Antes de ser líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de pedir un sueldo de 3.278€ con PP y PPMAJO, el ahora consejero y portavoz de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura fue apoderado de la entidad rescatada con dinero público Caja de Ahorros del Mediterráneo implicada en la especulación en el Casco Viejo de Corralejo.
Apoderado de la CAM.
Andrés Briansó Cárcamo procedente de Oviedo (Asturias), tras su paso por la Banca March como gestor de seguros en la localidad de Corralejo, fue nombrado apoderado de Caja de Ahorros del Mediterráneo el 21 de mayo de 2007 y gestor de empresas, como él mismo reconoce en su currículum. Los préstamos hipotecarios suscritos por dicha entidad tienen la firma del apoderado.
La CAM, Manolín y las casas del Casco Viejo.
El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, cuya labor es digna de admiración, ha ganado decenas de pleitos contra los especuladores, así como contra Caja de
Ahorros del Mediterráneo durante los años en los que Andrés Briansó
Cárcamo era apoderado.
Un ejemplo es el de la vecina octogenaria, Dª. Carmen Estévez Santana que demandó a la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO porque ésta había constituido una hipoteca de 400.000€ a RUNNING 2.000, S.L. sobre su propio inmueble. Defendida por el Letrado don Javier Medina Medina, la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó que es propietaria del inmueble de 268 metros cuadrados, en la calle Almirante Carrero Blanco nº 4 de la localidad de Corralejo, y condena a la entidad mercantil RUNNING 2000, S.L. y a la entidad bancaria CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO al pago de las costas procesales por no ser consideradas terceros hipotecarios.
¿Dónde estabas metido, Briansó?
Rescate bancario e indemnización con dinero público.
El rescate —nacionalización de facto— por parte del Banco de España de Caja de Ahorros del Mediterráneo el 22 de julio de 2011 supuso el despido de numerosos empleados de banca, incluido el ahora consejero del Cabildo de Fuerteventura. Tras su cese cobró una indemnización con la que entró como socio capitalista en la empresa turística FUERTEAVELA S.L., organizadora de excursiones en yate turístico en Corralejo.
¿Qué es un apoderado bancario?
Aquella persona autorizada a firmar en nombre de una entidad, a la que obliga con su acción de acuerdo con los poderes que le hayan sido conferidos, y que deben de constar en escritura pública otorgada ante notario. Son las personas encargadas de la dirección, gestión, vigilancia, control, etc., como representantes directos del banco.
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A la izquierda, el tweet de la PAH de Fuerteventura
con la fotografía recortada. A la derecha la fotografía original con
todos los asistentes a la paralización del desahucio: Podemos, Izquierda
Unida y la Asamblea Popular de Fuerteventura.
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| ¡No a los recortes! |
La PAH de Fuerteventura no debe ser rehén de ningún partido.
Que se llegue al punto de dar publicidad, en el marco de un desahucio, al partido político Podemos Fuerteventura en exclusiva, metiéndole la tijera a la altura de la gorra a otro —Arsenio Gutiérrez Chorro, concejal de Izquierda Unida— es deshonesto. Aunque es sabido que la PAH de Fuerteventura está manejada por la formación morada, siendo su consejero y portavoz el exlíder de la plataforma, deberían ser más inclusivos a la hora de publicitarse en los medios de comunicación. La lucha contra los desahucios no es patrimonio exclusivo de nadie y con estas maniobras sólo consiguen espantar a la gente.
Que se llegue al punto de dar publicidad, en el marco de un desahucio, al partido político Podemos Fuerteventura en exclusiva, metiéndole la tijera a la altura de la gorra a otro —Arsenio Gutiérrez Chorro, concejal de Izquierda Unida— es deshonesto. Aunque es sabido que la PAH de Fuerteventura está manejada por la formación morada, siendo su consejero y portavoz el exlíder de la plataforma, deberían ser más inclusivos a la hora de publicitarse en los medios de comunicación. La lucha contra los desahucios no es patrimonio exclusivo de nadie y con estas maniobras sólo consiguen espantar a la gente.
Basta con ver el encuadre que se le da a la fotografía, donde se ve a toda la cúpula de Podemos, obviando que el verdadero protagonista era la familia que iba a ser desahuciada, situada más arriba.
