Desde que el bajón de la construcción ha hecho mella en el llamado capitalismo popular del ladrillo, cuyos efectos son mucho más estructurales que cual otra crisis, numerosas empresas han tenido la necesidad de cerrar o despedir empleados de forma más o menos legal. Ejemplos de ello encontramos en toda la isla.

En concreto, las cientos de inmobiliarias que minaban y especulaban con el suelo majorero han ido migrando hacia rincones más suculentos, como Cabo Verde, cuyo futuro tampoco es muy alentador. También las personas que han comprado varios inmuebles creyendo que los vendería a precio de oro, se han dado cuenta que si no los alquilan no podrían hacerse cargo de los gastos de mantenimiento. Los bancos por su parte, no entienden de esperas, y los hipotecados clientes han tenido que cambiar el rótulo de sus propiedades de “Se vende” a “Se alquila”.

En el plano político se observa que el objetivo del Gobierno del PSOE es resolver mediáticamente el problema de la vivienda.

A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con una limitada repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus verdaderas causas. Gestos como la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin capacidad ni autonomía para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que el gobierno central mantiene competencias-, el inmediato Plan de Choque (2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de Vivienda (2005-2008) -continuista de los de anteriores gobiernos, aunque con más asignación de fondos-, la nueva Ley del Suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP, y que en el pasado tampoco evitaron la especulación-.

Tradicionalmente el gasto de la política pública de vivienda ha ido destinada a sostener la actividad del sector de la construcción subvencionando la edificación y compraventa de viviendas, y la concesión de obras públicas como pedían desesperadamente hace días. Este gasto se ha canalizado principalmente a través de las injustas e ineficientes desgravaciones fiscales por compra de vivienda en el IRPF, que terminan en el bolsillo del promotor/vendedor.

Animamos a los lectores a señalar las inmobiliarias que han echado el cierre. A nivel estadístico y económico es muy sintomático.

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