El beneficio que, en principio, supone para los ciudadanos y ciudadanas poder movernos más, lleva consigo costes ambientales y sociales cada vez más evidentes. El actual modelo de transporte de mercancías y personas es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medioambiente: contaminación atmosférica, contaminación acústica, accidentes...
Por otro lado, el transporte motorizado en todas sus formas, es el responsable de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con incrementos del 50 por 100 en sólo una década, entre 1990 y 2000. La propia Comisión Europea ha dado la voz de alarma y ha señalado la necesidad de establecer medidas para reducir estas emisiones, como la eficiencia energética o la disminución del transporte privado a favor del transporte público como el ferrocarril o las guaguas. Sin embargo, las medidas que ponen en práctica las Administraciones tratan de mantener las mismas políticas que han conducido a la insostenible situación actual: potenciación del vehículo privado e incremento del precio de las guaguas sin parar en un par de meses – ¡¡el tramo Puerto del Rosario-Corralejo [i/v] se ha situado en los 5.80€!! Cobran 4€ de Puerto a Gran Tarajal... ¡¡y el que quiera ir a Cotillo debe pagar 3.75€!! –, a pesar de las cuantiosas subvenciones a TIADHE por parte del Cabildo.
Dichas subvenciones llegan a la cantidad de 1.209.000 euros, cantidad que proviene de los fondos propios del Cabildo y del convenio contrato/programa firmado con los gobiernos estatal y autonómico. El pago del emolumento se hará en tres anualidades: 2005, 2006 y 2007.
El transporte urbano en nuestra isla es un claro exponente de la poca conciencia ecológica y la falta de un planteamiento económico: frente al incremento continuado de los desplazamientos en vehículos privados y a los numerosos problemas planteados por el tráfico, las únicas medidas puestas en práctica han sido la extensión de los aparcamientos públicos (zona azul) y privados.
Paralelamente, aumenta la construcción de centros comerciales en la periferia de la isla, cuya existencia es gran medida dependiente del coche particular. A pesar de ello, en los últimos años no se ha mejorado suficientemente de forma simultánea el servicio de guaguas, que permita ser una alternativa eficaz y eficiente al transporte individual.
Los costes extraordinarios del transporte majorero desvían claramente la inversión hacia el coche privado, con un coste más alto a largo plazo. Una tarifa equitativa y una buena regulación son esenciales para el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental frente a la contaminación del transporte privado y la movilidad por la isla.
TIADHE: Ño! Qué precios (más caros)
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Es claro que Canarias no es un ejemplo en lo que se refiere a la gestión de espacios protegidos. Se hicieron dos leyes de proteción bastante lúcidas y oportunas, pero nunca se ha llegado al fondo de los derechos de los propietarios de espacios protegidos ni del potencial de Uso y Gestión que pueden y deben tener esos espacios protegidos. Se protegen sobre un plano y se olvidan. La multiplicidad de competencias concurrentes y el confuso proceso de traspasos o delegaciones de competencias hacen del territorio protegido un asunto difícilmente inmarcesible.
Desde hace años las administraciones públicas son taxativas en la prohibición, pero incompetentes en la propuesta concreta para poner en valor esos territorios protegidos. Eso se ha traducido en un extrañamiento de los ciudadanos, sobre todo los vecinos de esos lugares protegidos que observan el futuro como una nube siempre gris y llena de pesimismo.
Paradigma del mal hacer ha sido el Gobierno insular del señor Soria. Con presupuesto excedente, no tuvo tiempo ni ganas de atender esos espacios con las medidas pertinentes. Y si no le son exigibles ideas brillantes que no se pueden esperar del hoy vicepresidente del Gobierno, sí era su obligación arbitrar los medios que tenía en su presupuesto para que las cumbres de la isla no estuvieran desantendidas: debido a la escasez de lluvias, la cobertera vegetal tenía tal grado de sequedad, y la ausencia de medidas preventivas contra el fuego eran tan alarmantes que sólo la suerte nos hubiera librado este verano de una desgracia. La suerte que no tuvimos.
