Formalidades subvencionadas [2/2]

Las palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en las que aseguró que él prefiere no hablar de hoteles ilegales en Lanzarote sino de establecimientos "que tienen licencias anuladas por cuestiones formales" han desatado una tormenta política, y jurídica, en la Isla porque supone nada más ni nada menos que legalizar una ilegalidad.

Fuentes del pacto PSOE-PIL en la corporación insular se preguntaron si cabe llamar meras formalidades a la omisión de la obligación legal de solicitar los informes vinculantes sobre la compatibilidad con el Plan Insular. Esto, señalaron, "no corresponde decirlo a quien ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno en el área de ordenación del territorio". Juan Fernando, tu que eres un renombrado jurista, experto en construir imputaciones, demuéstrales a tus camaradas del pacto con Dimas Martín tus conocimientos en Derecho.

El anuncio de que la futura Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, ahora en trámite, apostará por dar "una salida" a los hoteles y complejos de apartamentos con licencias anuladas también ha tenido fuerte eco en la Isla.

Según Berriel, bastará con retrotraer los expedientes para que todos ellos "sean incluidos dentro de la legalidad" y sin que ello signifique "saltarse el contenido de la sentencia".

Durante los últimos meses, y a medida que se han ido acumulando sentencias favorables a la tesis y la estrategia que defiende la corporación, el Cabildo ha dejado claro que, incluso en los casos en los que sea posible la legalización, habrá que exigir compensaciones a los promotores de los hoteles ilegales.

Por último, la Comisión Europea afirmó que si se confirman que los fondos estructurales se han malversado destinándolos a la construcción de hoteles ilegales en Lanzarote, el Estado español deberá recuperar y devolver las ayudas. Por su parte, Domingo Berriel ha convocado “de forma urgente” una reunión para resolver la controversia que está creando la polémica dentro y fuera de la Isla. Aunque sus palabras son diferentes, los empresarios y sindicalistas (valga la redundancia, en ocasiones) y miembros del equipo de gobierno de Lanzarote implicados en el asunto están de acuerdo en dos aspectos: de que se trata de un grave perjuicio para la imagen y economía de la Isla y todos esperan que la resolución de la UE no salga adelante.

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