El juez del Caso Baku ha rechazado, según hemos podido saber, el archivo de la causa solicitada por una parte de los concejales imputados en dicho caso, siendo la consecuencia la imputación para la corporación de 2003, fruto del pacto CC-PSOE, por la extensión temporal de la comisión presuntamente delictiva, y por ser ésta la que concedió la licencia de construcción.

Otra corporación al banquillo.

Claudina Morales, actual alcaldesa de La Oliva, tendrá que prestar declaración ante el TSJC al estar aforada por su condición de Diputada Regional. A su vez, la primera teniente de alcalde de la corporación que presidía Claudina, Rosa Fernández, tendrá que declarar en Madrid, en el hipotético caso de que salga elegida senadora en el próximo 20-N.

La historia. Domingo González aprobó a finales de 2.002 el expediente administrativo de adjudicación, es decir el pliego administrativo del concurso; y en abril de 2.003 el proyecto básico de las obras del parque BAKU, el cual fue aprobado por acuerdo plenario por unanimidad. A consecuencia de ello, están imputados los trece concejales que votaron a favor (8 del PP, 3 del PSOE, 2 de CC) y 3 técnicos.

Carmelo Calero de León presentó, como representante de ADF, una denuncia por indicios racionales de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos, ya que eximieron a la empresa constructora del pago del ICIO y tasas urbanísticas y por el cual dejaron de ingresar en las arcas municipales aproximadamente un millón de euros. Esta causa, el juez no la ha archivado, como solicitaba una de las partes.

En su lugar, lo que ha solicitado el juez es citar a declarar a todos los concejales de la corporación de 2003 pertenecientes al pacto CC-PSOE (lo que únicamente excluye a Jose Luis López) que votaron a favor de la concesión de la licencia de construcción del Centro de ocio BAKU.

(*) Artículo relacionado: Caso Baku: ¿Qué pasa con Claudina?

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La viceconsejera hizo hincapié en lo “costoso” que supone para Canarias el petróleo frente a las energías eólicas así como el interés de la Consejería en sacar adelante las energías renovables para que el Archipiélago “gane en autosuficiencia energética”, lo que le permitiría cumplir con los objetivos del Plan Energético de Canarias.


Por el momento, el 93 por ciento de la energía que se produce en las Islas se cubre utilizando sólo petróleo mientras que el siete por ciento restante procede de renovables. “A nadie se le escapa la gravedad de esta situación”, remarcó la responsable.

De hecho, producir energía en Canarias cuesta más caro que en otra comunidad autónoma por las circunstancias físicas del Archipiélago, un sobrecoste que “lo pagan todos los españoles con sus impuestos”, cuantía que cifró en 1.029 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, a partir de 2013 este coste de más se pagará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que “obligará a Canarias a producir o diversificar nuestras fuentes energéticas”, insistió.

Por ello es, a su juicio, “tan importante” conseguir que las Islas alcancen el 30 por ciento de energía eólica en red en 2016, para lo que se hace imprescindible, a su vez, contar con un sistema de bombeo, ya aprobado por el Ministerio, que permitirá, en el caso de salir adelante, “la creación de hasta 15.000 empleos”, aseguró la vicenconsejera, quien remarcó que “va a ser el tirón que saque a Canarias de la crisis económica”. De hecho, en su opinión, “va a bajar la tasa de desempleo y va a cambiar Canarias”, añadió.

Francisca Luengo insistió en que las energías renovables son “el futuro de las Islas” y que “es una obligación para nosotros, la única alternativa, puesto que ahorraremos, aparte de obtener ventajas medioambientales”, indicó.

Ya no sólo son los sueldos, dietas y demás prebendas, sino toda una serie de mecanismos que les permite mantener a su pesebre con el estómago bien lleno, vía cargos, carguitos, puestos de confianza u otros eufemismos que definen a esta casta política separada cada vez más de la sociedad civil.

Mientras los problemas económicos del Estado español se agudizan, con un desempleo que podría alcanzar en breve la fatídica cifra de 5.000.000 de personas, la hiperinflada plantilla de profesionales de la política disfruta de toda suerte de lujos con cargo al contribuyente. Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales...

