Rescatamos para nuestros queridos lectores una entrevista publicada en La Nueva España, el 27 de enero de 2007 a Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo, ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nuestro profesor.
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
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...los profesores nos encontramos desamparados; con unos sindicatos incapaces de movilizar a un colectivo social que es creador de opinión.
A la falta de infraestructuras educativas como consecuencia del aumento poblacional, aún por resolver, se ha sumado éste curso la supresión de ciclos formativos en determinados institutos de la isla, así como la supresión de materias optativas en el bachiller, sólo por criterios economicistas.
A todo ello hay que sumarle el descarado desprecio de los responsables políticos de la consejería del ramo para con los profesionales de la enseñanza, continuamente enfrentados con el colectivo, cuando debería ser todo lo contrario. A nadie se le ocurre llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, del tipo que sea, sin contar con las partes interesadas, es decir con el colectivo de docentes.
- Los Directores de los centros educativos que actúan como si fueran auténticos dueños y señores de los centros escolares, donde según las nuevas atribuciones concedidas recientemente por el Gobierno de Canarias, tienen manos libres para actuar contra el profesorado, lo que les convierte en unos verdugos contra aquellos que osen llevarles la contraria, bien en los claustros o a nivel sindical, pasándoles factura luego a la hora de quitar o dar horas complementarias a su antojo, solo por simpatía personal, llegando al límite de existir centros escolares en la isla donde hay profesores que tienen 6 horas lectivas semanales y el resto complementarias. O que, en un profesor se acumule más de un cargo para que así tenga mayor reducción horaria. Claro está, y no hay que ser docente para entenderlo, todo lo que se le reduzca a un profesor se le incrementará a otro.
- Los Inspectores de Educación que actúan como auténticos comisarios políticos de Coalición Canaria, que para eso les han regalado la oposición. En la isla tenemos un claro ejemplo, de los tres inspectores que existen para los distintos niveles educativos, uno es ex-consejero del Cabildo por C.C., otro ex-candidato al Ayuntamiento de Puerto del Rosario también por C.C., y el otro un auténtico pelota de los distintos responsables que han pasado por la consejería.
Estos inspectores-comisarios políticos, tienen el descaro de no contestar a las numerosas denuncias que presentan los profesores, cuando estos se atreven a formularlas, sobre las irregularidades que detectan en sus centros respectivos.
Si actuaran como auténticos profesionales tendrían que velar por hacer cumplir la legalidad y no por darle siempre la razón a los directores de los centros. Estos señores son incapaces de plantarle cara a la consejería para manifestar con todo género de detalles y argumentos sociales, sobre cuáles son las verdaderas necesidades educativas de la isla y la precariedad de los centros escolares, así como la falta de dotaciones de materiales para los centros.
En definitiva, los profesores se encuentran desamparados; con unos sindicatos incapaces de movilizar a un colectivo social que es creador de opinión. Una oposición política enfrascada en sus luchas internas por mantener el puesto, a base de pasar de puntilla sobre los problemas de la sociedad, justificándose de vez en cuando con la presentación de una interpelación al Gobierno con el único fin de salir en los medios.
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"Nosotros creemos en la defensa como derecho constitucional, independiente, libre y digna. Un trabajo mal retribuido es un trabajo indigno y por ahí la abogacía canaria no va a pasar".
Los abogados de la provincia tinerfeña también temen que el Turno de Oficio acabe privatizándose. Muchos letrados tienen miedo a ser sancionados. Por su parte, el Turno de Oficio de Las Palmas anuncia un ''colapso judicial'' Se teme que el Gobierno de Canarias busque privatizar el Turno de Oficio con la nueva regulación de este servicio, que reduce los honorarios de los letrados entre un 20 y un 30%, mientras que otras asistencias dejan de cobrarse. Por este motivo han sido llamados a secundar una huelga encubierta los días 28 de octubre y 24 de noviembre.
La huelga anunciada por los letrados podría producir "un colapso general de la justicia, los juzgados de guardia se colapsarían, al igual que las comisarías, se pararían todos los procedimientos existentes en todas las jurisdicciones e implicaría otra vez un retroceso más en la celeridad de la justicia", argumentó Javier Monzón, Vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas.
