Antes que nada, planteemonos una cosa: La puesta en duda de agresiones de este tipo sólo dan pie a la impunidad policial y al recrudecimiento de la actividad represiva, sin contar, claro está, con los innumerables indultos que se producen para condenas firmes que recaen sobre las FCSE.
Dicho esto, hemos tenido la noticia de que Jacqueline Gómez, una mujer de origen brasileño, ha denunciado la presunta agresión de la que fue objeto por parte de un guardia civil y tras la cual ha perdido el bebé que esperaba, dado que el caso terminó en aborto.
El hecho se produjo en la carpa del campeonato de windsurf que se desarrollaba en la playa de Sotavento, tras una disputa entre la mujer, Jacqueline Gómez Lima, y su ex pareja, por un teléfono móvil, según señala la agredida. La mujer de origen brasileño indica que todo ocurrió muy rápido. Tras la discusión la llevaron al exterior de la carpa y ahí fue donde comenzó la agresión por parte de uno de los guardias civiles.
Cuando Jacqueline se encontraba en el suelo, advirtió a las autoridades que estaba embarazada y fue cuando el agresor paró. La trasladaron entonces a una furgoneta, donde intervinieron agentes femeninas para limpiarle las heridas y, en ese momento, el guardia civil que la había agredido la insultó delante de sus compañeras y se marchó. Acto seguido, las autoridades le indicaron cómo recuperar el móvil por el que se originó la disputa y Jacqueline abandonó el lugar en un taxi.
Cuando llegó a su casa se dio cuenta de que sangraba por vía uterina y se dirigió al Centro de Salud de Morro Jable, donde le hicieron una primera exploración y rápidamente la mandaron al hospital de Puerto del Rosario, dado que presentaba amenaza de aborto. Tras una ecografía, los médicos detectaron que el feto no tenía pulso cardíaco y fue declarado como aborto tras el seguimiento de la evolución del feto, ya que había posibilidades de que fuera recuperado.
Jacqueline, que se encuentra muy afectada por todo lo ocurrido, en especial por la pérdida de su bebé, declaró para el periódico La Provincia que:
¡No nos callemos ante estas agresiones!
ACTUALIZACIÓN: El Ministerio Fiscal actuará de oficio en el caso de la mujer brasileña agredida por un agente de la Guardia Civil. El instituto armado, por su parte, abrirá una investigación interna
Artículos recomendados: Informe contra la tortura 2007 y Guardia Civil en Fuerteventura [1] y Escalada represiva en Corralejo y (2)
Artículo original: Embarazada y apaleada (La Provincia)
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
Dicho esto, hemos tenido la noticia de que Jacqueline Gómez, una mujer de origen brasileño, ha denunciado la presunta agresión de la que fue objeto por parte de un guardia civil y tras la cual ha perdido el bebé que esperaba, dado que el caso terminó en aborto.
El hecho se produjo en la carpa del campeonato de windsurf que se desarrollaba en la playa de Sotavento, tras una disputa entre la mujer, Jacqueline Gómez Lima, y su ex pareja, por un teléfono móvil, según señala la agredida. La mujer de origen brasileño indica que todo ocurrió muy rápido. Tras la discusión la llevaron al exterior de la carpa y ahí fue donde comenzó la agresión por parte de uno de los guardias civiles.
Cuando Jacqueline se encontraba en el suelo, advirtió a las autoridades que estaba embarazada y fue cuando el agresor paró. La trasladaron entonces a una furgoneta, donde intervinieron agentes femeninas para limpiarle las heridas y, en ese momento, el guardia civil que la había agredido la insultó delante de sus compañeras y se marchó. Acto seguido, las autoridades le indicaron cómo recuperar el móvil por el que se originó la disputa y Jacqueline abandonó el lugar en un taxi.
Cuando llegó a su casa se dio cuenta de que sangraba por vía uterina y se dirigió al Centro de Salud de Morro Jable, donde le hicieron una primera exploración y rápidamente la mandaron al hospital de Puerto del Rosario, dado que presentaba amenaza de aborto. Tras una ecografía, los médicos detectaron que el feto no tenía pulso cardíaco y fue declarado como aborto tras el seguimiento de la evolución del feto, ya que había posibilidades de que fuera recuperado.