¿Se pudo evitar? Nadie lo puede aseverar. ¿Se pudo hacer más? Sin duda, el Cabildo pudo hacer bastante más. La vertiente positiva de la desgracia la han puesto los líderes políticos actuales, José Miguel Pérez, desde el Cabildo, y Paulino Rivero, desde el Gobierno. Ambos se han felicitado con razón del buen funcionamiento que ha tenido la coordinación entre estos dos niveles de lo público con el Estado, que ha contribuido de modo decisivo para que el terrible incendio no tuviera peores consecuencias.
Extraído de Canarias Ahora
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Con total pasividad y resignación, sin asombro ni escándalos, la sociedad ha aceptado el papel de mero espectador en este sistema mal llamado democrático. La gente se ha ido a su casa a ver la televisión y a jugar con la play, dicen los sociólogos, dejando para una minoría, pero muy minoría, la batalla social en asociaciones, organizaciones, partidos y sindicatos.Los dueños de la democracia se regocijan con la apatía y el desinterés de las mayorías, al fin y al cabo, para cambiar una realidad primero hay que conocerla, analizarla y luego combatirla junto a miles de personas, y nada de eso parece estar ocurriendo.
De momento, el teatro exige votar entre opciones casi similares que han aceptado el actual marco con devoción y sin rechistar, por aquello de cuidar las formas y mantener el entramado dotándolo de “legitimidad”, en una suerte de democracia de fachada pero vacía, es decir, la situación perfecta para las clases sociales dominantes. Observamos, por ejemplo, un tema aparentemente menor pero significativo como son los festejos de las organizaciones políticas que ganan elecciones, veremos en ellos a un grupo minúsculo de adherentes con banderitas en el salón de un Hotel o, en su amplitud, en la calle de la sede. Se trata de familiares, funcionarios agradecidos o a lo sumo el núcleo de amistad de los candidatos elegidos. Pero, ¿si votaron a esa opción porqué no salen a la calle a buscar a los suyos, a sus correligionarios para compartir la alegría del triunfo y que sus ideas van a gobernar?
La democracia cuanto más madura, cuanto más consolidada menos necesita de esas algaradas, nos dicen sus dueños. O lo que es lo mismo, la desilusión y la desafectación por todo lo que tiene que ver con la política es un fenómeno normal, natural y máxime en una sociedad de frigoríficos llenos. Algo así como que la política que la hagan los profesionales del asunto, la participación –con sus debates, polémicas y festejos- se les antoja a los dueños de la democracia como algo peligroso y que por tanto se vende como cosas propias de otra época.
Sin embargo, la acumulación de riquezas en pocas manos no es cuestionable, es moderno y dotado con tintes suficientes como para que sea causa de envidia no de odio de clase. ¿Dije odio? éste también es un concepto antiguo, desfasado, practicado por antisistemas, más propio de fanáticos extremistas, dicen ellos desde sus terminales de manipulación y asume la mayoría como una verdad absoluta, como en otros tiempos se aceptaba sin dudar “la palabra de Dios”.
¿Se puede hablar de democracia con un sistema participativo nulo? ¿con sindicatos subvencionados a falta de afiliados? ¿con partidos políticos sin militantes? ¿con una abstención del 40 por ciento en cualquier consulta electoral? ¿No queda devaluado el sistema, hasta cuestionar su propia legitimidad, ante el abandono de miles de personas de todo tejido asociativo? Por el momento, pareciera que este invento se asemejara a un globo, cuya única misión es crecer y crecer... hasta la explosión final.
Un artículo de Jorge López Ave para InSurGente.
Apliquémoslo a nuestra isla... y a dar guerra
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CC, PSOE y PP, participaron ayer en la comisión especial de planeamiento que se convocó para informar a las distintas formaciones sobre el contenido de la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente en relación a la concesión de 17 licencias en suelo rústico para construir 31 chalés en Puerto del Rosario, en el año 2002, "presuntamente" de manera irregular.
