La Audiencia de Cuentas encontró bastantes errores en la gestión económica del Cabildo de Fuerteventura dirigido en la legislatura anterior por el "nacionalista" Mario Cabrera: son un total
unos dos millones de euros los que tendrán que justificar, además se anotaron 25 excepciones al cumplimiento de la legislación en el ejercicio presupuestario del año 2004 y señaló sobre la situación económica financiera lo siguiente: “
no se ha podido emitir una opinión acerca de si sobre las cuentas del Cabildo a 31 de diciembre de 2004, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial”. Y fueron 33 las conclusiones que desgranó la Audiencia de Cuentas. Y de ellas, 25 se referían a cuestiones que no cumplieron a juicio de los técnicos con la legalidad vigente.
Durante la pasada legislatura el consejero de Hacienda era el socialista Domingo Fuentes, recordado por sus largas ausencias de su puesto de trabajo, ya que dedicaba su tiempo a su afición por la escritura. De la actuación llevada a cabo por la Audiencia de Cuentas de Canarias incluye "la fiscalización de legalidad o cumplimiento y la fiscalización económica-financiera, ambas con los siguientes objetivos":
a) Verificar si la actividad económica-financiera del Cabildo de Fuerteventura se ha desarrollado de conformidad a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación.
b) Comprobar si las cuentas anuales y demás estados financieros del Cabildo de Fuerteventura expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto, y si la información económicofinanciera se ha presentado según los principios contables que le son de aplicación. En el desarrollo del trabajo, se han detectado las siguientes limitaciones:
El Cabildo no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado. El último aprobado data del año 1993 (artículos del 17 al 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, y regla número 67 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local). En consecuencia, la valoración de los activos inmovilizados que figura en el balance no ha podido ser objeto de adecuada comprobación.
La corporación no efectuó la dotación correspondiente a las amortizaciones del inmovilizado material, ni consta que el Pleno fijara los criterios para su dotación. Como consecuencia de la falta de esa información, no se ha podido evaluar el defecto de amortización acumulada en el inmovilizado material registrado a 31 de diciembre de 2004, ni, por tanto, el efecto que la dotación a la amortización anual tendría en la Cuenta de Resultados. Como consecuencia de todo ello, no se ha podido evaluar su efecto sobre el Balance de Situación. Como consecuencia de las limitaciones al alcance expresadas en los dos puntos anteriores, no se ha podido emitir una opinión acerca de si las cuentas del Cabildo a 31 de diciembre de 2004 muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial”.
Además señalan que, “en el ejercicio fiscalizado se tramitaron y aprobaron cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 1,2 millones de euros. Estos expedientes contienen facturas que corresponden a un gasto para el que existía crédito suficiente y adecuado en el año en que se realizó la actividad, cuyo importe total asciende a 251.829 euros." Para este gasto no se debió tramitar el mencionado expediente.
Aquí viene lo bueno, ¿recuerdan la dudosa subvención concedida por Olivia Estévez para el Open de Golf de El Castillo? Pues no se han ingresado en la Corporación los fondos pendientes por importe de 345.103 euros que, en virtud del convenio de colaboración suscrito con los ayuntamientos de Fuerteventura y otras dos entidades para la celebración del torneo de Golf Open de España 2004, se comprometieron a aportar las partes firmantes. Tampoco consta que se haya realizado la reposición de los fondos de 19.550 euros que el Cabildo pagó el día 5 de septiembre de 2001 a la Agencia Tributaria como consecuencia de haber incumplido una diligencia de embargo que se le había notificado a la Corporación el 11 de junio de 2000, motivo por el cual la Agencia Tributaria declaró responsable solidario al Cabildo insular. Todo un portento de gestión económica la de estos socialistas al servicio del nacionalismo por la pasta. Que fácil es derrochar el dinero público, pero claro, Olivia no actúa de igual manera con sus supermercados, ya que los tiene bien alquilados a la multinacional NETTO.
Y aquí viene lo importante. “de lo expuesto en las tres conclusiones anteriores, se puede concluir la existencia de al menos algunas de las notas indiciarias de responsabilidad contable, cuya determinación corresponderá examinar, en su caso, al Tribunal de Cuentas del Estado". No consta que la Corporación insular dispusiese de la edición, en el primer cuatrimestre del ejercicio económico 2004, del texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos conforme a lo establecido en el artículo 17.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Figuran ingresos en el Presupuesto "sin que conste ordenanza fiscal o acuerdo plenario de imposición, lo que significa que carecieron de cobertura para su gestión". El Cabildo Insular no ha constituido el Registro de Personal, tal como se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de julio, "ni dispone de un estudio de valoración de los puestos de trabajo para el establecimiento del complemento específico, de manera que se regulen de forma objetiva las cargas de trabajo inherentes a cada puesto y las retribuciones correspondientes."
En los expedientes de personal laboral temporal, no hay constancia de la realización de la convocatoria correspondiente que acredite el cumplimiento de los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", así como el de publicidad, tal como establece el artículo 91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Por esa puerta se colaron las hermanas y familiares directos del Consejero de personal, Domingo Fuentes.
En relación con la contratación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones, se ha observado que el objeto del contrato se ha fraccionado con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación correspondientes. Este hecho comportaría un incumplimiento de lo regulado en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En siete de los expedientes analizados de subvenciones y transferencias corrientes recibidas, con un importe total reconocido de 401.460 euros, y en seis de los expedientes analizados de subvenciones y transferencias de capital, con un importe total reconocido de 2,7 millones de euros, se procede al reconocimiento del derecho a 31 de diciembre de 2004 sin que se hayan recibido los fondos y sin que se conozca de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.
Del extenso informe no podemos más que avergonzarnos de quienes son, o han sido, los responsables políticos de administrar los fondos públicos de la primera institución insular, y lo que es peor, nadie va a asumir responsabilidades por estos descarados hechos