Van a cumplirse ya tres años, desde la Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario. Recordemos juntos que esta Aprobación Inicial fue unánime. Todos los grupos políticos que conformaban el conjunto de representantes en el Ayuntamiento, dieron su afirmación a un documento que, como se comprobó, era muy deficiente técnicamente y no viable legalmente por su nulo respeto a las diferentes leyes de ordenación del suelo, del territorio, del medio ambiente etc.
De hecho, incumplía ampliamente todas las leyes:
De hecho, incumplía ampliamente todas las leyes:
- La Ley de Ordenación del Territorio de Canarias LOTC de 1.999.
- Las Directrices de Ordenación General de Canarias.
- El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
- La Ley de Costas.
¿Cómo pudo pasar al procedimiento de Aprobación Inicial un documento oficial, tan importante, con carencias formales evidentísimas? Un documento con errores graves de planimetría, con ampliaciones de los límites de Suelo Urbano, que no recogía fielmente los Planes Parciales y Unidades de Actuación aprobados por el propio Ayuntamiento, con errores de zonificación edificatoria de una parte a otra del propio documento, contradiciéndose.
Aquella era una Revisión del Plan General confeccionada, para “contentar” el ansia calificatoria de sectores inmobiliarios-comisionistas que se quejaba de falta de suelo urbanizable.
Era una revisión que disminuía la calidad ambiental del vigente Plan General ocupando franjas de suelo de respeto ambiental (no computables como zonas verdes), inmediatamente próximas a las grandes vías de tráfico y las sustituía por parques y jardines de juego. Ahora sí, computables como zonas verdes aunque fueran zonas verdes basura.
Aquella era una Revisión del Plan General confeccionada, para “contentar” el ansia calificatoria de sectores inmobiliarios-comisionistas que se quejaba de falta de suelo urbanizable.
Era una revisión que disminuía la calidad ambiental del vigente Plan General ocupando franjas de suelo de respeto ambiental (no computables como zonas verdes), inmediatamente próximas a las grandes vías de tráfico y las sustituía por parques y jardines de juego. Ahora sí, computables como zonas verdes aunque fueran zonas verdes basura.
Además, aumentaba la edificabilidad del casco urbano a base de permitir la edificación de una planta más (en realidad legalizar los permisos-chapuza de áticos irregulares) masificando el centro urbano y precarizándolo en cuanto a los equipamientos que prevee la Ley y el PGOU vigente. En definitiva, una revisión completamente desfasada, con una proyección de incremento edificatorio brutal, fuera de lo que permitía la ley, ya en aquel momento, hace tres años.
Aquella chapuza, recuerda, en todo, el conjunto de disparates que acabamos de padecer con motivo de la localización de la central eléctrica: improvisación, irresponsabilidad, falta de criterio ambiental, búsqueda de un beneficio recaudatorio o comisionista a corto plazo contra la calidad ambiental de los ciudadanos.
El Ayuntamiento anuncia desde hace tiempo la próxima presentación del nuevo documento. En éste dicen que se ha venido trabajando duramente a cargo de GESPLAN. ¿Seguirá la próxima Revisión del PGOU los pasos de aquella, de hace tres años? ¿No han cambiado las perspectivas de crecimiento residencial a cuatro años? ¿Cuántos millones de metros cuadrados urbanizables, en planes parciales ya aprobados en el PGOU vigente, están sin terminar? ¿Y sin empezar? ¿Es GESPLAN realmente el redactor? ¿Es la secretaria? ¿Los técnicos municipales? ¿Son los concejales de la mayoría de gobierno los redactores? ¿Hay un gerente del urbanismo-inmobiliario-comisionista, escondido, en la sombra, emboscado cerca de la sede de la Concejalía de Urbanismo en la calle de Secundino Alonso? ¿Quién manda aquí?
Más de lo mismo de hace tres años y peor ahora con la urgencia de los fantasmas reales de la crisis, el paro, las arcas vacías, que no se vaya la inversión a costa de la calidad ambiental de la ciudad, de los barrios y núcleos rurales.
Nos tememos un documento esponja que intente absorber, y legalizar las “chapuzas-delito” tipo Centro Comercial Las Rotondas, sin cumplimiento de sentencias, sin reponer a los comerciantes damnificados por ese aumento salvaje y delictivo de la superficie comercial que ha destrozado el tejido comercial tradicional de la ciudad. Que legalice los crecimientos de suelo urbano en las pendientes de los barrancos (el anterior documento de hace tres años abundaba en esto). Una interpretación errónea, fuera de escala, de las teorías urbanísticas sostenibles que priman la concentración y la edificación en altura, permita con esta excusa desarrollos poco integrados culturalmente y con el territorio y el paisaje, en las zonas de borde de los núcleos urbanos existentes.
