Los casi ocho años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero han dado pie a que Banco Santander y PSOE hayan consolidado una relación comercial como clientes. Si en el pasado, este trato entre prestamista y deudor ya suscitó comentarios ante la opinión pública, el reciente indulto concedido el pasado viernes al consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, no ha hecho más que avivar el debate sobre la relación de intereses poco transparente que generalmente existe entre las entidades financieras y los partidos políticos.

El primer hito entre el banco y los socialistas que marcó el comienzo de la era de gobierno del presidente Zapatero fue la condonación de una deuda de 12 millones de euros que arrastraba el partido. El hecho salió a la luz en 2006 por la tarea de fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas para elaborar su informe sobre la financiación de los partidos políticos. Ese año, el PSOE pagó 3,8 millones de euros para cancelar un préstamo que obtuvo en 1987 y cuyos reiterados impagos y retrasos habían agigantado la bola del crédito.

El principio de la deuda se remonta a un préstamo de 1,6 millones de euros, concedido entonces a "a un tipo de interés muy elevado, del 15%, con un interés de demora del 19%", según explicó el propio Santander para justificar la cancelación de la deuda. Años después, en 1993, el banco "saneó la posición por importe del principal impagado y por 1,7 millones de euros en concepto intereses", hasta que en mayo de 2006 tuvo lugar la renegociación, por la cual el PSOE, tras dos años en el Gobierno, aceptó pagar 3,8 millones de euros para cancelar.

También por las mismas fechas, Zapatero recurrió al banco de Emilio Botín para financiar su primera inversión inmobiliaria lejos del Palacio de La Moncloa. Con la burbuja inmobiliaria aún en plena efervescencia, el presidente del Gobierno decidió comprarse una casa de veraneo en la localidad almeriense de Vera, residencia estival de otros muchos dirigentes del PSOE. El préstamo para comprar el chalet en cuestión, adquirido a un ciudadano extranjero y valorado en 440.000 euros, corrió a cargo del Banco Santander, como informó este diario.

El destino ha querido que el presidente del Gobierno haya resuelto su relación con el chalet en Almería al mismo tiempo que concluía su mandato al frente del país. Sólo cinco años después de la inversión en Vera, el dirigente socialista ha vendido su propiedad por algo menos de 300.000 euros, teniendo que asumir una pérdida de 160.000 euros, según publicó este diario el pasado mes de septiembre. El desplome del mercado inmobiliario, sobre todo el residencial de costa, hizo que tardara más de un año en deshacerse del chalet y asumiera pérdidas.

Esta última desinversión y la venta del piso que Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, tenían en el centro de León habían servido para financiar la construcción de la nueva vivienda, a las afueras de capital leonesa, que el matrimonio preparaba para su retiro tras abandonar la política. Aunque las obras del chalet están en marcha desde hace tiempo, no estará acabado para antes de un año, aunque por los planes de la familia no parece haber prisa. Al parecer, la resistencia de las hijas a dejar Madrid podrían aplazar la decisión del traslado.

Financiación y condonaciones

Durante estos ocho años de mandato socialista, la relación del Santander no ha sido la única que ha dado que hablar. También durante 2006, la entidad vizcaína BBK acordó la cancelación de una deuda de 21 millones de euros por una deuda arrastrada de mediados de los 80. Una situación similar ocurrió con los socialistas de Cataluña después de que su líder, José Montilla, diera el salto a Madrid como ministro. A finales de 2004, el PSC consiguió poner al día sus cuentas con La Caixa, operación por la que consiguió una quita de 7,1 millones de euros.

La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Por lo general, sus informes suelen ir con un desfase de tres años. Según los datos de 2006, las deudas que tiene el PSOE con entidades financieras supera los 60 millones de euros, mientras que las arcas del PP adeudan algo más de 30 millones. Sin embargo, se desconoce la relación de los acreedores. Sólo las cajas de ahorro, por sentar a políticos en sus consejos de administración, están obligadas a detallar esta información en sus reportes anuales.

Los préstamos y condonaciones de las entidades de crédito a los partidos era un marco alegal hasta el 2007 (no había regulación sobre ella) y secreta. Ni los bancos ni las cajas tenían la obligación de declararlos. La labor de fiscalización era posible sólo con la información que los propios partidos remiten al Tribunal de Cuentas, el cual se quejado siempre de esta situación, además de por los pocos poderes de investigación y/o comprobación a su alcance, pues se limita a constatar datos remitidos por terceros ante los que nada puede hacer.

Cuando se suele hablar de reforma electoral se suele hablar de la Ley de D'Hondt o la necesidad de listas abiertas. En Canarias no es que no existan listas abiertas o que la Ley de D'Hondt beneficie a los grandes partidos estatales, sino que además se dan una serie de perversiones adicionales que hace que el sistema sea un fraude a los ciudadanos.