Jacqueline, que se encuentra muy afectada por todo lo ocurrido, en especial por la pérdida de su bebé, declaró para el periódico La Provincia que:
«Si el guardia civil se hubiera portado como un policía, lo respetaría, pero se portó como un animal, me agredió como si fuera un hombre, sin pensar en ningún momento en mí. Nadie hizo nada por pararle, se comportaba como si supiera que iba a salir impune de lo que hacía. Le pregunté a sus compañeros su nombre para poder identificarle y nadie quiso responderme, es como si todos le tuvieran miedo».
¡No nos callemos ante estas agresiones!
ACTUALIZACIÓN: El Ministerio Fiscal actuará de oficio en el caso de la mujer brasileña agredida por un agente de la Guardia Civil. El instituto armado, por su parte, abrirá una investigación interna
Artículos recomendados: Informe contra la tortura 2007 y Guardia Civil en Fuerteventura [1] y Escalada represiva en Corralejo y (2)
Artículo original: Embarazada y apaleada (La Provincia)
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Las palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en las que aseguró que él prefiere no hablar de hoteles ilegales en Lanzarote sino de establecimientos "que tienen licencias anuladas por cuestiones formales" han desatado una tormenta política, y jurídica, en la Isla porque supone nada más ni nada menos que legalizar una ilegalidad.
Fuentes del pacto PSOE-PIL en la corporación insular se preguntaron si cabe llamar meras formalidades a la omisión de la obligación legal de solicitar los informes vinculantes sobre la compatibilidad con el Plan Insular. Esto, señalaron, "no corresponde decirlo a quien ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno en el área de ordenación del territorio". Juan Fernando, tu que eres un renombrado jurista, experto en construir imputaciones, demuéstrales a tus camaradas del pacto con Dimas Martín tus conocimientos en Derecho.
El anuncio de que la futura Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, ahora en trámite, apostará por dar "una salida" a los hoteles y complejos de apartamentos con licencias anuladas también ha tenido fuerte eco en la Isla.
Según Berriel, bastará con retrotraer los expedientes para que todos ellos "sean incluidos dentro de la legalidad" y sin que ello signifique "saltarse el contenido de la sentencia".
Durante los últimos meses, y a medida que se han ido acumulando sentencias favorables a la tesis y la estrategia que defiende la corporación, el Cabildo ha dejado claro que, incluso en los casos en los que sea posible la legalización, habrá que exigir compensaciones a los promotores de los hoteles ilegales.
Por último, la Comisión Europea afirmó que si se confirman que los fondos estructurales se han malversado destinándolos a la construcción de hoteles ilegales en Lanzarote, el Estado español deberá recuperar y devolver las ayudas. Por su parte, Domingo Berriel ha convocado “de forma urgente” una reunión para resolver la controversia que está creando la polémica dentro y fuera de la Isla. Aunque sus palabras son diferentes, los empresarios y sindicalistas (valga la redundancia, en ocasiones) y miembros del equipo de gobierno de Lanzarote implicados en el asunto están de acuerdo en dos aspectos: de que se trata de un grave perjuicio para la imagen y economía de la Isla y todos esperan que la resolución de la UE no salga adelante.
Fuentes del pacto PSOE-PIL en la corporación insular se preguntaron si cabe llamar meras formalidades a la omisión de la obligación legal de solicitar los informes vinculantes sobre la compatibilidad con el Plan Insular. Esto, señalaron, "no corresponde decirlo a quien ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno en el área de ordenación del territorio". Juan Fernando, tu que eres un renombrado jurista, experto en construir imputaciones, demuéstrales a tus camaradas del pacto con Dimas Martín tus conocimientos en Derecho.
El anuncio de que la futura Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, ahora en trámite, apostará por dar "una salida" a los hoteles y complejos de apartamentos con licencias anuladas también ha tenido fuerte eco en la Isla.
Según Berriel, bastará con retrotraer los expedientes para que todos ellos "sean incluidos dentro de la legalidad" y sin que ello signifique "saltarse el contenido de la sentencia".