Dori y Jose se quedan
A las 09:30 horas del jueves 28 de enero estaba previsto el desahucio de José Antonio y Dorotea de su vivienda en Majada Marcial en Puerto del Rosario. La pareja tiene una hipoteca para una vivienda de autoconstrucción a la cual no ha podido hacer frente. La vivienda fue subastada sin notificarlo a los afectados y adjudicada a la empresa Moreira Gestión Global de Inmuebles S.L. cuyo único socio es el Banco Popular.
¡STOP DESAHUCIOS!
Artículo relacionado: Fuerteventura, en el 'top 10' estatal en proporción de desahucios
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Ayuntamiento de La Oliva y Cabildo le hacen el trabajo sucio a la banca desalojando a unos 15 ciudadanos de Corralejo. La PAH de Fuerteventura no se enteró del inminente desalojo, y su ex-portavoz, el candidato de Podemos al Cabildo, vive enfrente.
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| Lamentable espectáculo de abuso. |
El Ayuntamiento de La Oliva ha desalojado de sus infraviviendas a una serie de ciudadanos en la Avenida de Corralejo, comportándose como un vulgar verdugo de la banca, sin que sea ni su competencia ni el propietario del suelo donde se ubican las mismas, y con la complicidad, como no, de la maquinaria del Cabildo Insular que preside su todavía presidente Mario Cabrera.
Según figura en la denominación que se hace de los servicios sociales, el nefasto concejal Cristóbal Calero:
«constituyen un servicio público dirigido a toda la población del municipio de La Oliva, que orienta su trabajo hacia la mejora de su calidad de vida».
Ciudadanos de primera y de segunda. Resulta curioso que no se hayan dado cuenta en los años que llevan empadronados del estado en se encontraban estos vecinos, hasta que una entidad bancaria le ha pedido al Ayuntamiento que los saque del lugar. ¿Qué favores le debe una institución pública a la banca para hacer estas chapuzas?
En el caso que nos ocupa, se trata solo de hacer un favor a los propietarios del suelo ante la incapacidad de unos gobernantes para buscar soluciones a unas personas que por la situación en que vivimos, se han visto obligadas a ocupar un terreno que hasta ahora ha sido una auténtica escombrera sin que por parte del Ayuntamiento se haya ocupado de tener el entorno en condiciones.
No caben excusas, el Consistorio asegura que no cuenta «con los recursos ni con las competencias» para la apertura de una casa de acogida ni para la creación de «un centro de baja exigencia» en el que los afectados puedan ser acogidos para normalizar su situación social. Podríamos citar un sinfín de actos donde el ilustre Ayuntamiento derrocha los recursos públicos.
Pero, si bien es criticable la actitud de los responsables municipales, mucho más lo es la forma de actuar del resto de fuerzas políticas y sociales presentes en el municipio, donde por citar a alguien, el líder de la PAH, vive justo enfrente del terreno desalojado.
Artículo relacionado: La demolición de las chabolas es inevitable. (26/03/2015)
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La PAH de Fuerteventura ha solicitado esta mañana a las 11 horas ante el Juez Decano de Puerto del Rosario, Juan Gallego Ortiz, la anulación de los procedimientos de ejecución hipotecaria en trámite. Afirman que los jueces «no pueden aplicar una normativa ilegal», tras la sentencia del TJUE.
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| Miembros de la PAH frente a los Juzgados de Puerto del Rosario |
La plataforma de afectad@s denuncia la modificación «a hurtadillas» de la ley hipotecaria por parte del Gobierno del Partido Popular a través de un Real Decreto-Ley que modifica el art. 695.4 LEC, después de que el TJUE la declarara ilegal, y solicita a los jueces que anulen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados al amparo de la ley 1/2013.
Durante los últimos años, la gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera.
■ Una normativa declarada ilegal
■ Una normativa declarada ilegal
La sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, caso Aziz, declaró que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario a la Directiva 93/13/CEE.
Ello supone que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución, los tribunales no puedan aplicar una norma ilegal, de ser así se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho. Es por ello, que dicha sentencia reconoce por primera vez en una ejecución hipotecaria, la posibilidad de recurso en base a posibles cláusulas abusivas.
Ello supone que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución, los tribunales no puedan aplicar una norma ilegal, de ser así se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho. Es por ello, que dicha sentencia reconoce por primera vez en una ejecución hipotecaria, la posibilidad de recurso en base a posibles cláusulas abusivas.
