En Canarias se demandan 9.729 viviendas de carácter social, mientras que hay disponibilidad de suelo para un total de 3.600, según consta en el informe sobre 'Demanda de vivienda social en España y suelo disponible para la promoción de nuevas viviendas sociales'.

En este estudio, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se refleja que Canarias se encuentra en posiciones bajas respecto a otras comunidades en ambos indicadores, demanda de vivienda social y disponibilidad de suelo para la misma. En sus resultados, el informe fija en 760.000 la estimación de demanda de vivienda social para los próximos cuatro años en todo el Estado. En las islas, quedaría sin cubrir una demanda de 6.129 viviendas, en base a la diferencia entre demanda de viviendas y disponible para estos fines.

Según esta estimación, la demanda efectiva en el Estado español podría rondar las 190.000 viviendas sociales al año, con una presión relativamente más intensa en los grandes núcleos urbanos que han vivido un rápido proceso de expansión durante estos últimos años y han visto crecer hasta valores muy altos los precios de la vivienda libre.

Sobre estos datos generales, el texto llama la atención sobre la posibilidad de que un porcentaje de entre un 25 y un 35% de la población podría ver satisfecha su necesidad con el parque de viviendas vacías existentes, y fomentando la vivienda en alquiler.

Entre las comunidades con más demanda aparecen Navarra (20.400), Castilla y León (21.516), Castilla La Mancha (23.922), Galicia (23.500) y, ya a mayor distancia, el País Vasco, con 43.153 viviendas demandadas. Mientras, en los puestos bajos se encuentran Extremadura (10.512), Canarias (9.729), Asturias (6.222), La Rioja (5.746), Islas Baleares (3.000), Ceuta (2.500), Murcia (2.408) y, finalmente, con la menor demanda de España, Melilla (1.205 viviendas sociales).

El informe detalla que el patrimonio de suelo disponible en las empresas públicas municipales y regionales, así como en Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas -sin considerar el patrimonio correspondiente a la Administración General del Estado- permitiría la edificación de, aproximadamente, 225.000 viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años; de este total, los Ayuntamientos y agentes municipales disponen de suelo para 150.000 viviendas protegidas y las Comunidades Autónomas para otras 75.000. El estudio subraya que esta cifra corresponde exclusivamente a "suelo realizable", es decir, los terrenos que, dada su situación o grado de desarrollo, podrían ser susceptibles de acoger la edificación de viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años.

La demanda de vivienda protegida nueva se verá claramente insatisfecha, debido al bajo ritmo de iniciación de este tipo de viviendas desde mediados de 2007, ya que las iniciadas en 2009 no se adjudicarán hasta 2011, las iniciadas después del verano de 2007 se ofertarán en 2009, las iniciadas en 2008 en 2010. Casas sin gente, gente sin casa.

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