Durante los últimos meses, y a medida que se han ido acumulando sentencias favorables a la tesis y la estrategia que defiende la corporación, el Cabildo ha dejado claro que, incluso en los casos en los que sea posible la legalización, habrá que exigir compensaciones a los promotores de los hoteles ilegales.
Por último, la Comisión Europea afirmó que si se confirman que los fondos estructurales se han malversado destinándolos a la construcción de hoteles ilegales en Lanzarote, el Estado español deberá recuperar y devolver las ayudas. Por su parte, Domingo Berriel ha convocado “de forma urgente” una reunión para resolver la controversia que está creando la polémica dentro y fuera de la Isla. Aunque sus palabras son diferentes, los empresarios y sindicalistas (valga la redundancia, en ocasiones) y miembros del equipo de gobierno de Lanzarote implicados en el asunto están de acuerdo en dos aspectos: de que se trata de un grave perjuicio para la imagen y economía de la Isla y todos esperan que la resolución de la UE no salga adelante.
Foto: Plan Parcial SAU-12 de Majanicho.
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El consejero majorero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha declarado en Lanzarote que la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo dará "una salida" para facilitar la legalización de los hoteles y complejos turísticos con licencias anuladas en la Isla.
Berriel aclaró que este hecho "no significa saltarse el contenido de la sentencia", sino que simplemente buscarán vías para que los establecimientos "sean incluidos dentro de la legalidad".
El consejero incluso estableció unos matices a la hora de referirse a las obras cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales a raíz de los recursos presentados por el Cabildo de Lanzarote. "Yo no les llamaría establecimiento ilegales. Tienen licencias anuladas por cuestiones formales y lo que habrá que hacer es retrotraer los expedientes". En su opinión, "todos tendrán una solución dentro de la legalidad".
Desde la corporación conejera, por su parte, se ha señalado durante los últimos meses que se negociará con los propietarios para buscar alternativas que posibiliten su legalización, aunque esto quizás no sea posible en todos los casos. Además, el Cabildo habla abiertamente de hoteles y complejos ilegales.
Desde Bruselas, por otra parte, se empezó a examinar la utilización de los fondos estructurales en Lanzarote a raíz de varias preguntas parlamentarias formuladas por los eurodiputados ecologistas David Hammerstein y Bart Staes. La financiación comunitaria para la construcción de hoteles cuya licencia ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue concedida entre los años 1998 y 2002 con cargo a las ayudas del Objetivo 1, aquellas que se destinan a las regiones con una renta inferior al 75% del PIB comunitario y entre las que en aquella época se encontraba Canarias.
En total, contabiliza el eurodiputado verde, se concedieron más de 30 millones de euros para financiar la construcción de hoteles de lujo. Entre los proyectos beneficiados están en 1999 el hotel Princesa Yaiza, con 4,092 millones de euros, y el hotel Gran Meliá Volcán, de la empresa Lanzarote 6 SA, con más de 3 millones en ayudas. Otra de las empresas premiadas con ayudas europeas fue Teide 10 con 7 millones de euros para el hotel Rubicón Palace así como Riversun inmuebles, en abril de 2000, con 1,5 para el hotel Iberostar Papagayo.
Por su parte, el eurodiputado Bart Staes también remitió otra carta en la que denunciaba que hasta 2002, Lanzarote recibió 36,5 millones de euros de los fondos estructurales que fueron utilizados para la construcción de hoteles declarados ilegales por el TSJC.
La lista incluye también otras suculentas subvenciones de más de 3 millones de euros para el hotel Natura Palace de la empresa Yaiza Beach Club, dos subvenciones por más de 3,5 millones de euros cada una para al empresa Hoteles Playa Canarias así como más de 4,5 millones a la compañía Demasu SL para ejecutar una obra, que según el eurodiputado ecologista, está "inacabada".
Algo similar a lo sucedido en Fuerteventura con los Planes Parciales “Costa Faro” [SAU 8-1] en el Cotillo (foto superior), y el de Majanicho [SAU 12].
