La situación de la justicia en la isla se encuentra al límite, como consecuencia del abandono al que ha estado sometida durante años, a pesar de haber tenido un circunstancial ministro canario que poco o nada hizo por paliar los déficit de la misma. Los jueces, lógicamente, amenazan con ir a la huelga si no se les conceden más medios materiales y humanos. Hay que recordar que el derecho a la huelga de los jueces no está regulado en España, de hecho, no está ni reconocido, ni prohibido, sencillamente. No está previsto, según han afirmado fuentes del Consejo del Poder Judicial.

El partido judicial de Puerto del Rosario, cuenta con 4 juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de lo Social que, si bien pertenece a Arrecife, tiene su sede en Pto. del Rosario, al igual que el juzgado de lo Penal 2.

La plantilla orgánica con que cuentan para atender al espectacular crecimiento de los litigios durante los últimos años es: En el cuerpo de gestión procesal (2), cuerpo de tramitación procesal (5), y en el cuerpo de auxilio judicial (2). Todo ello, para una población de derecho de unos 100.000 habitantes, con una ratio de un juez por cada 24.000 habitantes.

Por otra parte, la junta de jueces de Las Palmas ha decidido que sólo se repartirán asuntos hasta el número máximo que marquen los módulos de entrada, situación que va a afectar de forma negativa al ya de por sí retraso en la administración de la justicia, ya que los juzgados de Canarias ocupan uno de la últimos lugares en lo que se refiere a efectividad en las resoluciones judiciales.

Para muestra de como está la situación, basta con examinar los gráficos de la memoria del 2.007 elaborada por los servicios de inspección del C.G.P.J.

Recientemente la Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz de León (magistrada en excedencia) visitaba la isla para conocer de cerca las principales quejas que le transmitían los operadores jurídicos que desempeñan su trabajo en las distintas sedes judiciales, destacando las precarias condiciones laborales en que se encuentra, además de estar repartidos por distintas instalaciones a lo largo de Puerto del Rosario, siendo una total incomodidad y una falta de optimización de los escasos recursos materiales con los que cuentan, sumado al derroche de dinero en concepto de alquileres de locales para tal fin.

Naturalmente, de ésta lamentable situación quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de a pie que deben esperar años hasta la resolución de sus problemas con la justicia, además de los abogados y funcionarios de justicia que tienen en contra a los responsables políticos y a los vecinos que esperan la resolución de sus demandas.

Desde Fuerteventura Limpia queremos tratar el interesante punto de vista legal que se plantea con respecto a la pregunta de una lectora:

Una vez que las casas son dadas de alta en el Catastro, inmediatamente pasan a formar parte de la matrícula del IBI -el registro de viviendas y solares que están sometidas a tributación-. Esto es algo automático: igual que el impuesto de vehículos lo cobran según la matrícula que pasa la Jefatura Provincial de Tráfico, el IBI se cobra a las viviendas y fincas incluidas en la matrícula del Catastro.

¿Por qué se incluyeron estas construcciones en el Catastro, pese a estar levantadas de forma ilegal (en tu caso, alegal, suponemos) sobre un suelo, que es público? La base es la Ley Reguladora de Haciendas Locales que estaba vigente en aquel momento (click aquí) y que recogía que el hecho imponible del IBI eran no sólo los inmuebles en propiedad, sino también, artículo 61: «la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie». La misma norma establece también que se consideran bienes inmuebles de naturaleza urbana «los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen». Y añade: «Aún cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción».

El Catastro, ateniéndose a este criterio, decidió incluir en su registro, y que tributaran, todas las construcciones, incluso las ilegales, para no premiar con un beneficio tributario al infractor: se pretendía evitar que, además de utilizar un suelo ilegalmente, estos vecinos se libraran de pagar sus impuestos.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales ahora ha cambiado (click aquí), y en su actual redacción libera de pagar el IBI, artículo 64 a) a los «bienes de dominio público, carreteras, caminos y demás vías terrestres» pero «siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito». Es decir, que según esta norma, las casas de Majanicho siguen sin estar libres de este impuesto porque no es posible el aprovechamiento público y gratuito de ese suelo. Una vez que las construcciones aparecen incluidas en el Catastro, el Ayuntamiento tiene obligación de pasar el recibo a esas fincas, e incluso a tramitar el cobro por la vía ejecutiva si no se produjera en los plazos legales. La única manera de evitarlo sería proponer, desde el Gobierno local, una ponencia general para excluirlos, y estarían entonces a lo que dijera el Catastro.

Ésta es la memoria histórica que permite el periódico La Provincia, cuyo director, Ángel Tristán Pimienta, se autodenomina "de izquierdas" y que además está afiliado al PSOE. Lamentablemente a día de hoy aún quedan requicios de lo que fue una vergüenza mundial, un levantamiento contra un Gobierno legítimo que derivó en guerra civil y luego en dictadura, bajo la cual sufrieron y fallecieron muchos seres humanos en la lucha por las libertades y la democracia. Recordando aquélla entrevista a Franco en la que un periodista americano le espetó que tendría que acabar con media España, el dictador afirmó "he dicho a cualquier precio".

Resulta un verdadero sarcasmo arrogarse la representatividad de la clase obrera española. Será que lo recuerda en esos términos el que pagó la nota necrológica, porque si le preguntan a los familiares de desaparecidos en el pozo de Arucas o en la sima de Jinamar se acordarán de todos los antepasados del que descansa en el Valle de los Caídos.

La esquela y nota de prensa remitida, aparece publicada hoy, 20 de noviembre, en el periódico La Provincia en su contraportada. Permisividad ante la exaltación del franquismo.

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Porque la lucha contra el franquismo, es la lucha por la libertad.
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