La casa que se va a subastar se encuentra situada en la calle Hernán Cortés número 14, dentro del casco histórico de Corralejo. Actualmente reside en ella su legítima propietaria, Eleuteria Umpiérrez Morera. No pasarán.
«Es triste que te expulsen de una propiedad que es tuya por una maniobra empresarial», dice el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo.
Eleuteria Umpiérrez Morera, una mujer octogenaria que se encuentra postrada en cama aquejada de una grave enfermedad, se enfrenta al desahucio de su vivienda «de toda la vida» y «de más de un siglo de antigüedad» en Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) por el impago de una hipoteca concedida a «una sociedad fantasma».
El portavoz del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, Miguel Socorro, informó a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número uno de Puerto del Rosario acogerá el próximo 11 de enero la subasta de una de las 115 viviendas centenarias afectadas por la problemática del casco antiguo, debido al incumplimiento del pago de un préstamo hipotecario de 350.000 euros, concedido el 12 de agosto de 2005 por una entidad financiera a la empresa Javal Unión.
La casa que se va a subastar se encuentra situada en la calle Hernán Cortés número 14, dentro del casco histórico de Corralejo. Actualmente reside en ella su legítima propietaria, Eleuteria Umpiérrez Morera.
En este lugar, hace cerca de un siglo se había levantado una edificación muy conocida en la localidad norteña, existiendo sobre ella hace dos décadas un restaurante denominado El Patio, que desde el 1 de enero de 2001 Eleuteria había arrendado al vecino de Villaverde Feliciano Alonso Carreño por un periodo de 5 años, finalizando el 1 de enero de 2006.
Socorro añadió que durante los primeros momentos de alquiler, Alonso abonaba las cuotas a la mujer, reconociendo a la vecina como propietaria del inmueble.
Sin embargo, en el año 2002 el empresario dejó de pagar las rentas, constituyó una sociedad unipersonal y, posteriormente, compró la propiedad a una mujer, al parecer compañera sentimental de un abogado de Puerto del Rosario y apoderado en su día de la entidad mercantil Plalafusa SA, por 1.194 euros.
«Todo comenzó en 1995»
El Comité de Afectados recuerda que «todo comenzó» el 20 de octubre de 1995 cuando la entidad mercantil Plalafusa SA vendió a esta mujer, previa licencia de segregación concedida por el Ayuntamiento de La Oliva, un área de terreno de 195 metros cuadrados denominado Parcela del Casco de Corralejo y sus Aledaños por 1.194 euros que legalmente era de Euleteria, que ahora se enfrenta a la pérdida de su casa.
El portavoz vecinal incidió en que en torno a esta causa existe un procedimiento civil abierto en el juzgado, pero que va "más lento", que el hipotecario, cuya vista está señalada para el próximo día 11 de enero, cuando la jueza dictará la fecha y hora del lanzamiento de la "viejita" de su hogar y, de forma inmediata, entregar la posesión de su propiedad a una entidad bancaria con la que "nunca ha mantenido ninguna relación".
«Vamos a intentar frenarlo por todos los medios», aseguró Socorro, que acusó a la entidad financiera de actuar con mala fe en la concesión del préstamo a la empresa, ya que «tenía conocimiento perfecto de lo que estaba sucediendo en el casco viejo de Corralejo».
En este sentido, explicó que esta caja «no puede ser considerada tercero de buena fe, ya que tenía perfecto conocimiento de la situación antes de conceder la operación crediticia». Incidió en que la entidad «no puede estar protegida por la fe pública registral» porque un año antes miembros del colectivo de afectados se desplazaron a Gran Canaria, donde se reunieron con el director general de la entidad implicada para avisarle de la situación de las viviendas centenarias.
Sin embargo, la caja otorgó el crédito a Javal Unión, cuyo administrador en la actualidad es José Manuel Jiménez del Valle, relacionado con otras causas similares en la localidad.
Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
De hecho, el domicilio de Eleuteria Umpiérrez es una de las que el pueblo de Corralejo denunció en marzo de 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal jefe de la provincia y los juzgados de Puerto del Rosario por una presunta trama urbanística, relacionada con las casas enclavadas en el casco histórico, en la que se encuentra imputado por un presunto delito de estafa continuada el administrador único de las mercantiles Delval Internacional SA y Sincronía 99 SL, José Manuel Jiménez del Valle, por vender casas de más de un siglo de antigüedad a sabiendas de que tenían dueños.
Socorro alertó de operaciones vinculadas con un presunto delito de "fraude financiero" en tanto que "se están pidiendo créditos a las entidades financieras, ponen una casa del casco viejo por medio, después no pagan y que la entidad financiera se entienda con el pueblo".
El portavoz del Comité criticó este «atropello» y «malicia con mayúsculas» que perjudica a los vecinos, al tiempo que recordó que ya son 81 las sentencias favorables a los vecinos del pueblo marinero, que han denunciando una supuesta trama empresarial interesada en apropiarse de sus viviendas.
De las 81 resoluciones, 41 han sido dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario, 24 por la Audiencia Provincial de Las Palmas y 16 por el Tribunal Supremo.
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Los datos del Ministerio reflejan que en Fuerteventura sus 100.000 habitantes, soportan un débito de 578 euros per cápita por el fuerte endeudamiento de sus Ayuntamientos con las entidades financieras.
Durante años, los Ayuntamientos turísticos tuvieron un crecimiento desmesurado por efecto de la construcción y los ingresos por las licencias de obras sonrieron pero se dedicaron a gastar sin control y también aparecieron las excentricidades de alcaldes y concejales, todos ellos cobrando sueldos que jamás pudieron imaginar, además de asesores, personal de confianza y otro tipo de gastos superfluos. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado a algunas corporaciones locales con poco margen de maniobra para seguir gastando después de endeudarse hasta más allá de los límites establecidos.
Durante años, los Ayuntamientos turísticos tuvieron un crecimiento desmesurado por efecto de la construcción y los ingresos por las licencias de obras sonrieron pero se dedicaron a gastar sin control y también aparecieron las excentricidades de alcaldes y concejales, todos ellos cobrando sueldos que jamás pudieron imaginar, además de asesores, personal de confianza y otro tipo de gastos superfluos. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado a algunas corporaciones locales con poco margen de maniobra para seguir gastando después de endeudarse hasta más allá de los límites establecidos.
Los años de bonanza económica, de despilfarro y de alegrías, le están pasando factura a los ayuntamientos canarios que, a escasos días del final de año, están pendientes de que el Ministerio de Economía y Hacienda derogue una disposición que les obliga a cancelar antes del 31 de diciembre sus operaciones de tesorería a corto plazo.Muchos alcaldes han advertido que si Hacienda no elimina esta norma se quedarán sin liquidez para pagar las nóminas de fin de año. A esta situación hay que añadir el elevado endeudamiento a largo plazo, lo que provoca que los canarios soportemos con los bancos una deuda media de casi 600 euros por habitante por la mala gestión de los responsables municipales, sin distinción de siglas, ni ideologías.
La mayoría de alcaldes hace responsables de las deudas a corporaciones anteriores y ninguna ha sido capaz de quitar sueldos a aquellos concejales que les apoyan en los gobiernos municipales, con tal de mantener la mitad mas uno de los apoyos.
Los datos del Ministerio reflejan que en Fuerteventura sus 100.000 habitantes, soportan un débito de 578 euros per cápita por el fuerte endeudamiento de sus Ayuntamientos con las entidades financieras. Los casos más llamativos son los de Betancuria, La Oliva y Pájara que acumulan una carga financiera que tiene paralizada la gestión de estas corporaciones, sin posibilidades de contratar a más personal.
- En Betancuria se debe nada menos que 3.400 euros por habitante (2,3 millones de deuda para 680 habitantes), mientras que en Pájara es de 1.473 euros (30 millones de deuda para 20.800 residentes) y en La Oliva es de 786 euros (17,2 millones para 21.900 habitantes).
Todo ello, sin contar las facturas de los cajones sin contabilizar y sin pagar, además de la deuda contraída por las empresas parapúblicas para hacer y deshacer sin una fiscalización efectiva, abundando estas en el caso de Pájara, mientras que en La Oliva se reducen a dos.