El consejero incluso estableció unos matices a la hora de referirse a las obras cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales a raíz de los recursos presentados por el Cabildo de Lanzarote. "Yo no les llamaría establecimiento ilegales. Tienen licencias anuladas por cuestiones formales y lo que habrá que hacer es retrotraer los expedientes". En su opinión, "todos tendrán una solución dentro de la legalidad".
Desde la corporación conejera, por su parte, se ha señalado durante los últimos meses que se negociará con los propietarios para buscar alternativas que posibiliten su legalización, aunque esto quizás no sea posible en todos los casos. Además, el Cabildo habla abiertamente de hoteles y complejos ilegales.
Desde Bruselas, por otra parte, se empezó a examinar la utilización de los fondos estructurales en Lanzarote a raíz de varias preguntas parlamentarias formuladas por los eurodiputados ecologistas David Hammerstein y Bart Staes. La financiación comunitaria para la construcción de hoteles cuya licencia ha sido anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue concedida entre los años 1998 y 2002 con cargo a las ayudas del Objetivo 1, aquellas que se destinan a las regiones con una renta inferior al 75% del PIB comunitario y entre las que en aquella época se encontraba Canarias.
En total, contabiliza el eurodiputado verde, se concedieron más de 30 millones de euros para financiar la construcción de hoteles de lujo. Entre los proyectos beneficiados están en 1999 el hotel Princesa Yaiza, con 4,092 millones de euros, y el hotel Gran Meliá Volcán, de la empresa Lanzarote 6 SA, con más de 3 millones en ayudas. Otra de las empresas premiadas con ayudas europeas fue Teide 10 con 7 millones de euros para el hotel Rubicón Palace así como Riversun inmuebles, en abril de 2000, con 1,5 para el hotel Iberostar Papagayo.
Por su parte, el eurodiputado Bart Staes también remitió otra carta en la que denunciaba que hasta 2002, Lanzarote recibió 36,5 millones de euros de los fondos estructurales que fueron utilizados para la construcción de hoteles declarados ilegales por el TSJC.
La lista incluye también otras suculentas subvenciones de más de 3 millones de euros para el hotel Natura Palace de la empresa Yaiza Beach Club, dos subvenciones por más de 3,5 millones de euros cada una para al empresa Hoteles Playa Canarias así como más de 4,5 millones a la compañía Demasu SL para ejecutar una obra, que según el eurodiputado ecologista, está "inacabada".
Algo similar a lo sucedido en Fuerteventura con los Planes Parciales “Costa Faro” [SAU 8-1] en el Cotillo (foto superior), y el de Majanicho [SAU 12].
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La empresa FADESA lleva algunos años trabajando en Fuerteventura, principalmente en los municipios de Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva. Por consiguiente, la suspensión de pagos presentada sin duda afectará a muchos en la isla.
En concreto a medio millar de compradores canarios que decidieron comprar alguna de las 1.256 viviendas que la inmobiliaria promueve en las Islas. Esta cifra se podría ver incrementada si se contabilizaran los compradores de la urbanización La Oliva Casas & Golf, cuyas dos primeras fases se tenían que entregar a fines de este año.
Por otra parte, la forma de actuar en las obras que ejecuta FADESA es por medio de subcontratas a pequeñas y medianas empresas aquí radicadas. Además, utiliza un sistema de pagos muy leonino, ya que por cada certificación que realiza, retiene un porcentaje de dinero a cuenta para reintegrarlo al final de la obra. Con esa táctica lo que consigue es fidelizar al pequeño empresario y tenerlo amarrado hasta terminar lo contratado.
Por otra parte, la forma de actuar en las obras que ejecuta FADESA es por medio de subcontratas a pequeñas y medianas empresas aquí radicadas. Además, utiliza un sistema de pagos muy leonino, ya que por cada certificación que realiza, retiene un porcentaje de dinero a cuenta para reintegrarlo al final de la obra. Con esa táctica lo que consigue es fidelizar al pequeño empresario y tenerlo amarrado hasta terminar lo contratado.