En consecuencia, una vez firmado el pacto entre CC-PSOE, lo primero que se llevó a cabo fue el reparto de enchufados que corresponderían a cada partido en el Cabildo, así mostramos en un artículo nuestro los 17 primeros contratos de confianza realizados, así como sus remuneraciones, según la categoría laboral en la que iban a ser encuadrados.

Pues bien, recientemente nos hemos enterado de que Rosa Fernández, la zamorana, ha sido debidamente recompensada por su fracaso electoral en el municipio donde estuvo de alcaldesa, con un cargo de 'asesora' en el Cabildo de Fuerteventura, gracias al amigo Blas Acosta, siempre dispuesto a acoger a los perdedores de todas las batallitas.

También el perdedor socialista en Tuineje, Pedro Sosa, ha sido debidamente recompensado por su compañera de partido y agrupación Rita Díaz, como persona de confianza dentro de la primera institución insular, para así ir completando la lista de enchufados, en función del número de consejeros que el PSOE aporta al pacto en el cabildo.

Pero los resultados electorales ya no importan para mantenerse en la política, al menos, mientras sigan percibiendo jugosas subvenciones. Es la teoría y práctica de Juan Jiménez, que ha propuesto subvencionar a un pintor alemán residente en la isla para que exponga sus obras en Argentina, con viaje de ida y vuelta a cargo del erario público. Eso es patriotismo, y lo demás tonterías.

No creemos que Mario Cabrera, aunque esté de baja médica con lumbago vaya a transigir con semejante altanería y lo vaya a autorizar.

Artículo relacionado: El pacto CC-PSOE enchufa a 17 personas en el Cabildo

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Uno de los herederos de la familia Del Castillo Carreras pone de manifiesto el incumplimiento del Ayuntamiento de La Oliva, al tiempo que reclama los terrenos o una indemnización por el valor de mercado. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario ha admitido a trámite la demanda, y la ponemos a disposición de nuestros lectores:

Dos herederos de las familias que donaron al Ayuntamiento de La Oliva hace 28 años una finca de 326.000 metros cuadrados para que se cedieran solares a los vecinos de El Cotillo y El Roque reclaman ahora parte del suelo al considerar que el Consistorio majorero ha incumplido las estipulaciones del contrato de donación.

Se da la circunstancia de que en el suelo que se requiere se ha levantado gran parte del pueblo de El Cotillo. Todo apunta a un nuevo caso como el casco viejo de Corralejo.

Información complementaria: La Provincia 29/09/2011
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La vida de Casimiro Curbelo transcurría plácidamente entre su cortijo gomero y la capital del Reino de España, donde ejercía como senador del PSOE por la isla colombina, hasta el pasado mes de julio. Pero el monumental escándalo protagonizado por el político y su hijo Aday, primero en un prostíbulo de la capital del que tuvieron que ser expulsados por su actitud agresiva y provocadora, y luego en la comisaría a la que acudieron para exigir "revancha", lo puso repentinamente en el punto de mira de los medios de comunicación.

El interés por los asuntos relacionados con la actividad del barón del PSOE que afirmó estar dispuesto a "mearse en las putas" se disparó, y algunos periodistas indiscretos comenzaron a investigar los rumores que hablaban de su abultado patrimonio. El resultado de estas pesquisas no puede resultar más revelador. El periodista Javier Chicote logró certificar la existencia de 26 propiedades inmobiliarias registradas a nombre de Curbelo y tres empresas que controla junto a su esposa Remedios Montañez.

En San Sebastián de la Gomera Casimiro Curbelo disfruta de un fastuoso piso de 256 metros cuadrados, situado justo encima de sede de la Administración Tributaria Insular. Curbelo y su esposa lo compraron en régimen de gananciales en julio de 2002 y no está hipotecado. Su valor actual supera el medio millón de euros. El matrimonio posee, asimismo, otros apartamento de 60 metros cuadrados. En la calle Profesor Armas Fernández, donde se encuentra la sede del Gobierno insular, Curbelo tiene además un local comercial de 70 metros cuadrados adquirido en julio de 2007. En ambos edificios, el político psocialista suma siete plazas de garaje y cinco trasteros, escriturados entre los años 2000 y 2007.