Sorprende que el Ayuntamiento de Antigua no aparezca en la relación de deudores, a pesar de las constantes críticas a la gestión de su alcalde Gustavo Berriel, lo cual significa que no está siendo tan mala como dicen su gestión económica y tal vez sea esa la causa de las críticas de sus opositores, para posicionarse de cara a las próximas elecciones.
El desfase entre los ingresos, que llegan tarde, y los gastos, coloca a muchos ayuntamientos en una situación comprometida si tienen que cancelar estas operaciones antes del 31 de diciembre. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Hacienda y los grupos políticos del Congreso para que se elimine esta disposición so pena de que la falta de liquidez deje sin sueldo de Navidad a los funcionarios municipales.
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El Congreso ha decidido mantener la tensión hasta el último minuto para pronunciarse sobre el aspecto más relevante de la reforma de las pensiones: la edad de jubilación. Los grupos mayoritarios del Pacto de Toledo lograron anoche ponerse de acuerdo sobre casi todos los cambios que se deben aplicar al sistema de pensiones. El principal de ellos es la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones, lo que implica rebajarlas para la mayor parte de quienes se jubilen de aquí a unos años. E hicieron un intento respecto a la edad de jubilación con una redacción ambigua que elude concretar la edad de retiro.
También hay acuerdo mayoritario en otorgar más peso a los últimos años de cotización que permiten alcanzar la pensión máxima. Eso implica que quienes tengan pocos años cotizados se quedarán más lejos de la pensión máxima a la que tengan derecho de lo que están ahora, mientras que los que acumulen ya un buen número de años en el sistema tendrán más fácil acercarse a la máxima. Tampoco es previsible que se concreten numéricamente los cambios en este terreno.
Más difuso es el modelo hilvanado para propiciar un acuerdo mayoritario respecto a la edad de jubilación. El modelo esbozado incluye la necesidad de equiparar la edad real de jubilación (63,5 años de media) a la edad legal, la conveniencia de tomar en cuenta la expectativa de vida a la hora de fijar la retirada del mercado de trabajo, así como la necesidad de frenar las prejubilaciones y otras fórmulas de abandono temprano del mercado de trabajo.
Puntos a tener en cuenta:
* La comisión del Pacto de Toledo, el órgano compuesto por todos los partidos encargado de vigilar la viabilidad del sistema de pensiones, ha llegado a un acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones, ahora fijado en 15 años, aunque sin fijar un nuevo plazo concreto.
* Solo se ha acordado que la ampliación se hará con criterio gradual y seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima.
* El PSOE pretende que el nuevo plazo sea de 25 años, pero ha retirado esta exigencia para facilitar el acuerdo. El PP está dispuesto a que ése sea el plazo.
* El otro gran eje de la reforma es el del retraso en la edad de la jubilación. El Gobierno quiere que pase de los 65 a los 67 años, pero no se ha cerrado ningún acuerdo concreto y el borrador es ambiguo.
* El Gobierno se ha comprometido a cerrar la reforma, con acuerdo o sin acuerdo, el próximo 28 de enero, adelantando en dos meses el anterior plazo ante las últimas turbulencias que han disparado el precio de la financiación de la deuda.
* Del principio de acuerdo se han desmarcado Izquierda Unida, ICV, ERC y BNG, y se han sumado PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.
Lo que parece una gran contradicción es que, mientras el gobierno se ha fijado como fecha límite el 28 de Enero próximo para llegar a un acuerdo sobre esos aspectos de la jubilación para la masa cotizante. La fusión de una serie de cajas de ahorros como Caja Canarias, Caja Madrid, Bancaja, etc., están negociando la jubilación anticipada de 4.000 trabajadores a los 55 años con un 95% del sueldo.
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Por los despachos de la Comisión Europea transita la norma legislativa que abre la puerta al autoconsumo de energía eléctrica en España. Bruselas analiza la viabilidad del real decreto sobre producción de energía eléctrica en régimen especial que el Gobierno prevé aprobar antes de final de año.
