El Gobierno autoriza el uso de la fuerza en las expulsiones de inmigrantes

El Ministerio del Interior ha elaborado su primer protocolo de actuación para las repatriaciones masivas de inmigrantes, que en breve entrará en vigor. En ese documento, de 23 páginas, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil autoriza un amplio abanico de medidas de fuerza contra los irregulares que se opongan a su deportación y prevé la inmovilización de los clandestinos siempre que no se pongan en riesgo las «funciones vitales» del repatriado.

El borrador, con fecha del pasado 20 de julio y que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas, unifica, según portavoces de Interior, las hasta ahora dispersas normas de actuación durante los viajes de deportación e incluye las últimas normativas europeas sobre las deportaciones.

La futura directiva permite que los funcionarios puedan reducir a los «repatriados que se resistan» con «lazos de seguridad» (bridas de plástico), «cascos», «prendas inmovilizadoras homologadas» (que no se especifican), «cinturones», «esposas o similares» e, incluso, «cinta reforzada», más conocida con el nombre comercial de cinta americana. La normativa deja a criterio del responsable policial del vuelo la posibilidad de mantener desorientados a los repatriados teniendo durante todo el viaje las «cortinillas cerradas» para evitar que los sin papeles intuyan adónde se dirigen.

No obstante, la nueva normativa insiste en que, en principio, los inmigrantes no deberán ser inmovilizados totalmente si no provocan incidentes y que la aplicación de las medidas coercitivas tendrá que ser «motivada» y autorizada por el agente responsable del dispositivo. La directiva prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión, tal y como ocurrió en 1996 cuando el departamento que encabezaba Jaime Mayor Oreja repatrió a Mali a inmigrantes narcotizados. No obstante, el texto deja un resquicio legal: «El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», señala el borrador, que apunta que sólo un médico del Cuerpo Nacional de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, «podrá, después de realizar un diagnóstico, administrar medicamentos a los repatriados».

El documento reitera que estos medios coercitivos para reducir a los sin papeles no pueden poner en peligro «su dignidad ni integridad física». «El uso de estos procedimientos deberá ser proporcionado y con respeto a los derechos individuales de los repatriados», apostilla la directiva. Además, en el caso de que haya menores en el contingente, cualquier acción violenta contra el pasajero rebelde deberá hacerse lejos de la vista de los niños y adolescentes.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer cierta sobrecarga en estas operaciones de repatriaciones porque «a veces se hacen tres o cuatro vuelos, cuando lo ideal sería hacer uno cada día».

Preocupación asimismo por las filtraciones a las prensa, como ya ha ocurrido, de imágenes de los operativos masivos de expulsión. El texto es taxativo: «En ningún caso estará justificado tomar fotografías mientras se está "trabajando", especialmente en las salas de las terminales aéreas, jardineras (autobuses de traslado en pista), pistas e interior de los aviones». La normativa prohíbe también a los funcionarios el uso de móviles durante estos operativos, «salvo que sea imprescindible por razones de urgencia o de servicio».

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