Los procesos de ejecución abiertos y que estén en trámite en el juzgado, tienen hasta el 7 de octubre –un mes posterior a la fecha de la publicación del Real Decreto-Ley(*) anteriormente mencionado en el BOE– para apelar.
Hacemos un llamamiento a todas las personas afectadas que ya hayan recibido un auto de resolución hipotecaria para que se informen con sus abogados o con nosotr@s por si cabe la posibilidad de presentar un recurso. Solo tenemos de plazo hasta el 7 u 8 de octubre.
(*) Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal.
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Además, a nivel del Archipiélago canario, sólo nos encontramos por detrás de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Granadilla de Abona (Tenerife).
Valores máximos
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Densidad
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Roquetas de Mar
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Vera
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Estepona
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Torrevieja
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San Bartolomé
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Orihuela
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San Javier
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El Ejido
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Illescas
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Granadilla de Abona
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Puerto del Rosario
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Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias corresponde a partidos judiciales localizados en provincias con marcada especialización turística (desde Marbella a Benidorm, Torrevieja, Orihuela, San Javier, Gandía, Amposta o Tarragona entre otros), o del archipiélago canario (Puerto del Rosario, Arona, Granadilla de Abona).
Lideran la estadística de desahucios las localidades turísticas
Esa misma primacía del litoral mediterráneo, acompañado ahora por algunos partidos judiciales canarios (sobre todo de Fuerteventura y el sur de Tenerife y Gran Canaria) que también se caracterizan por una marcada especialización turística, resulta aún más evidente cuando lo que se calcula es el volumen de las ejecuciones hipotecarias presentadas respecto a la población empadronada en cada caso.
De nuevo aquí la codicia de promotores y constructores, junto a la
permisividad a menudo cómplice de numerosos gobiernos locales a través del planeamiento, o mediante la dejación de sus funciones reguladoras a favor de agentes urbanizadores privados, se tradujo en una edificación generalizada y ambientalmente insostenible de unos espacios litorales que ahora añaden a esos costes la proliferación
de desahucios.
En el caso de las islas, el crecimiento de las ejecuciones hipotecarias fue muy superior en Menorca que en Mallorca y más aún que en Ibiza o Formentera, mientras en Canarias tanto Lanzarote como Fuerteventura se sitúan muy por encima del resto.
¡STOP DESAHUCIOS! ¡COMBATE AL RÉGIMEN CONSTRUGOBERNANTE!
Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Fundación 1º de Mayo, Economistas Frente a la Crisis, Ada Colau «Vidas Hipotecadas».
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La PAH Fuerteventura da un paso al frente en su compromiso, ocupando la oficina del BBVA en Puerto del Rosario como forma de exigir una negociación justa para los dramáticos casos de Isabel y su hija de 3 años [2], y de Moisés y Lorena[1].
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| Ocupación de la sucursal de la Avda. 1º de Mayo |
Tras unos minutos en el interior de la sucursal, la Policía Nacional les fuerza a salir, por lo que acampan en la puerta sin ceder ante sus denuncias y amenazas.
Una de las afectadas por el BBVA es Isabel, miembro de la PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Fuerteventura, y una de las personas que ocuparon la sucursal de la calle Primero de Mayo.
Según relata, «los nervios y la incertidumbre de lo que iba a pasar nos invadía a todos los que entramos dispuestos a ocupar si el banco no nos daba una solución real a nuestros casos».
Estuvimos dentro sin molestar ni a clientes ni a los trabajadores
El director se mostró «poco amable y estuvo bastante tenso a pesar de que nosotros estuvimos dentro sin molestar ni a clientes ni a los trabajadores, sólo esperando que nos dieran una respuesta».
«Respecto a mi caso», señala la afectada «el director llegó a decir que no le importaba y que no era su problema, ya que pertenezco a otra sucursal». En cuanto al caso de Moisés y Lorena, siguen pendientes de estudio.
«Respecto a mi caso», señala la afectada «el director llegó a decir que no le importaba y que no era su problema, ya que pertenezco a otra sucursal». En cuanto al caso de Moisés y Lorena, siguen pendientes de estudio.