De obtener luz verde, el usuario se convertirá a largo plazo en sujeto activo de la electricidad que consume, un vuelco sustancial en los hábitos actuales. Hoy, el sistema prevé que los hogares que disponen de paneles solares o pequeños aerogeneradores eólicos vendan la electricidad a la red, pero no pueden emplearla para consumo propio.
La nueva norma da un paso más, cerrando el ciclo para el autoconsumo de la electricidad que se genera en la vivienda. Una pequeña revolución que las asociaciones de energía solar esperan con impaciencia, ya que “será clave para el futuro de la fotovoltaica en los próximos años“, explican desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif). “Estamos hablando de la democratización del consumo de energía“.
Por el momento, del contador de electricidad hacia fuera de la vivienda, la infraestructura pertenece a la compañía eléctrica. La normativa permitirá crear una red de autoabastecimiento eléctrico en el edificio, el primer paso para alcanzar la autonomía energética, “pero hasta que no se regule la vertiente económica, no podremos hablar de autoconsumo“, explican desde Asif.
En este sentido, muchos interrogantes se abrirán a partir del primer semestre de 2011, cuando está prevista la entrada en vigor de la nueva ley. En primer lugar, ¿se podrá obviar a la compañía eléctrica? Hasta ahora, la contratación se realiza por potencia y por consumo, en el que está incluido el alquiler del contador.
Además, deberá aclararse si se aplica una tarifa especial a la energía eléctrica autoproducida, a quién corresponde el pago del IVA o qué sucede cuando la vivienda sigue produciendo en periodos de vacaciones, ya que se abre la posibilidad de verter la energía sobrante a la red.
Por el momento, el sistema que se baraja para resolver el intercambio entre la vivienda y el sistema eléctrico es el net metering, en la jerga del sector, es decir, por cada kilovatio que la vivienda inyecta en la red, se ahorra un kilovatio procedente de la compañía eléctrica.
Dado que una vivienda unifamiliar puede generar hasta el 80% de la electricidad que consume desde las placas solares de su tejado, el ahorro para el consumidor está asegurado. El mayor ratio de ahorro será durante el día, cuando el sol calienta y los paneles generan mayor energía eléctrica.
Este sistema de créditos eléctricos estaría exento del pago de una prima o de cualquier retribución, es decir, se realizaría al margen del mercado, una línea de trabajo que al sector le parece adecuada porque fija la competitividad de la solar fotovoltaica en el punto de consumo, y ya no en el pool energético.
Se trata, en definitiva, de seguir la estela de los mejores alumnos en la materia, como es el caso de Estados Unidos, Alemania y Japón, donde el autoconsumo de energía eléctrica es una realidad desde hace años. “El mercado energético en Japón se apoya en la energía nuclear, muy cara, así que el Gobierno promueve la autogeneración de electricidad“, explican desde Asif. En 2009, este país registró una potencia de 500 MW de solar fotovoltaica.
Alemania, líder histórico en la industria solar, sí concede primas por cada kWh de consumo propio para privilegiar esta vía a la venta de energía. La medida se aplica a aquellos generadores de electricidad con fuentes renovables de menos de 30 kW. En este modelo, el productor recibe una subvención de 25 céntimos de euro por cada kWh de electricidad fotovoltaica autoconsumida. Así, los ingresos por consumo superan aquellos por la venta de energía eléctrica.
El sector es consciente de que para promover el autoconsumo, en una primera etapa se elevará al consumidor a empresario de su propia red energética. Para limar las dificultades técnicas y administrativas que ello implica, se apoya la creación de la figura del saldador, una especie de agente externo que realice el cómputo entre los intercambios de electricidad del hogar hacia la red y hacia las compañías eléctricas.
El nuevo horizonte energético que se perfila augura no solo una nueva relación entre el consumidor y las eléctricas, sino la revisión de su modelo de negocio. Una posible ventana de oportunidad es la gestión de electricidad de corta distancia.
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El Real Decreto 9441/2003, de 18 de julio, por el que se establece la estructura de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, establece que: "Las enseñanzas especializadas de idiomas, (...) están orientadas a quienes, una vez adquiridas las competencias básicas en la enseñanza obligatoria, en algún momento de su vida personal o profesional necesitan adquirir o perfeccionar competencias en lenguas extranjeras, así como obtener una certificación de las mismas".