✔ La magnitud media es el promedio de diputados por circunscripción (número de diputados/ por número de circunscripciones). Se estima que para que un sistema sea aceptable la magnitud media ha de ser al menos de 10. Cuanto menor sea la magnitud media peor representatividad y proporcionalidad tendrá el sistema.

Es decir, los diputados electos en Canarias son la mitad que el promedio del resto del Estado. Se estima que una democracia debe tener una magnitud media de como mínimo 10 para que se considere aceptable.

Canarias no sólo tiene la magnitud media más baja de todo el Estado, es que ni siquiera llega a los 10 que se considera como mínimo aceptable en las democracias occidentales. El número de diputados electos en Canarias es insuficiente para garantizar una correcta representación.

✔ El umbral efectivo se define como el % mínimo de votos que debe adquirir una fuerza para obtener un diputado. En Canarias es necesario adquirir el 8,2% de los votos para obtener representación, más del doble que el promedio del Estado que es del 3,9%.

En Madrid se saca un diputado con el 0,68% de los votos, en Catalunya con el 2,17% y en Euskadi con el 2,92%. En Canarias un diputado cuesta el 8,20% de los votos.

Además, se establece una barrera electoral que varía entre el 3 y el 5% de los votos según CC.AA. Es decir, para que una fuerza pueda tener representación en Andalucía o Cataluña debe superar el 3% de los votos. 

En Canarias, por el contrario, se establece la barrera más alta de todo el Estado con el 6%, el doble que en Andalucía o en Catalunya. Para que una fuerza pueda tener representación en Canarias debe superar el 6% regional. 

✘  Para que una fuerza pueda tener representación debe superar el 30% de los votos a nivel insular.

La doble barrera hace que formaciones con 1.500 votos obtengan un diputado y otras con 45.000 votos no obtengan ningún diputado al no haber alcanzado el 30% insular. También hace que formaciones con 45.000 votos no obtengan representación porque no alcanzan el 6% regional y ese diputado vaya a una formación que sacó tan sólo 20.000 votos.

Otra «perversión» del sistema es que somos la única comunidad autónoma con número de diputados par, todas las demás tienen número impar. El resultado es que la distancia a la mayoría no está en un diputado (lo normal) sino en dos. Y eso que todavía no hemos hablado siquiera de que la consecución de un diputado en Gran Canaria o Tenerife requiere 17 veces más votos que la obtención del diputado en el Hierro.

Tampoco hemos mencionado que Fuerteventura con 102.000 habitantes tiene menos diputados (7) que La Palma (8) con tan sólo 87.000 habitantes.

El sistema electoral canario es antidemocrático en grado sumo, continuista, que hiperfavorece a los grandes partidos y esto impide la renovación y el cambio al tiempo que genera corrupción y clientelismo.

(*) Fuente: Elaboración Mencey Macro + Elaboración propia.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com

Los aún responsables del gobierno socialista andan buscando donde fijar sus posaderas después del 20 N de forma que puedan simultanear sus incompatibilidades por excargo público, con la pertenencia a un consejo de administración bien remunerado para el resto de su vida.

Dejando para otros, las proclamas de reducción de los sueldos para funcionarios para así poder adelgazar el gasto económico de la administración pública. Todos tienen puestos sus ojos en las empresas eléctricas pues para eso han sido mimadas durante su mandato a golpe de subida de tarifas.

A continuación, el listado de algunos de los ex cargos públicos que figuran en nómina, a día de hoy, para empresas energéticas:

Descargar documento 1

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Lo lamentable es que, a pesar del expediente abierto mientras estaba en construcción, la obra continuó y se pudo acabar, contando en la actualidad con todos los servicios de agua y luz. Podría incurrir en un delito contra la ordenación del territorio por construirse su casa sin licencia municipal.

Además, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario – presidido actualmente por su colega de partido, Marcial Morales–, es la institución que incoa el expediente por carecer de licencia y que le ha tenido que expedir la primera ocupación para poder proceder al enganche y contratación de la luz con UNELCO y también del agua con el Consorcio de Aguas (CAAF), institución ésta presidida por Mario Cabrera.

La crisis económica y de modelo productivo (construcción y turismo) en Fuerteventura sigue manifestándose mes a mes, con la excepción de los trabajos temporales en verano. Si no fuera por la economía sumergida...

El paro registró un aumento de 353 personas en Fuerteventura en octubre de 2011 con respecto al mes anterior, lo que supone un 3,37 por ciento más y sitúa al número de desempleados de la Isla en 10.813 personas, respecto a las 10.460 registradas en julio, según los datos del Observatorio Canrio de Empleo y la Formación Profesional.

El Ayuntamiento de la Oliva, demandado por el caso del terreno del Centro de Salud de Corralejo, ha sido requerido por el secretario judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 para que remita los expedientes administrativos que se le han sido requeridos, en cuyo caso contrario se le impondrá una multa que ascenderá entre 300 y 1200 euros por cada 20 días de retraso.

El contribuyente, de nuevo, responde por los líos judiciales del Ayuntamiento de La Oliva.

MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com