gavias, rehacer una pared, se vuelve una odisea. Y no digamos la construcción de un invernadero o un almacén agrícola.
La actividad residencial está simplemente prohibida. Las zonas de asentamiento bloqueados por la Ley de Directrices. Cualquier trasgresión te puede costar un riñón. Hasta arar se ha vuelto peligroso.
Contrasta esto con la facilidad, el interés y la diligencia con que se actúa ante una recalificación, sobre todo si ésta es promovida por una de las grandes constructoras amigas y con el visto bueno del "gallego del cabildo" que mas sabe de urbanismo en éste planeta (él es el único que se lo cree). El sistema está inventado con el fin de arrebatar el suelo a sus actuales propietarios para que los CONSTRUGOBERNANTES consigan un mayor beneficio.
Todo esto tiene un nombre, CORRUPCIÓN. Las leyes del Territorio parecen hechas para eso y lo peor de todo es que no vislumbramos soluciones al problema generado por unos insaciables especuladores... ¿alguien piensa que Blas Acosta lo va a solucionar?...
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/
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Brillante
ResponderEliminarINCREIBLE, ESCANDALOSO PERO CIERTO.
ResponderEliminarLLegan épocas electorales, se nota. Las campañas cuestan lo suyo y hacen falta apoyos y ATI-CC ha decidido buscarlos. Y la busca en el sector de la construcción y en el turistico. ¿Por que será?. Asombra la cantidad de iniciativas legislativas que son capaces de parir para favorecer a los de siempre. Declaraciones de Interes General para algunos empresarios (en eso coincide con el PP), da lo mismo que esten en el ojo de mira de los jueces. Ahora le toca a La Moratoria, la Ley de directrices, hay que retocarla para permitir Legalizar establecimientos (que no eran legales, se supone). Contrasta eso con la negativa a cambiar la ley para regularizar algunas viviendas unifamiliares. y es que esa misma ley es la que pone cota a los asentamientos rurales o agrícolas necesarios para ello.
Aunque hay una coincidencia, en la prisa. Tienen la misma prisa que para tirar Hoya Pozuelo.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=48110
Leer este artículo
ResponderEliminarLa falta de suelo mantendrá al alza los precios de la vivienda en Canarias
y analizarlo bajo el prisma de Leccion 1 de urbanismo
La estrategia corrupta de los politicos corruptos de canarias funciona "ESTAN ORDEÑANDO EL TERRITORIO" y encima, no pagan impuestos gracias a la RIC.