"De poco o nada sirvieron las alertas dadas sobre la urbanización fantasma"
De poco o nada sirvieron las alertas dadas sobre la urbanización fantasma que se iba a ejecutar en la zona colindante con el Parque Natural de las Dunas de Corralejo,con campo de golf, por supuesto, y la advertencia de la existencia de yacimientos arqueológicos guanches encontrados mientras se ejecutaban las obras y que se hayan tenido que desplazar a los ganaderos que llevaban años en la zona. La solución que dé la promotora a sus clientes no puede demorarse porque no tiene demasiado margen de maniobra.
Según la información de la propia empresa, está en curso la entrega de las 151 viviendas de Residencial Rosavila, en Puerto del Rosario, y de las 15 de alto standing en la promoción Villas Jandía Golf Residencial. Además para fines de 2008 estaba previsto la entrega de las dos primeras fases de la Urbanización La Oliva Casas & Golf, situada frente al cruce de Lajares, en dirección a la costa, también en Fuerteventura.
A partir de ahora, la estructura de un hotel, una nave industrial y una serie de chalets a medio acabar, entrarán a formar parte del paisaje de las dunas de Corralejo. Y los que obligaron a salir a una serie vecinos de Villaverde del lugar donde cuidaban a sus cabras, ahora el propio mercado los ha excluido. Paradojas de la vida…
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Desde los Cabildos, Ayuntamientos, y en especial desde la Subdelegación de Gobierno, no se condena abierta y públicamente la violencia en las comisarías. Por suerte podemos acudir a fantásticos trabajos como el de los compañeros de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En lo correspondiente a nuestra isla, desgraciadamente tenemos que lamentar que existen cuatro casos denunciados, que señalamos a continuación:
Julio de 2007: Fuerteventura: Corralejo
Un vecino de Sevilla denunció haber sido agredido por tres agentes de la Guardia Civil, dos de ellos de paisano. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Puerto del Rosario. Meses después, uno de los guardias civiles implicados en esta agresión denunció una nueva agresión, ésta a un ciudadano de Sevilla por parte de tres agentes. El agente afirmó denunciar esta agresión para no verse implicado por un nuevo asunto como éste, uno de los agentes implicados afirmó que “aquí siempre se ha pegado a la gente y nunca pasa nada”.
25 de agosto de 2007: Fuerteventura: Corralejo
Los hermanos A. G. y R.G denunciaron haber sido agredidos por 9 agentes de la Guardia Civil del destacamento de Corralejo. La agresión se produjo cuando ambos hermanos acudieron al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la sustracción de una furgoneta, pero los agentes les emplazaron a denunciarlo otro día. Al protestar por la actitud de los agentes, estos agredieron a los hermanos provocando a A. una fractura de muñeca y a R, traumatismo craneoencefálico, además de otras lesiones.
8 de diciembre de 2007: Fuerteventura: Corralejo
K.B., denunció haber sido agredido por varios agentes de la Guardia Civil. Según su denuncia, la agresión se produjo después de que dos agentes le detuvieran y trasladaron a cuartel para registrarle. En el cuartel uno de los agentes le propinó un puñetazo para obligarle a desnudarse. Después del registro y no encontrando nada ilegal, iban a dejarle en libertad, pero K. solicitó, entonces, formular una denuncia por el trato recibido. En ese momento, entre varios agentes, le obligaron a la fuerza a subir a un vehículo de la Guardia Civil en el que fue trasladado a un descampado, donde le golpearon reiteradamente, provocándole, entre otras lesiones, la rotura de una pierna por cinco sitios.
Septiembre de 2006: Fuerteventura: Gran Tarajal
En febrero de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) absolvió a tres agentes de la Policía Municipal de Gran Tarajal, que habían sido denunciados por tres menores de edad por agresiones ocurridas en septiembre de 2006. Los menores denunciaron que los policías acudieron a la zona de ocio donde se reunían con otros jóvenes, y que, tras introducirlos en el vehículo policial, fueron trasladados hasta la parte trasera del recinto ferial, allí fueron sacados a golpes del coche y castigados con maltratos físicos y verbales, y fueron amenazados de muerte si se atrevían a denunciar lo ocurrido.
PARA LEER Y DIFUNDIR EL INFORME COMPLETO: Click aquí
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