A este respecto, pidió perdón a la ciudadanía canaria. "Entendemos que nuestra dignidad es su dignidad. Un trabajo mal retribuido es un trabajo indigno y si alguien es dirigido legalmente por un indigno también se va a sentir indigno. Vamos a empezar a hablar otra vez de justicia de primera y de segunda, de gente que tiene medios y de gente que no tiene", afirmó.
La convocatoria de Asamblea del Turno de Oficio, fue ayer día 22 de octubre, a las 19,30 horas, con arreglo al siguiente orden del día:
Los abogados de la provincia tinerfeña también temen que el Turno de Oficio acabe privatizándose. Muchos letrados tienen miedo a ser sancionados. Por su parte, el Turno de Oficio de Las Palmas anuncia un ''colapso judicial'' Se teme que el Gobierno de Canarias busque privatizar el Turno de Oficio con la nueva regulación de este servicio, que reduce los honorarios de los letrados entre un 20 y un 30%, mientras que otras asistencias dejan de cobrarse. Por este motivo han sido llamados a secundar una huelga encubierta los días 28 de octubre y 24 de noviembre.La huelga anunciada por los letrados podría producir "un colapso general de la justicia, los juzgados de guardia se colapsarían, al igual que las comisarías, se pararían todos los procedimientos existentes en todas las jurisdicciones e implicaría otra vez un retroceso más en la celeridad de la justicia", argumentó Javier Monzón, Vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas.
A este respecto, pidió perdón a la ciudadanía canaria. "Entendemos que nuestra dignidad es su dignidad. Un trabajo mal retribuido es un trabajo indigno y si alguien es dirigido legalmente por un indigno también se va a sentir indigno. Vamos a empezar a hablar otra vez de justicia de primera y de segunda, de gente que tiene medios y de gente que no tiene", afirmó.
La convocatoria de Asamblea del Turno de Oficio, fue ayer día 22 de octubre, a las 19,30 horas, con arreglo al siguiente orden del día:
- Informe de la situación actual de la negociación con la Administración.
- Valoración continuación o no de la Huelga.
- Nombramiento del portavoz que represente los intereses de la Asamblea del Turno de Oficio, en las futuras negociaciones con la Consejería.
POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO
En la foto: José Miguel Ruano León, el consejero responsableMÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
La Guardia Civil reprime una manifestación estudiantil tras la denuncia de la Jefa de Estudios, Carmen Tacoronte.
Fuente: La Provincia/Diario de Las Palmas
Una manifestación masiva de los alumnos del instituto de secundaria de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, terminó este viernes con la intervención de la Guardia Civil a instancias de la dirección del centro, que identificó a los jóvenes. El incidente se saldó con la advertencia de los estudiantes de denunciar a los agentes por faltarles al respeto, si éstos los acusan a su vez de desorden público.
Todos los alumnos del instituto de Gran Tarajal, 650 estudiantes, han salido a la huelga este viernes, manifestándose en el patio del centro hasta las 12:00 horas, cuando se presentaron varios agentes de la Guardia Civil pidiéndoles la documentación. El enfado de los alumnos del instituto Gran Tarajal es evidente, hasta el punto de que no reparan en enfrentarse a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, la directiva y jefatura de estudios del propio centro, o encararse a la Guardia Civil cuando los agentes les reclamaron sus datos personales para interponerles una posible denuncia por desacato a la autoridad o desorden público.
"Si los agentes de la Guardia Civil nos denuncian, también les vamos a denunciar a ellos, por faltarnos al respeto y llamarnos payasos", aseguró la estudiante Marta Ramos.
Los alumnos recogieron en tan sólo dos horas más de 600 firmas, entre las que también se incluían las de algunos profesores, que enviaron por fax a la Consejería de Educación "exigiendo que se restituya el profesorado que falta, que se impartan las asignaturas solicitadas, que se cumplan los horarios, y que el centro se gestione de una forma organizada y no caótica o improvisada como hasta la fecha", explicó Ramos.
La portavoz estudiantil anuncia una nueva huelga para el próximo viernes 23 de octubre. "Ya estoy preparando todos los papeles de solicitud para que la protesta sea totalmente legal, además contamos con el apoyo de muchos profesores, padres, y también se suma a nuestra causa y a la convocatoria de huelga, el Instituto Vigán".