«Esta ocupación», afirma «ha sido un toque de atención para que vean que no bromeamos». Prosigue, «estamos dispuestos a todo para conseguir una negociación justa para nosotros y para futuros afectados». «Sea BBVA, Bankia, Popular, Santander o el banco que sea», remarca.
La gente tiene que dejar el miedo y la vergüenza de lado
Termina haciendo un llamamiento: «Quiero que la gente sepa que tienen que dejar el miedo y la vergüenza de lado, que tenemos que luchar unidos para poder vencer a estos criminales, y que cuantos más seamos más grande será nuestra fuerza». «Con la PAH no se juega y que solos podremos ser vulnerables, pero que juntos somos invencibles», sentencia.
- [1] Caso Moisés Álvarez Rodríguez y Lorena Bernal Meneses
Moisés y Lorena viven con sus dos hijos Izan y Nahia de 7 y 6 años. Él parado como consecuencia de la crisis de la construcción y ella con un contrato en precario a punto de terminar. No pueden hacer frente a la letra de su hipoteca a la vez que atender los gastos básicos de la familia. Ya se les ha denegado una carencia así que solicitan una dación en pago que les permita entregar la casa como pago del resto de la deuda, una deuda que han pagado puntualmente durante nueve años. Proponen también la concesión de un alquiler social, así permanecerían en la vivienda pero como inquilinos quedándose el banco con la propiedad y recibiendo una pequeña renta mensual en los términos fijados por la ley. Si este alquiler fuese rechazado pero quedaran liberados de la deuda también se les abriría la posibilidad de retornar a su lugar de origen para iniciar un nuevo proyecto con el respaldo de sus familiares.
- [2] Caso Isabel Labarta Bezanilla
Isabel vive con su hija Andrea de 3 años. Sin trabajo desde diciembre únicamente recibe la ayuda al desempleo. Tras intentar negociar una dación en pago 4 veces, siempre ha encontrado una respuesta negativa por parte del BBVA. Sus padres firmaron como avalistas así que la entidad reclama la entrega de las dos viviendas en pago de una única deuda, algo que a todas luces es desproporcionado. Solicitamos que se retiren a los avalistas de la ejecución hipotecaria, y solicitamos la dación en pago de la vivienda de Isabel como pago de la deuda. Ya es suficiente trauma el perder una casa, como para además quedarse con la casa de sus padres de 70 años y enfermos que no entienden por qué tienen que quedarse sin su casa que es lo único que tienen de toda una vida de trabajo. Isabel estaría dispuesta a entregar ya su casa y quedarse con una deuda razonable si se elimina a los padres de la ejecución hipotecaria.
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Actualización: 22:30. Tras una dura negociación con la Comisión Judicial, el desahucio queda paralizado 2 meses.
Quieren desahuciar a Esther y a sus 2 niños de 7 y 11 años este lunes día 10 de marzo a las 10 horas, en la Calle Turmero, 26 de Playa Blanca (Puerto del Rosario). Junto con la PAH de Fuerteventura lo vamos a impedir. Esther Santana y sus hijos no tienen recursos para buscar otro alojamiento. Vamos a lograr que se quede en su casa.
La afectada ha presentado un recurso ante el Juzgado nº 5 de Puerto del Rosario para aplazar el desahucio un mes o dos más hasta conseguir un trabajo con el que pagar un alquiler donde vivir con sus hijos y el traslado de sus pertenencias.
Quieren desahuciar a Esther y a sus 2 niños de 7 y 11 años este lunes día 10 de marzo a las 10 horas, en la Calle Turmero, 26 de Playa Blanca (Puerto del Rosario). Junto con la PAH de Fuerteventura lo vamos a impedir. Esther Santana y sus hijos no tienen recursos para buscar otro alojamiento. Vamos a lograr que se quede en su casa.
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| 10:00. Convocatoria anti-desahucio por la mañana. |
Desahucia: Aliancia Inversión en Inmuebles Dos , S.L., radicada en Las Rozas (Madrid).
Esther pagó a la empresa MARLAPE, S.L. 21.000 euros para tener opción de compra. La empresa constructora MARLAPE quiebra con el pinchazo del boom de la construcción, siendo embargadas sus viviendas por BANKIA. Este banco, a su vez, subasta el inmueble que ahora es propiedad de Aliancia Inversión en Inmuebles, sociedad que solicita la ejecución>
21.30. La policía y el comité judicial se prestan a sacar a dos niños de la cama a las 21.30 cuando deberían estar durmiendo y seguros, aprovechando que el grueso de los activistas ya no está.