La experiencia urbanística de desarrollos en altura parecidos (hasta en zonas del propio Puerto del Rosario o de Fuerteventura) han venido marcados:
Aquella chapuza, recuerda, en todo, el conjunto de disparates que acabamos de padecer con motivo de la localización de la central eléctrica: improvisación, irresponsabilidad, falta de criterio ambiental, búsqueda de un beneficio recaudatorio o comisionista a corto plazo contra la calidad ambiental de los ciudadanos.
El Ayuntamiento anuncia desde hace tiempo la próxima presentación del nuevo documento. En éste dicen que se ha venido trabajando duramente a cargo de GESPLAN. ¿Seguirá la próxima Revisión del PGOU los pasos de aquella, de hace tres años? ¿No han cambiado las perspectivas de crecimiento residencial a cuatro años? ¿Cuántos millones de metros cuadrados urbanizables, en planes parciales ya aprobados en el PGOU vigente, están sin terminar? ¿Y sin empezar? ¿Es GESPLAN realmente el redactor? ¿Es la secretaria? ¿Los técnicos municipales? ¿Son los concejales de la mayoría de gobierno los redactores? ¿Hay un gerente del urbanismo-inmobiliario-comisionista, escondido, en la sombra, emboscado cerca de la sede de la Concejalía de Urbanismo en la calle de Secundino Alonso? ¿Quién manda aquí?
Más de lo mismo de hace tres años y peor ahora con la urgencia de los fantasmas reales de la crisis, el paro, las arcas vacías, que no se vaya la inversión a costa de la calidad ambiental de la ciudad, de los barrios y núcleos rurales.
Nos tememos un documento esponja que intente absorber, y legalizar las “chapuzas-delito” tipo Centro Comercial Las Rotondas, sin cumplimiento de sentencias, sin reponer a los comerciantes damnificados por ese aumento salvaje y delictivo de la superficie comercial que ha destrozado el tejido comercial tradicional de la ciudad. Que legalice los crecimientos de suelo urbano en las pendientes de los barrancos (el anterior documento de hace tres años abundaba en esto). Una interpretación errónea, fuera de escala, de las teorías urbanísticas sostenibles que priman la concentración y la edificación en altura, permita con esta excusa desarrollos poco integrados culturalmente y con el territorio y el paisaje, en las zonas de borde de los núcleos urbanos existentes.
La experiencia urbanística de desarrollos en altura parecidos (hasta en zonas del propio Puerto del Rosario o de Fuerteventura) han venido marcados:
- Por un abandono de las zonas comunes exteriores (jardines, piscinas) de esas comunidades privadas.
- Deterioro progresivo de la edificación y de las zonas comunes interiores (pasillos, escaleras y ascensores)
- Futuro semi-gueto.
Siempre que se ha hablado de irregularidades urbanísticas en la isla, todos han mirado para las localidades turísticas de Morro Jable, Caleta de Fuste y Corralejo (no es para menos), pero desde hace algún tiempo no cesan las críticas sobre infracciones urbanísticas en la capital de la isla...
ResponderEliminarMe parece acertado en el análisis. Pero me gustaría hacer una advertencia. Es en cuanto a los pueblos tradicionales, las zonas rurales. EL avance incumplia la Ley de Directrices que obligaba a dejar a Pueblos enteros descatalogados. ¿QUe se apuestan a que ese aspecto si va a ser corregido, y otros no?. EN este mismo medio ya se vio como el avance del PIOF prevee dejar a muchos majoreros del ambiente rural con sus casas centenarias desprotegidas y metidas en el saco de fuera de orndenación. Hay que saber por donde se aprieta, pues puede ser que sin darnos cuentas estemos dorandole la pildora a los corruptos. No es admisible que una Ley se interprete de estas forma restrictiva, los pueblos centenarios son pueblos, no se puede dejar casillas, la ampuyenta, los llanos tefia, la herradura, la matilla, y muchos otros pagos rurales bajo la ilegalidad.
ResponderEliminarMuy bien el reportaje. Pero ¿podrían publicar noticia-comentario sonre la última sentencia de Tindaya-Tebeto? Gracias y pa'lante
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