Soy un estudiante de la ULPGC que tuvo la oportunidad de asistir a la sesión plenaria donde se discutió el "caso Amorós". Unos 80 estudiantes de 2º y 3º de Derecho de mi universidad asistimos el jueves 29 a la sesión matutina del pleno del Parlamento de Canarias. Entramos en grupos reducidos, dadas las limitaciones de espacio, y la mayoría nos quedamos unos veinte o veinticinco minutos para escuchar el desarrollo del pleno.

En general, la mayoría de mis compañeros salimos impresionados por lo que vimos, ya que esperabamos más atención por parte de los diputados a los oradores, mayor rigor en el comportamiento, más seriedad. La imagen que tenía de nuestros (cada vez más vergonzosos) representantes en el Parlamento anterior al pleno se distancia mucho de la actual, tras contemplar los insultos, las agresiones, el "pasotismo" de los parlamentarios, que entraban y salían con el móvil...

Todo esto me recordó a unas declaraciones de Juan Fernando López Aguilar en las que afirmaba que la política canaria era de "tercer nivel". Soy consciente de que Juan Fernando es un buen político, pero su llegada a Canarias le ha forzado a abandonar sus discursos en el Club Siglo XXI para pasarse a conferenciante en Feaga, con timple en mano (algo, por cierto, que no le pega nada) para no salirse del guión.

Hay que remarcar que es muy fácil criticar a la política canaria, lo realmente difícil es cambiarla.

Pienso también que los ciudadanos deberían ir a los plenos para ver en directo cómo se toman las decisiones que afectan a todos, sin el filtro de determinados medios de comunicación, que no cuentan bien lo que sucede o en la mayoría de las veces cortan por distintos intereses parte de las intervenciones parlamentarias. Siempre he sido crítico en cuanto a la formación que debe tener un representante político, que puede influir en decisiones que van a ser determinantes para la vida del Archipiélago.

La democracia representativa parece estar realmente en crisis con semejantes parlamentarios.

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Como todo el mundo sabe, “la primavera la sangre altera”... y los romances políticos se acercan. El más descarado, a la par que repentino enamoramiento, con la consecuente amnesia selectiva de lo que sucedía con su anterior parejita (PSOE) ha afectado gravemente a CC, de nuevo. Después del sonado caso Amorós ahora toca trama eólica. Las conclusiones de la citada trama, que previsiblemente serán aprobadas, no se parecen nada a la propuesta de dictamen inicial de CC.

Los nacionalistas han pasado de compartir con el Partido Socialista Canario que hubo una “trama eólica” basada en tres instituciones gobernadas directa e indirectamente por el Partido Popular – Consejería de Industria, Cabildo de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas – al revertirla en los socialistas, a través de José Francisco Henríquez. Nada ha importado que éste, como Lucendo, hayan sido exonerados por el juez.

Los insultos, incluso a nivel personal, no faltaron entre diputados como Santiago Pérez y Jorge Rodríguez, y de rondón alcanzó a la única diputada que tuvo desde el principio CC en la citada comisión, Nuria Herrera; su portavoz en materia eólica, Belén Allende, estuvo de nuevo de baja y el portavoz del grupo, José Miguel González, faltó también.

Cabe mencionar que la empresa Megaturbinas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, no aparece por ningún lado en el dictamen pactado por CC y PP. Sin embargo, para los socialistas, los dirigentes del PP, entre los cuales citan a Larry Álvarez, impidieron que Megaturbinas concurriera. El PSC sospecha que la decisión favoreció los intereses de los empresarios de Esquivel, estrechamente relacionados con el PP.

Tampoco aparece en el dictamen final el contrato que firmo el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz con la empresa participada por José Ignacio Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos. El contrato, según declaró después el Ministerio de Fomento, fue “lesivo” para los intereses públicos.

Igualmente, CC y PP no mencionan el viaje de Luis Soria a la empresa Enercon donde coincidió con los dos empresarios Esquivel.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular acusó al Partido Socialista Canario de “dejar el parlamentarismo en una situación tambaleante. Cuando no le favorecen las mayorías, denuncia que ha habido un fraude parlamentario, y confunde las conclusiones sobre una realidad fáctica con sus deseos electorales”

Esos vientos también pasaron por Fuerteventura, pero como el PP está enredado con el marqués, no ha sido capaz de explotar las acusaciones públicas realizadas a una televisión local majorera por el candidato socialista Blás Acosta, acusando a José F. Henríquez (PSOE) de haberle hecho proposiciones deshonestas para acudir al concurso eólico en Pájara. Lo que no dijo Blas es, si le pareció poco lo ofertado...