22:00. La Policía retiene a los periodistas y rodea la casa.
Esther pagó a la empresa MARLAPE, S.L. 21.000 euros para tener opción de compra. La empresa constructora MARLAPE quiebra con el pinchazo del boom de la construcción, siendo embargadas sus viviendas por BANKIA. Este banco, a su vez, subasta el inmueble que ahora es propiedad de Aliancia Inversión en Inmuebles, sociedad que solicita la ejecución>
21.30. La policía y el comité judicial se prestan a sacar a dos niños de la cama a las 21.30 cuando deberían estar durmiendo y seguros, aprovechando que el grueso de los activistas ya no está.
22:00. La Policía retiene a los periodistas y rodea la casa.
22:15. La Policía identifica a los activistas de la PAH en el interior de la casa
En #EstherSeQueda la policia identifica a activistas pic.twitter.com/e3rL3gOoNt
— PAH_Lanzarote (@PAHLanzarote) marzo 10, 2014
Mientras tanto, el dinero destinado a personas sin recursos, sin posibilidades de cubrir sus necesidades y sin redes familiares (...) Personas sin vivienda o en riesgo de embargose emplea para contratar a militantes de Coalición Canaria sin necesidades: INEM nacionalista de Puerto del Rosario
¡STOP DESAHUCIOS!
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PAH Fuerteventura convoca el próximo jueves 20 de febrero a las 9 de la mañana frente al Edificio Centenario en el Barranco del Ciervo (Morro Jable) para paralizar el desahucio de 3 familias por parte de Gesturpa a las órdenes de Lopesan.
Hay 29 familias afectadas, los desahucios inminentes son 3 familias que incluyen 6 menores para este jueves, pero el resto también tienen comunicado el alzamiento con diferentes fechas.
El contrato original de alquiler protegido que poseen está firmado por el vicepresidente del Cabildo, secretario general de los socialistas majoreros, y concejal del Ayuntamiento de Pájara, Blas Acosta.
Las ayudas al alquiler de protección social prometidas nunca llegaron, pero figuran como consumidas.
Las viviendas están construidas en suelo público y fueron concedidas en alquiler con derecho a compra a familias con dificultades económicas, en forma de alquiler con especial protección social. La ayuda prometida para hacer frente a los alquileres (entre 400 y 560€) nunca llegó a los afectados, pero figuran como consumidas.
Quien desahucia es Gestión Urbanística de Pájara, SL (GESTURPA) una empresa municipal defendiendo los intereses privados de LOPESAN. Por lo que cuentan los afectados «Lopesan construyó estos edificios en suelo público y sin licencia», de forma que mientras esto se solucionaba fue «Gesturpa quien gestionó su arrendamiento» a personas que pasaron un filtro de Asuntos Sociales por su especial necesidad.
Las viviendas fueron entregadas completamente vacías, sin cocina y ni siquiera contadores de agua y luz, gastos a cuenta de los inquilinos. Ahora una vez "legalizada" la situación de los bloques, urge expulsar a los legítimos inquilinos para volver a especular con el ladrillo.
LOPESAN SEÑALA, GESTURPA DISPARA.
¡TOD@S A PARALIZAR EL DESAHUCIO!
Actualización 20/02/2014. La lucha sigue.
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La convocatoria en defensa de la casa de Eleuteria fue un rotundo éxito, no sólo por el número de asistentes y la unión entre los mismos, sino por las muestras de apoyo de distintos sectores de la sociedad civil majorera.
Al acto se dieron cita también, políticos como Marcelino Umpiérrez (en el vídeo), concejal del Ayuntamiento en la época de Domingo González Arroyo, que fue quien, el 2 de agosto de 1995, concede a la entidad PLALAFUSA, S.A. la licencia de segregación, y, dos meses más tarde, el 20 de octubre de 1995, D. Alberto Lahoud Hernández, como representante de PLALAFUSA, S.A., vende a Dª. Blanca Ortega Gracia el trozo de terreno, enclavado en el casco histórico de Corralejo, por, nada más y nada menos que, ciento noventa y nueve mil de las antiguas pesetas.