Dicha comisión fue elegida en abril de 2006 por el Ayuntamiento como lugar para estudiar políticamente el tema, como respuesta a una moción presentada por el PP solicitando la creación de una comisión de investigación.
Como en su momento informó el jefe de servicios de la consejería autonómica, se detectaron errores o discrepancias cartográficas en el Plan Insular de Ordenación territorial de Fuerteventura (PIOF). El consistorio ha reclamado estos datos en varias ocasiones tanto al Cabildo como a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, sin que hasta ahora los haya podido obtener. Los seis ayuntamientos majoreros llevan dos años reclamando al Cabildo la modificación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), por considerar que "algunas de sus directrices no respetan la realidad de los núcleos urbanos".
El fiscal de Medio Ambiente del TSJC, Guillermo García-Panasco, ha denunciado por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística a seis antiguos ediles, entre ellos el entonces alcalde Manuel Travieso, cuatro funcionarios y dos arquitectos de la corporación. El heredero del trono, tras el abandono “por motivos personales” de Travieso, el alcalde de rebote de Puerto del Rosario, Marcial Morales, no quiso hacer durante el día de ayer ninguna valoración respecto a la decisión del fiscal de Medio Ambiente del TSJC.
Quien sí ha hecho valoraciones ha sido el presidente de Coalición Canaria, Víctor Alonso, pero para criticar la «bajeza» de los socialistas de esa corporación por aventurarse a confirmar «la anulación de unas licencias en suelo rústico cuando aún no se ha pronunciado la justicia, que es la que en primera y última instancia tomará la decisión». En este sentido, Alonso calificó como «vergonzoso el clientelismo practicado por el Partido Socialista», pues hace un año «cuando mantenían un pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria en distintas instituciones de la isla no mostraban interés alguno en lo que ellos definen como una mala política urbanística de CC y, ahora, después de pasar a la oposición, son los máximos defensores de un asunto del que ya se encargará de aclarar la justicia y no el Partido Socialista» [Canarias7]. En resumen: “SI PACTAS TE CALLAS”
Por su parte, Iñaki Álvaro, portavoz de los socialistas en el municipio, expresó su preocupación por «el daño paisajístico que se producen con hechos de esta índole». Asimismo, ha manifestado su convicción de que las personas implicadas no actuaron por intereses económicos personales (¿...?), aunque lamentó que por su irregular actuación «ha hecho un daño medioambiental injustificable a Fuerteventura». [Canarias7] En eso estamos de acuerdo...
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
Marcial Morales, el alcalde de rebote.
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En esta monarquía bananera se siguen cerrando periódicos, se tortura a sospechosos, se condena sin pruebas, se ilegalizan partidos políticos, se encarcela a personas en situación administrativa irregular, se abusa de la prisión preventiva, se golpea a manifestantes desarmados... y se mantiene a un cazador de osos en la jefatura del Estado.
A la revista El Jueves, se la ha censurado por tocar a la familia real de una manera algo tosca pero sin duda, sin ningún tipo de menoscabo a la institución como afirma el juez Del Olmo.
Si el derecho al honor fuera defendido por los jueces españoles igual de a rajatabla con relación a toda persona, conocida o no, española o no, la cuestión del secuestro de El Jueves podría plantearse en otros términos.
Lo que falla es la aplicación del art. 14 de la CE, que dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Cierto es que hay otros artículos de la Constitución hablan del Rey, la familia real. De acuerdo. Pues establezcan claramente qué principio tiene más rango: si el de la igualdad de los ciudadanos o el de los privilegios regios sin olvidar en qué siglo estamos.
Lo que falla es la aplicación del art. 14 de la CE, que dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Cierto es que hay otros artículos de la Constitución hablan del Rey, la familia real. De acuerdo. Pues establezcan claramente qué principio tiene más rango: si el de la igualdad de los ciudadanos o el de los privilegios regios sin olvidar en qué siglo estamos.
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