La PAH de Fuerteventura ha solicitado esta mañana a las 11 horas ante el Juez Decano de Puerto del Rosario, Juan Gallego Ortiz, la anulación de los procedimientos de ejecución hipotecaria en trámite. Afirman que los jueces «no pueden aplicar una normativa ilegal», tras la sentencia del TJUE.
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| Miembros de la PAH frente a los Juzgados de Puerto del Rosario |
La plataforma de afectad@s denuncia la modificación «a hurtadillas» de la ley hipotecaria por parte del Gobierno del Partido Popular a través de un Real Decreto-Ley que modifica el art. 695.4 LEC, después de que el TJUE la declarara ilegal, y solicita a los jueces que anulen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados al amparo de la ley 1/2013.
Durante los últimos años, la gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera.
■ Una normativa declarada ilegal
■ Una normativa declarada ilegal
La sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, caso Aziz, declaró que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario a la Directiva 93/13/CEE.
Ello supone que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución, los tribunales no puedan aplicar una norma ilegal, de ser así se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho. Es por ello, que dicha sentencia reconoce por primera vez en una ejecución hipotecaria, la posibilidad de recurso en base a posibles cláusulas abusivas.
Ello supone que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución, los tribunales no puedan aplicar una norma ilegal, de ser así se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho. Es por ello, que dicha sentencia reconoce por primera vez en una ejecución hipotecaria, la posibilidad de recurso en base a posibles cláusulas abusivas.
Los procesos de ejecución abiertos y que estén en trámite en el juzgado, tienen hasta el 7 de octubre –un mes posterior a la fecha de la publicación del Real Decreto-Ley(*) anteriormente mencionado en el BOE– para apelar.
Hacemos un llamamiento a todas las personas afectadas que ya hayan recibido un auto de resolución hipotecaria para que se informen con sus abogados o con nosotr@s por si cabe la posibilidad de presentar un recurso. Solo tenemos de plazo hasta el 7 u 8 de octubre.
(*) Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
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El cabildo de fuerteventura podría dar su apoyo a éste colectivo, al igual que lo hace con los antipetroleros. En este caso considero algo mas justo y cercano.
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