Cuando concretaron esta operación inmobiliaria, todos (PLALAFUSA, S.A., EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA y BLANCA ORTEGA GRACIA) sabían perfectamente que allí, en ese terreno segregado, existía un restaurante abierto al público denominado El Patio, muy conocido en la localidad norteña, regentado, entre otros, casualmente por el hermano de Dª. Blanca Ortega Gracia, D. Mario, y por D. Feliciano Alonso Carreño, siendo el arrendador del inmueble, la propia Dª. Eleuteria Umpiérrez Morera.
Posteriormente, el 1 de enero de 2001, la vecina de Corralejo, arrienda la propiedad a D. Feliciano Alonso Carreño por una duración de 5 años. Los primeros años de contratos, el Sr. Alonso abonaba religiosamente las rentas a Dª. Eleuteria. Pero fue a finales del ejercicio 2002, cuando dejó de pagar la misma.
Curiosamente, a finales del 2002, es cuando el arrendatario, D. Feliciano Alonso Carreño, constituye una sociedad unipersonal, JAVAL UNIÓN, S. L. cuyo objeto social era la compraventa de inmuebles. Un mes más tarde de haberla constituida, cambia el objeto social, ampliándolo el mismo a la actividad de restauración.
En enero de 2003, Dª. Blanca solicita al Ayuntamiento de La Oliva un certificado de antigüedad con el objeto de declarar la obra nueva. Llama poderosamente la atención la escritura de declaración de obra nueva, ya que Dª. Blanca Ortega Gracia manifiesta en ella que, a sus expensas había construido un local bar-restaurante de una sola planta. Si se tiene en cuenta que el certificado emitido por el Ayuntamiento decía que el inmueble tenía más de 36 años, y que, en ese momento, Dª. Blanca tenía 39 años, significa que ella lo construyó el restaurante cuando tan sólo tenía 3 años. ¿Cómo se puede calificar este tipo de comportamiento?. Sobran los comentarios.
Pero ahí no queda todo. Tres meses más tarde, el 10 de abril de 2003, aprovechándose Feliciano Alonso Carreño que estaba dentro del restaurante en calidad de arrendatario, en base al contrato firmado por la vecina de Corralejo el 1 de enero de 2001, compra a Dª. Blanca Ortega Gracia, a través de JAVAL UNIÓN, S.L. el restaurante que estaba explotando por 240.404, 84 €. Para ello, pidió una hipoteca a la CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.
Una vez que JAVAL UNIÓN, S.L. registra la compra-venta, demanda a la vecina del pueblo, a la propietaria del inmueble en los Juzgados de Puerto del Rosario, por considerar que él era el dueño del restaurante, a pesar de tener el contrato de arrendamiento en vigor con Dª. Eleuteria.
El 17 de junio de 2003, JAVAL UNIÓN, S.L no sólo vende el 50 % de las participaciones a la mercantil DELVAL INTERNACIONAL, S.A., sino que además, ese mismo día, pasa a ser Administrador Único de JAVAL UNIÓN, S.L., D. José Manuel Jiménez del Valle.
En el año 2005, JAVAL UNIÓN, S.L. solicita a la CAJA RURAL DE CANARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO un préstamo por importe de 350.000,00 € para amortizar el préstamo obtenido de la CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.
Como llegados los vencimientos del préstamo, JAVAL UNIÓN, S.L. no cumplía con sus obligaciones, LA CAJA RURAL DE CANARIAS presentó una demanda en el Juzgado de Puerto del Rosario para que se ejecutara la operación hipotecaria y por consiguiente, tomar la posesión del inmueble, donde actualmente es la residencia habitual de Dª. Eleuteria Umpiérrez Morera.
El vídeo del acto, resume todo lo que supone la trama inmobiliaria, perfectamente explicado por Goyo. Nuestro más sincero apoyo a los asistentes y simpatizantes, cada uno con su granito de arena.
Al acto se dieron cita también, políticos como Marcelino Umpiérrez (en el vídeo), concejal del Ayuntamiento en la época de Domingo González Arroyo, que fue quien, el 2 de agosto de 1995, concede a la entidad PLALAFUSA, S.A. la licencia de segregación, y, dos meses más tarde, el 20 de octubre de 1995, D. Alberto Lahoud Hernández, como representante de PLALAFUSA, S.A., vende a Dª. Blanca Ortega Gracia el trozo de terreno, enclavado en el casco histórico de Corralejo, por, nada más y nada menos que, ciento noventa y nueve mil de las antiguas pesetas.