Todos los alumnos del instituto de Gran Tarajal, 650 estudiantes, han salido a la huelga este viernes, manifestándose en el patio del centro hasta las 12:00 horas, cuando se presentaron varios agentes de la Guardia Civil pidiéndoles la documentación. El enfado de los alumnos del instituto Gran Tarajal es evidente, hasta el punto de que no reparan en enfrentarse a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, la directiva y jefatura de estudios del propio centro, o encararse a la Guardia Civil cuando los agentes les reclamaron sus datos personales para interponerles una posible denuncia por desacato a la autoridad o desorden público.
"Si los agentes de la Guardia Civil nos denuncian, también les vamos a denunciar a ellos, por faltarnos al respeto y llamarnos payasos", aseguró la estudiante Marta Ramos.
Los alumnos recogieron en tan sólo dos horas más de 600 firmas, entre las que también se incluían las de algunos profesores, que enviaron por fax a la Consejería de Educación "exigiendo que se restituya el profesorado que falta, que se impartan las asignaturas solicitadas, que se cumplan los horarios, y que el centro se gestione de una forma organizada y no caótica o improvisada como hasta la fecha", explicó Ramos.
La portavoz estudiantil anuncia una nueva huelga para el próximo viernes 23 de octubre. "Ya estoy preparando todos los papeles de solicitud para que la protesta sea totalmente legal, además contamos con el apoyo de muchos profesores, padres, y también se suma a nuestra causa y a la convocatoria de huelga, el Instituto Vigán".
SOLIDARIDAD URGENTE, ACTIVA, NECESARIA
FUERA LA POLICÍA DE LAS ESCUELAS
FUERA LA POLICÍA DE LAS ESCUELAS
[En contínua actualización]
[18/10] Los padres de los alumnos del IES Gran Tarajal estudian demandar a la dirección del centro tras los hechos ocurridos el viernes cuando los estudiantes decidieron manifestarse en apoyo a sus compañeros del ciclo formativo de grado medio y superior de gestión administrativa, que se saldó con la intervención de la Guardia Civil, que retuvo en un aula a unos 20 alumnos.
[20/10] La dirección del IES Gran Tarajal ha decretado la expulsión de cinco alumnos de distintos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que participaron el pasado viernes en la concentración que pretendieron realizar los estudiantes de este centro para reivindicar varias mejoras educativas.
[21/10]La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección Territorial de Las Palmas, ha resuelto la reincorporación inmediata de los cinco alumnos que fueron expulsados el pasado viernes del instituto de secundaria Gran Tarajal, a la espera del resultado del expediente informativo iniciado por la Inspección Educativa para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes
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La última memoria del Fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, presentada en el acto de apertura del año judicial, sitúa al Archipiélago canario a la cabeza de las Comunidades autónomas en casos investigados de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Según los datos del mencionado informe referidos a los delitos contra la Administración Pública, durante el pasado año los juzgados de las islas investigaron un total de 60 casos de presunta prevaricación.Los de Las Palmas incoaron 31 diligencias previas por la presunta comisión de este tipo penal, mientras que los de Sta. Cruz de Tenerife abrieron otras 29 diligencias. La Memoria del Fiscal General muestra que solamente Madrid, con 64 casos, supera en este aspecto al Archipiélago canario. No es difícil llegar a la conclusión sin embargo que la proporción de corruptos por habitante es mucho mayor en nuestras islas.
Pero no solamente en presuntas prevaricaciones - el delito que comete una autoridad, juez u otro funcionario público al dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta - ocupan las islas los primeros puestos del Estado español. En lo que se refiere a las investigaciones por presuntos delitos de cohecho -soborno de o a funcionario público - Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ocuparon también el tercer puesto en número de casos (10 en cada provincia), y sólo fueron superadas por Baleares, con 26 casos, y Madrid, con 21.
El hecho de que no exista ningún delito investigado contra la Administración Pública en Fuerteventura, no significa que no existan malas prácticas de nuestros gobernantes. Solo quiere decir que en la isla se dedican a denunciar en la barra de los bares y no en el lugar adecuado para hacerlo, como es en el juzgado de guardia, en sus actos públicos y en las calles, atosigando a los ladrones de la cosa pública hasta no dejarles respirar.
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