En los últimos meses estamos asistiendo ante un completo desinterés ante las necesidades en materia de educación y cultura, como demuestra, también, la dejadez de las instituciones en lo relativo al transporte escolar en Tuineje y Pájara, cuya consecuencia es que los que quieran ir a estudiar se tienen que pagar el transporte (click aquí). Así es más fácil gobernar.
Hay que tener muy en cuenta, tratándose de una región turística donde la exigencia de idiomas es en ocasiones profesional, el incremento de matriculación con respecto al curso pasado se cuantificó en un 6'3%, con 1.660 alumnos más, lo que sitúa a Canarias en la segunda en importancia detrás de Navarra en este ámbito.
Desde un plano estructural nos encontramos ante un verdadero desbarajuste. Por ejemplo, en el curso de francés en Fuerteventura sólo se imparte hasta el Nivel Intermedio 1 (el antiguo 3º), por lo que los alumnos no pueden terminar el nivel B1 al no poder cursar el Nivel Intermedio 2. Además, en Fuerteventura no se puede cursar el Nivel Intermedio 2 de alemán, por lo que los alumnos de ese idioma también se quedan tirados sin poder terminar el nivel B1. En la Escuela de Idiomas de Puerto del Rosario sólo se imparte hasta el Nivel intermedio I de alemán y francés, con lo que son muy pocos los cursos que se pueden realizar de esos idiomas y tampoco se puede certificar el Nivel Intermedio B1.
En los últimos años la Consejería, en su afán por recortar gastos, y con la excusa de que no hay alumnos suficientes, ha ido eliminando cursos de los idiomas de francés y alemán. El nuevo Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas divide la enseñanza de idiomas en Europa en varios niveles: A1. A2, B1, B2, C1 y C2. El nivel B1 se subdivide, a su vez, en dos niveles, el Nivel Intermedio 1 y el Nivel Intermedio 2, que equivalen a los antiguos cursos de tercero y cuarto. Con la desaparición del anterior sistema, en el que se obtenía una certificación expedida por la Consejería al terminar el tercer curso, es necesario finalizar el Nivel Intermedio 2 para obtener un diploma similar.
Hay que tener muy en cuenta, tratándose de una región turística donde la exigencia de idiomas es en ocasiones profesional, el incremento de matriculación con respecto al curso pasado se cuantificó en un 6'3%, con 1.660 alumnos más, lo que sitúa a Canarias en la segunda en importancia detrás de Navarra en este ámbito.
Desde un plano estructural nos encontramos ante un verdadero desbarajuste. Por ejemplo, en el curso de francés en Fuerteventura sólo se imparte hasta el Nivel Intermedio 1 (el antiguo 3º), por lo que los alumnos no pueden terminar el nivel B1 al no poder cursar el Nivel Intermedio 2. Además, en Fuerteventura no se puede cursar el Nivel Intermedio 2 de alemán, por lo que los alumnos de ese idioma también se quedan tirados sin poder terminar el nivel B1. En la Escuela de Idiomas de Puerto del Rosario sólo se imparte hasta el Nivel intermedio I de alemán y francés, con lo que son muy pocos los cursos que se pueden realizar de esos idiomas y tampoco se puede certificar el Nivel Intermedio B1.
En los últimos años la Consejería, en su afán por recortar gastos, y con la excusa de que no hay alumnos suficientes, ha ido eliminando cursos de los idiomas de francés y alemán. El nuevo Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas divide la enseñanza de idiomas en Europa en varios niveles: A1. A2, B1, B2, C1 y C2. El nivel B1 se subdivide, a su vez, en dos niveles, el Nivel Intermedio 1 y el Nivel Intermedio 2, que equivalen a los antiguos cursos de tercero y cuarto. Con la desaparición del anterior sistema, en el que se obtenía una certificación expedida por la Consejería al terminar el tercer curso, es necesario finalizar el Nivel Intermedio 2 para obtener un diploma similar.
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