Cuando concretaron esta operación inmobiliaria, todos (PLALAFUSA, S.A., EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA y BLANCA ORTEGA GRACIA) sabían perfectamente que allí, en ese terreno segregado, existía un restaurante abierto al público denominado El Patio, muy conocido en la localidad norteña, regentado, entre otros, casualmente por el hermano de Dª. Blanca Ortega Gracia, D. Mario, y por D. Feliciano Alonso Carreño, siendo el arrendador del inmueble, la propia Dª. Eleuteria Umpiérrez Morera.
Posteriormente, el 1 de enero de 2001, la vecina de Corralejo, arrienda la propiedad a D. Feliciano Alonso Carreño por una duración de 5 años. Los primeros años de contratos, el Sr. Alonso abonaba religiosamente las rentas a Dª. Eleuteria. Pero fue a finales del ejercicio 2002, cuando dejó de pagar la misma.
Curiosamente, a finales del 2002, es cuando el arrendatario, D. Feliciano Alonso Carreño, constituye una sociedad unipersonal, JAVAL UNIÓN, S. L. cuyo objeto social era la compraventa de inmuebles. Un mes más tarde de haberla constituida, cambia el objeto social, ampliándolo el mismo a la actividad de restauración.
Pero ahí no queda todo. Tres meses más tarde, el 10 de abril de 2003, aprovechándose Feliciano Alonso Carreño que estaba dentro del restaurante en calidad de arrendatario, en base al contrato firmado por la vecina de Corralejo el 1 de enero de 2001, compra a Dª. Blanca Ortega Gracia, a través de JAVAL UNIÓN, S.L. el restaurante que estaba explotando por 240.404, 84 €. Para ello, pidió una hipoteca a la CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.
Una vez que JAVAL UNIÓN, S.L. registra la compra-venta, demanda a la vecina del pueblo, a la propietaria del inmueble en los Juzgados de Puerto del Rosario, por considerar que él era el dueño del restaurante, a pesar de tener el contrato de arrendamiento en vigor con Dª. Eleuteria.
El 17 de junio de 2003, JAVAL UNIÓN, S.L no sólo vende el 50 % de las participaciones a la mercantil DELVAL INTERNACIONAL, S.A., sino que además, ese mismo día, pasa a ser Administrador Único de JAVAL UNIÓN, S.L., D. José Manuel Jiménez del Valle.
En el año 2005, JAVAL UNIÓN, S.L. solicita a la CAJA RURAL DE CANARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO un préstamo por importe de 350.000,00 € para amortizar el préstamo obtenido de la CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS.
Como llegados los vencimientos del préstamo, JAVAL UNIÓN, S.L. no cumplía con sus obligaciones, LA CAJA RURAL DE CANARIAS presentó una demanda en el Juzgado de Puerto del Rosario para que se ejecutara la operación hipotecaria y por consiguiente, tomar la posesión del inmueble, donde actualmente es la residencia habitual de Dª. Eleuteria Umpiérrez Morera.
El vídeo del acto, resume todo lo que supone la trama inmobiliaria, perfectamente explicado por Goyo. Nuestro más sincero apoyo a los asistentes y simpatizantes, cada uno con su granito de arena.
www.cascoviejodecorralejo.com
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La casa que se va a subastar se encuentra situada en la calle Hernán Cortés número 14, dentro del casco histórico de Corralejo. Actualmente reside en ella su legítima propietaria, Eleuteria Umpiérrez Morera. No pasarán.
«Es triste que te expulsen de una propiedad que es tuya por una maniobra empresarial», dice el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo.
Eleuteria Umpiérrez Morera, una mujer octogenaria que se encuentra postrada en cama aquejada de una grave enfermedad, se enfrenta al desahucio de su vivienda «de toda la vida» y «de más de un siglo de antigüedad» en Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) por el impago de una hipoteca concedida a «una sociedad fantasma».
