Ródenas, Padrón y Fernández participaron esta semana en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, donde debatieron la “supresión de convenios”. Nosotrxs lo tenemos claro, o Viviendas de Protección Oficial, o demolición.
El Tribunal Supremo (TS) desestimó hace más de un mes el recurso presentado por la empresa ‘Nombredo SL’ contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que determinó en octubre 2006 la ilegalidad del Plan Parcial SAU 12 – Casas de Majanicho.
El catedrático de Arquitectura Legal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, señaló que la sentencia no dice qué pasara con las viviendas construidas. Añadió que el TS está “intentando colaborar” con el Ayuntamiento de La Oliva para minimizar el impacto y que le ha informado de que tiene que adoptar acuerdos, pero que “hasta donde tengo conocimiento, la Sala no se ha dirigido todavía al consistorio para que ejecute la sentencia”. Sobre este tema, el magistrado Rafael Fernández, destacó la problemática de la suspensión de los planes parciales, cuando el terreno ha sido edificado con anterioridad. Declaró que es “el problema que se ha quedado colgado de la brocha y le han quitado la escalera”, y que “hay que ser imaginativos y buscar unos instrumentos que en la medida posible legalicen ciertas situaciones”.
Fernández indicó que “hay que tratar de conservar lo que se pueda”, que los convenios de gestión urbanística son un buen instrumento para conseguir un acuerdo entre la Administración, los perjudicados y los titulares de las edificaciones "que pueden estar en una situación de ilegalidad", y que hay que tratar de conseguir, con las debidas compensaciones, algún tipo de acuerdo pactado para buscar una solución que no pase por el derribo.
Padrón recordó que "fue la anterior alcaldesa, Claudina Morales, quien decidió no recurrir. Quien recurrió al Ayuntamiento fue la promotora y lo perdió. Ahora toca ejecutar la sentencia". En materia de planeamiento, señaló Padrón, las islas orientales se caracterizan por la inseguridad jurídica. Por eso instó al Gobierno de Canarias a que destine más fondos "al ordenamiento de aquellos sitios donde la situación es preocupante, que son los municipios turísticos".
Desde Fuerteventura Limpia pensamos que la única justificación para evitar el derribo es que dichas viviendas pasen a ser Viviendas de Protección Oficial, ya que en caso contrario se estaría incentivando las construcciones ilegales, a sabiendas de que éstas no se derribarán. El daño ya está hecho, sí, pero la compensación la debe percibir la sociedad, y en concreto los más desfavorecidos, es decir, aquéllos que construyeron las casas: las clases populares.
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Y el fiscal dice que hay 5 casos por delitos de prevaricación urbanística en Fuerteventura "no vienen dados por la falta de planeamiento, ni por los políticos"
ResponderEliminarme parece buena la propuesta: viviendas de protección oficial, o demolición. saneamos las cuentas del ayuntamiento, damos casa a la juventud majorera que se quiera independizar, y le damos una patada en el culo a los especuladores
ResponderEliminarDespués una persona tiene una casa de más de 50 años al lado de la costa y se demuele o tienes un cuartito que lo hiciste sin permiso para poner las herramientas y te lo demuelen. Pero eso si, si haces una urbanización ilegal no pasa nada que es un hombre de dinero y se le respeta y si desea construir otro complejo no pasa que si el Plan Insular se lo prohíbe se cambia que así nos llenamos bien los bolsillos. Que bonito, esto demuestra que estamos hiendo por un sistema político incorrecto como debemos cambiar el modelo económico, entre otro asuntos. Basta ya de abusos y vamos a construir una España donde la justicia sea justa.
ResponderEliminarTirarlos y devolver a su antiguo estado a la zona, sería lo más correcto. Ya hay suficientes casas vacías en el casco urbano de corralejo como para reconvertirlas en viviendas de protección oficial. El único problema es que no hay dinero para ejecutar esa recuperación de la zona.
ResponderEliminarApostar por dejar esas viviendas, aún siendo de protección oficial, conllevará la necesidad futura de elementos básicos como transporte, sanidad, alimentación, y empresas varias que se instalarán en la zona y la ampliarán.
Sin duda es una propuesta muy interesante, más aún si el ayuntamiento puede cobrar por esas viviendas. Pero nos enfrentamos al problema del excesivo consumo de suelo y sin planificación que estamos cometiendo en la isla. Es precisamente ese suelo salvaje y árido, con sus ratos de soledad, lo que hace atractiva nuestra tierra.
Aún pensando esto, es cierto que no queda otra solución en el contexto actual. Como siempre, hay que escoger lo único que nos queda y nuevamente llegamos tarde. Por otro lado, podrían los responsables del ayuntamiento en conceder esas licencias ilegales, pagar la restauración de la zona, y pasar en un tiempo en las nuevas cárceles, que sus compañeros de partido proponen en la isla vecina.