Lo dicho, que con tanto cubrirse las espaldas para tapar las corruptelas se está poniendo en escena el futuro pacto de gobierno CC-PP. Estos vientos de corrupción no mueven ningún aerogenerador, más bien deberían movilizar a la gente para terminar con esta desfachatez.

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El poder de hipnosis (manipulación) de Coalición Canaria ha podido con el Partido Popular, hasta el punto de que de señalar responsables, como el propio ex director general del Tesoro (Alberto Amorós), corroborar las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización, y apuntar indicios de delito cuando se exigían explicaciones al órgano fiscalizador por no haber enviado dicho informe a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas; los populares han pasado a aceptar con una asombrosa coincidencia con los nacionalistas, que no hay caso.

Además, ahora el PP también está de acuerdo con CC en que el Convenio entre el Gobierno y las entidades de crédito operantes en Canarias para establecer un marco a las entidades financieras de las operaciones activas y pasivas, de 22 de marzo de 1996, tuvo un carácter de patrocinio. Hasta hace quince días, para los conservadores el mencionado convenio “resultó ser un medio irregular para administrar fuera de toda legalidad, publicidad y control, una serie de fondos públicos con los que encargar una serie de trabajos sin sometimiento a los requisitos que establecen las normas sobre la contratación pública”... la amnesia selectiva invade al PP.

Por último, nacionalistas y conservadores también han eliminado el perjuicio económico que observó la Audiencia de Cuentas en su informe, a pesar de la “claridad” que ambos apreciaron días atrás.

Tampoco el que “durante el período fiscalizado, se produjo un perjuicio a la Comunidad Autónoma de alrededor de 1’2 millones de euros, por la deficiente gestión de la Dirección General del Tesoro en relación con el retraso en el ingreso de determinadas retenciones por rendimientos de capital mobiliario a favor de Agencia Tributaria, y la correspondiente imposición de recargos y el pago de intereses de demora”.

Este acuerdo implica, debido a la mayoría que representan CC y PP, que el dictamen que se celebró el pasado día 28, que además cerrará (de manera vergonzosa) la actividad parlamentaria de esta legislatura, tendrá que votar el dictamen final de la comisión de investigación. El procedimiento consistió en un primer pronunciamiento sobre los votos particulares que se presentaron.

Con posterioridad, se sometió a votación el dictamen. Como se pudo prever, Coalición Canaria se quedó sola apoyando su voto particular, al igual que el Partido Socialista Canario el suyo. CC y PP sacaron adelante el dictamen que exonera por completo a Alberto Amorós, a quien hasta hace poco los grupos vieron que su “actuación, durante los años 1996, 1997 y 1998, no se ajustó a las normas del derecho administrativo ni de la contabilidad pública (...) de lo que se deduce una clara responsabilidad política.

Ahora, al final de la legislatura, después de estar guardada durante estos años, la guagua de empleo anda recorriéndose la isla con la Directora General, Soledad Monzón (A.M.-C.C.) de conductora, hay que recordarle su paso por FORELAN, empresa dependiente del ICFEM de la cual:

"El fiscal, en las actuaciones seguidas como Diligencias Previas número 2262 del año 2000, al evacuar el traslado que de las mismas le fue conferido al amparo de los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, SOLICITA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL ANTE LA ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS y formula escrito de acusación contra Tomás Quesada de Saa, Francisco Vicente Almeida Ossa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García, y Diego Miguel León Socorro". Así comienza la sentencia del Caso ICFEM en el que se destapan las actividades de, entre otros, el conocido chorizo Francisco Almeida y el prohombre de A. M.- C.C. Tomás Quesada, entre otros.

