La Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998 convirtió la mayor parte del país en superficie urbanizable. "A la orilla de la Ley, los municipios han hecho del urbanismo una fuente de financiación de su actividad pública, permitiendo un desmesurado uso del suelo".Históricamente, pueden diferenciarse varios periodos en la evolución del Derecho Urbanístico en España. Desde el siglo XXI hasta la culminación de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que se ideó como actividad municipal, regulada por las decimonónicas leyes de ensanche (1864, 1876 y 1892 ) y que respondieron a una mentalidad liberal de la acción urbanística y en donde la intervención administrativa era mínima o suplementaria.
La etapa (1956-1978) viene con la aprobación de una nueva directriz que supuso un cambio significativo del Derecho Urbanístico español. La LS de 1956 nació en el contexto de la dictadura de Franco con el objetivo de intentar dar una apariencia de subordinación del Estado totalitario al Derecho, junto a otras leyes de relevancia como la de Expropiación Forzosa, la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la Ley de procedimiento Administrativo o la de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Su característica principal era el intervencionismo sobre el derecho a de la propiedad. Aunque supuso más una estatalización decorativa teórica que una socialización de la actividad urbanística, dejando desprovistos a los ayuntamientos de todas las competencias, a excepción de la tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión. En las décadas de su aplicación, singularmente las de los años cincuenta y sesenta, se produce un masivo éxodo poblacional del campo hacia la ciudad y una feroz especulación del suelo, con el generalizado incumplimiento de la ley como práctica cotidiana, a la sombra del levantamiento de grandes barrios y núcleos urbanos saturados y desorganizados.
Un nuevo aire jurídico viene entre 1978-1990, con la promulgación de la Constitución de 1978 cambiando las bases organizativas del urbanismo español, aunque no tanto los elementos esenciales que lo venían caracterizando. Pero democratizó los poderes públicos encargados de normar gestionar el urbanismo, permitió el traspaso de competencias urbanísticas (art. 148.1.3º CE), en virtud de los Estatutos de Autonomía. Esta actividad se situó en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y ciertas leyes, de menor rango, generadas por algunos comunidades autónomas (disciplina urbanística, planeamientos, etc.). Los municipios pasaron a convertirse en los auténticos artífices del nuevo urbanismo democrático al amparo en muchos aspectos todavía del TRLS de 1976.
Un cuarto recorrido (1990-1997) se inicia con la Ley 8/1990, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (LRRU), que tuvo escasa vida. La nueva norma favoreció una mayor presencia de la Administración en las plusvalías urbanísticas. Más tarde continuaría con el TRLS (Texto Refundido de la Ley del Suelo), de 1992, y que concluyó con la derogación del régimen estatutario de la propiedad. Es aquí cuando vuelve a salir el tema, siempre evitado en los debates jurídicos legislativos, de la expropiación forzosa ante los incumplimientos, por los propietarios, de sus obligaciones urbanísticas.
Así y todo, la norma 8/1990 estableció, con gran minuciosidad jurídica, el contenido de la propiedad urbana y los diferentes perfiles de adquisición progresiva de derechos patrimoniales inherentemente sucesivos al cumplimiento de las obligaciones legales, hasta que la sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional declara como nulos múltiples artículos de la Ley, recobrando, así, el TRLS gran parte de su vigencia.
En ese período los municipios, a la orilla de la Ley, convirtieron el urbanismo en una fuente de financiación de su actividad pública, permitiendo un desmesurado uso del suelo y, por lo tanto, un retroceso en la calidad de vida de las ciudades, amén de olvidar el destino de esos recursos, en relación precisamente a esa actividad, sin apenas mecanismos correctores sólidos y eficaces.
El último de los ciclos históricos concurre desde 1998. Ante el vacío normativo, el Estado se ve en la obligación de acelerar la publicación de la LRSV 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, asentando un nuevo Derecho Urbanístico en el que desde la simplicidad de contenido se refuerza el status jurídico del propietario urbano en perjuicio de la intervención de la Administración; reconociendo el derecho al contenido de la propiedad urbana ab initio. Exime sorprendentemente al propietario infractor, modifica la ordenación del suelo, convirtiendo la mayor parte del país en superficie urbanizable, y encarece las valoraciones expropiatorias, haciendo imposible el uso de la expropiación forzosa por parte de la Administración.Un muestra del urbanismo salvaje que ha depredado ya una buena parte del territorio canario. La magen corresponde al sur de la isla majorera.
Por Pilar Cáceres Fernández, jurista.
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