Junto a su esposa, Curbelo también controla tres empresas –dos constructoras y una inversora- que, a su vez, suman otras nueve propiedades inmobiliarias, siete en la isla de La Gomera y dos en Tenerife, un piso de 110 metros cuadrados y un garaje con trastero, sitos en San Cristóbal de La Laguna. Se trata de las empresas Chewy West S.L., Argamul Gomera S.L. y Caculago Gomera S.L., todas domiciliadas en el piso de 256 metros cuadrados antes mencionado. Las dos primeras fueran dadas de alta el 16 de enero de 1998 y la tercera el 25 de noviembre de 2003. Según las investigaciones realizadas por Chicote, estas tres sociedades no presentan cuentas en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2007, a pesar de que se encuentran obligadas a hacerlo por ley. "Coincidiendo con las primeras acusaciones de un posible enriquecimiento ilícito y algunas pesquisas de la Fiscalía - apunta el periodista - Curbelo prefirió no volver a presentar las cuentas en el Registro Mercantil".

Según información de este mismo registro, Chewy West se dedica a la “Compra, venta arrendamiento de todo tipo de bienes; promoción, ordenación y parcelación de terreno, la construcción en el más amplio sentido de la actividad”. A cierre de 2007 tenía contabilizados 889.000 euros en activos, la mitad en “inmovilizaciones materiales” y la otra mitad en “financieras”. El presidente del Cabildo de La Gomera es el administrador único de Chewy West, así como de Argamul Gomera, dedicada a la “realización de inversiones de carácter mobiliario o inmobiliario”. Argamul Gomera suma en activos la cifra de 1.149.842 euros, de los que casi 900.000 euros están en inversiones financieras. Finalmente Caculago Gomera, que posee dos inmuebles en la localidad gomera de Vallehermoso, registra unos activos de 17.511,20 euros. La administradora única de esta empresa es la esposa de Curbelo, Remedios Montañez, y su objeto social abarca desde la creación de otras sociedades hasta actividades relacionadas con el transporte. Las tres son, en cualquier caso, sociedades estrictamente patrimoniales destinadas a la tenencia de bienes, sin un solo empleado ni actividad comercial conocida.

Pero la lista de propiedades del ex senador Curbelo no se circunscribe al ámbito isleño. Más allá del Archipiélago el líder gomero del PSC-PSOE posee también una lujosa vivienda de 100 metros cuadrados y una plaza de garaje en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, que adquirió en junio de 2004.

Aunque varias de las 26 propiedades que acumula Casimiro Curbelo no han podido no han podido ser valoradas por la negativa del Registro a proporcionar información sobre las mismas, un cálculo efectuado a la baja cifra la fortuna del político psocialista en más de 3,5 millones de euros. Es decir, más de 582 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, según el abogado gomero y ex diputado del PSOE Alonso Trujillo la cifra real podría ser muy superior "Quizá - sostiene Trujillo - nos llevemos una sorpresa si afloran a la transparencia una decena más de millones, que se presumen sumergidos en los paraísos fiscales”.

Trujillo no tiene pelos en la lengua a la hora de referirse al caudillo de La Gomera. "Se trata - afirma este ex del PSC-PSOE - de una persona que abochorna a la democracia y a todos los gomeros”. “Al señor Curbelo- continúa el abogado - lo llevé yo al partido de la mano, ingresó en el PSOE en las elecciones de 1983 cuando se presentó a la alcaldía de San Sebastián porque ninguno de los compañeros del partido quería encabezar la lista y a partir de ahí se manifestó como un discípulo aventajado de la corrupción”.

Casimiro Curbelo renunció a su sueldo de presidente del Cabildo cuando obtuvo por primera vez el acta de senador, en 1993. Un cargo por el que cobraba, cuando se vio obligado a renunciar el pasado julio, unos 3.500 euros mensuales brutos más 1.800 para gastos y alojamiento. Tras dimitir de la Cámara Alta por el escándalo provocado en su particular juerga madrileña ha pasado a percibir 5.512.79 euros del Cabildo Insular. Queda por aclarar, pues, la manera en la que el psocialista ha conseguido convertirse en todo un potentado, propietario de un considerable capital inmobiliario, contando exclusivamente con este salario. O quizá no sea necesario... 

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