En la citada sentencia se nombra a PROLESCAN S.L., "que incumplió el primero de los plazos para justificar el empleo de la ayuda otorgada, ningún reintegro le fue exigido entonces por el acusado Francisco Vicente Almeida Ossa, como nuevo director del Instituto; en su lugar y fuera de toda apoyatura normativa, se limitó a dirigir un requerimiento fehaciente a la entidad beneficiaria el 1 de febrero de 1996 (“en el improrrogable plazo de diez días” reza su literal), para aportar una simple copia del libro de matrícula que permitiese justificar los fines de la subvención otorgada. La entidad nunca contestó a dicho requerimiento."

Del mismo modo que Francisco Almeida, su sucesor en la dirección del Instituto, el también acusado Aurelio Ayala Fonte, omitió deliberadamente la incoación de expediente de reintegro ante el incumplimiento de condiciones de la ayuda otorgada que supuso dicho silencio. Se limitó a dirigir nuevo requerimiento en 12 de junio de 1997, como el anterior con acuse de recibo, y tampoco contestado por la entidad beneficiaria.

El acusado Francisco Almeida, durante su mandato como igualmente director del Instituto, había compatibilizado dicho cargo con el de socio partícipe y administrador activo de la mercantil TECNOEMPLEO S.L. (¿les suena?), dedicada a labores de orientación laboral y auditoría y beneficiaria de subvenciones del propio Instituto incluso durante el mismo periodo temporal al menos hasta 1996.

En la sesión de 28 de mayo de 1998, el consejo de Gobierno de Canarias acordó levantar los reparos opuestos por la Intervención Delegada, y luego confirmados por la Intervención General, en orden al incumplimiento de plazos y otras condiciones, y en consecuencia considerar correctamente justificadas y aplicadas las subvenciones en su día otorgadas a, entre otras entidades, TECNOEMPLEO SL, eximiéndola del debido reintegro en que se hallaba incursa.

Un primer conjunto de las múltiples solicitudes de subvenciones cuya valoración, estudio y final estimación asumieron Francisco Vicente Almeida Ossa y Víctor Manuel Díaz Rodríguez, fue la correspondiente a la entidad denominada APECO, bajo tales siglas, la “Asociación de Pequeños Empresarios de Economía Social” (CIF G35375407), de la provincia de Las Palmas, agrupaba a distintas empresas mercantiles propias de su enunciado, mayoritariamente sociedades cooperativas, y entre éstas, a la denominada “Tembleque Producciones”, cuyo gestor material era Octavio Cardoso Sánchez Tembleque, a la par que uno de los representantes de APECO y presidente de dicha asociación. La entidad solicitó del ICFEM el 10 de octubre de 1995 la suscripción de un contrato programa con el Instituto de duración trienal para llevar a cabo diferentes acciones formativas en 1995, 1996 y 1997.

La misma línea ilícita siguió el señor Almeida cuando cesó en su cargo de director del Instituto, sucediéndole Aurelio Ayala Fonte, que tomó posesión del mismo el 10 de junio de 1996. El relevo en nada afectó por el momento a APECO, pues, por un lado, nuevas “addendas” o añadiduras suscritas por el presidente y consejero Víctor Manuel Díaz Domínguez, fueron incorporadas al contrato programa original de 29 de diciembre de 1995; por otro, que antes del cese del señor Almeida, APECO había obtenido de este acusado, las autorizaciones individualizadas en distintas resoluciones por él dictadas para alterar el listado nominal de alumnos preseleccionados y los requisitos exigidos a los mismos, así como el cuadro docente, validando bajas y autorizando nuevas altas, así como la variación de las materias concretas a impartir y la de las fechas y plazos de duración de los cursos, y hasta el propio centro o lugar donde realizarlos, operando así hasta, al menos, las resoluciones de 28 de marzo de 1996 y 2 de abril de 1996.

En resumen, a los pretendientes de formar parte del selecto club malayo pero "a la majorera" se les imputó por delito de falsificación de documentos públicos perpetrado por funcionario público e igualmente tenido como continuado que se imputa a los acusados, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro, cinco años de prisión, multa de veintidós meses a razón de una cuota diaria de 12 € con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

Así como por un delito de prevaricación administrativa de carácter también continuado que se imputa a los acusados Tomás Quesada de Saa, Víctor Manuel Díaz Domínguez, Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Miguel Zumaquero García y Diego Miguel León Socorro la de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público por tiempo de nueve años. Esta es una de las razones por las que A.M.-C.C., no nomirá candidato a alguno de los que se citan en esta página.