El portavoz del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, Miguel Socorro, informó a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número uno de Puerto del Rosario acogerá el próximo 11 de enero la subasta de una de las 115 viviendas centenarias afectadas por la problemática del casco antiguo, debido al incumplimiento del pago de un préstamo hipotecario de 350.000 euros, concedido el 12 de agosto de 2005 por una entidad financiera a la empresa Javal Unión.
La casa que se va a subastar se encuentra situada en la calle Hernán Cortés número 14, dentro del casco histórico de Corralejo. Actualmente reside en ella su legítima propietaria, Eleuteria Umpiérrez Morera.
En este lugar, hace cerca de un siglo se había levantado una edificación muy conocida en la localidad norteña, existiendo sobre ella hace dos décadas un restaurante denominado El Patio, que desde el 1 de enero de 2001 Eleuteria había arrendado al vecino de Villaverde Feliciano Alonso Carreño por un periodo de 5 años, finalizando el 1 de enero de 2006.
Socorro añadió que durante los primeros momentos de alquiler, Alonso abonaba las cuotas a la mujer, reconociendo a la vecina como propietaria del inmueble.
Sin embargo, en el año 2002 el empresario dejó de pagar las rentas, constituyó una sociedad unipersonal y, posteriormente, compró la propiedad a una mujer, al parecer compañera sentimental de un abogado de Puerto del Rosario y apoderado en su día de la entidad mercantil Plalafusa SA, por 1.194 euros.
«Todo comenzó en 1995»
El Comité de Afectados recuerda que «todo comenzó» el 20 de octubre de 1995 cuando la entidad mercantil Plalafusa SA vendió a esta mujer, previa licencia de segregación concedida por el Ayuntamiento de La Oliva, un área de terreno de 195 metros cuadrados denominado Parcela del Casco de Corralejo y sus Aledaños por 1.194 euros que legalmente era de Euleteria, que ahora se enfrenta a la pérdida de su casa.
El portavoz vecinal incidió en que en torno a esta causa existe un procedimiento civil abierto en el juzgado, pero que va "más lento", que el hipotecario, cuya vista está señalada para el próximo día 11 de enero, cuando la jueza dictará la fecha y hora del lanzamiento de la "viejita" de su hogar y, de forma inmediata, entregar la posesión de su propiedad a una entidad bancaria con la que "nunca ha mantenido ninguna relación".
«Vamos a intentar frenarlo por todos los medios», aseguró Socorro, que acusó a la entidad financiera de actuar con mala fe en la concesión del préstamo a la empresa, ya que «tenía conocimiento perfecto de lo que estaba sucediendo en el casco viejo de Corralejo».
En este sentido, explicó que esta caja «no puede ser considerada tercero de buena fe, ya que tenía perfecto conocimiento de la situación antes de conceder la operación crediticia». Incidió en que la entidad «no puede estar protegida por la fe pública registral» porque un año antes miembros del colectivo de afectados se desplazaron a Gran Canaria, donde se reunieron con el director general de la entidad implicada para avisarle de la situación de las viviendas centenarias.
Sin embargo, la caja otorgó el crédito a Javal Unión, cuyo administrador en la actualidad es José Manuel Jiménez del Valle, relacionado con otras causas similares en la localidad.
Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
De hecho, el domicilio de Eleuteria Umpiérrez es una de las que el pueblo de Corralejo denunció en marzo de 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal jefe de la provincia y los juzgados de Puerto del Rosario por una presunta trama urbanística, relacionada con las casas enclavadas en el casco histórico, en la que se encuentra imputado por un presunto delito de estafa continuada el administrador único de las mercantiles Delval Internacional SA y Sincronía 99 SL, José Manuel Jiménez del Valle, por vender casas de más de un siglo de antigüedad a sabiendas de que tenían dueños.
Socorro alertó de operaciones vinculadas con un presunto delito de "fraude financiero" en tanto que "se están pidiendo créditos a las entidades financieras, ponen una casa del casco viejo por medio, después no pagan y que la entidad financiera se entienda con el pueblo".
El portavoz del Comité criticó este «atropello» y «malicia con mayúsculas» que perjudica a los vecinos, al tiempo que recordó que ya son 81 las sentencias favorables a los vecinos del pueblo marinero, que han denunciando una supuesta trama empresarial interesada en apropiarse de sus viviendas.
De las 81 resoluciones, 41 han sido dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario, 24 por la Audiencia Provincial de Las Palmas y 16 por el Tribunal Supremo.
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