Se excusan los administradores de lo público en que no hay dinero, y más allá, en que “lo ensuciamos todo”. Se olvidan de que hay gente, como Clean Ocean Project, que se encargaron en ediciones anteriores y, creemos, de forma voluntaria, de una labor que corresponde a la Administración: la limpieza. Justifican el palo con la promesa de la limpieza. ¿Pero qué ejemplo pueden dar los que han ensuciado hasta la última letra la palabra “política”? Aunque ese es otro tema. En cualquier caso, como pájaro viejo no entra en jaula, nos olemos que se puede tratar de otra estrategia para llamar la atención de los medios y de los ciudadanos. Ya pasó con el Lebrancho Rock. Amenazan con quitarlo para finalmente autorizar el concierto. ¡Todo gracias a nuestros políticos! ¡Qué buenos son!
Sospechoso es que desde el Cabildo majorero no se haya lanzado ningún comunicado oficial anunciando su suspensión. Fuentes de la corporación que preside Mario Cabrera justificaban esta drástica medida afirmando que el coste de ¡Fuertemúsica! es inasumible en estos momentos, no así las concesiones de obras públicas a los financiadores de campañitas (nos referimos, para que no quede duda, a las impunes constructoras). El Cabildo está elaborando un plan de choque para paliar la crisis que azota la isla, que presenta el mayor número de parados de toda Canarias. ¡Qué buenos son nuestros políticos!
¡Fuertemúsica! le costaba a las arcas insulares unos 300.000 euros, “una cantidad que en tiempos de crisis no nos podemos permitir”, dicen desde el Cabildo. Sin embargo, parte de ese dinero lo ponen otras entidades, públicas y privadas, como el Gobierno de Canarias (30.000 euros), La Caja de Canarias (90.000 euros), Compañía Cervecera Canaria (CCC) y Ayuntamiento de La Oliva.
La palabra crisis justificará en el futuro el recorte de derechos laborales, como lo hace el terrorismo en derechos procesales y penales. Porque siempre utilizarán el vocablo adecuado para hacernos sentir protegidos. Encantadores de serpientes.
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Hace ya un tiempo que se aprobó una reforma en la Ley de Costas, la cual le ha dado unos cuantos metros más de nuestro litoral canario a la corporación que supuestamente protege y cuida nuestras costas.
Pero esto, que en un principio parece tan bueno y de tanto corazón se ha convertido en parte de la gran especulación que existe y existirá en Canarias. Digo existirá porque hasta que este pueblo no se levante un día y diga: ¡Hasta aquí hemos llegado! No se va a conseguir terminar con ella.
Ya sé que hay mucha gente luchando por la causa, como es el pueblo de Cho-Vito en Tenerife, la gente que ama el Confital en Gran Canaria, o Puerto Lajas y Los Molinos en Fuerteventura, entre otros muchos más. Todo este revuelo que se cuece por nuestras islas y de los que pocos se enteran, ya que los medios de comunicación se encargan de ello, son las llamadas expropiaciones, a las que muchos designamos “las expropiaciones de Costas”.
Esto me lleva a hablar de las acampadas, tradición sin igual en nuestra tierra. El que conoce Canarias lo sabe muy bien. Y en este caso, me van a permitir que centre mi atención en mi isla, en Fuerteventura. Para nuestros políticos es la “Isla Tranquila”, con la que cambian oro por nuestra arena, nuestra brisa, nuestro sol y nuestra hospitalidad. Pero la paciencia de los majoreros también se colma. Es bien conocido que Fuerteventura tiene unas playas preciosas, las cuales nuestros políticos, Costas y todos los demás explotadores de turno pueden vender al precio que quieran. Los majoreros, no pintamos nada, más bien, molestamos y perjudicamos la visión de las mismas.
Señores, nuestras vacaciones son esas. Unos pueden decir, no tenemos un sueldo suficiente para irnos de viaje como hacen otros. Yo digo que probablemente tengan razón. Pero además lo que no me llego a explicar es cómo tienen la desfachatez de no poner un camping, ya que no existe.
Señores, los campistas no molestan, los campistas sólo quieren disfrutar de su costa, de su playa, de su tiempo libre y sin hacerle mal a nadie. Pero claro, ahora Costas quiere hasta cerrar la carretera de tierra que une El Cotillo con Majanicho (en la costa norte) para que los campistas no puedan entrar.
No se pide una acampada constante durante todo el año, sólo se pide el tiempo de Semana Santa y verano, y poder acceder al sitio cuando se desee, pues los majoreros tienen el derecho de conocer y disfrutar de su isla. Para quien no conozca el lugar, es un sitio que está deshabitado, no hay casas, no hay hoteles, no hay nada, sólo playas, caletas y el malpei. Pero parece que esta Ley de Costas llega a Canarias con reformas, ya que los hoteles no se tiran y pueden incumplir la Ley, pero unos ciudadanos, un pueblo, el pueblo canario, el pueblo majorero, no. A nosotros si se nos aplica la Ley hasta de forma cruel y sin razones lógicas. Pero yo encuentro una... no somos un negocio, no les damos dinero a cambio de nada.
Canarias, un sólo pueblo para la explotación de los políticos y adinerados, que abusan de nuestra tierra, de nuestro litoral. Canarias, un sólo pueblo, gobernado por el interés. Canarias, un sólo pueblo oprimido, a merced de unos valientes que en las olas de la corrupción no se ocupan de su trabajo de cuidar a su pueblo, protegerlo, escucharlo y atenderlo.
Desde que el bajón de la construcción ha hecho mella en el llamado capitalismo popular del ladrillo, cuyos efectos son mucho más estructurales que cual otra crisis, numerosas empresas han tenido la necesidad de cerrar o despedir empleados de forma más o menos legal. Ejemplos de ello encontramos en toda la isla.
En concreto, las cientos de inmobiliarias que minaban y especulaban con el suelo majorero han ido migrando hacia rincones más suculentos, como Cabo Verde, cuyo futuro tampoco es muy alentador. También las personas que han comprado varios inmuebles creyendo que los vendería a precio de oro, se han dado cuenta que si no los alquilan no podrían hacerse cargo de los gastos de mantenimiento. Los bancos por su parte, no entienden de esperas, y los hipotecados clientes han tenido que cambiar el rótulo de sus propiedades de “Se vende” a “Se alquila”.
En el plano político se observa que el objetivo del Gobierno del PSOE es resolver mediáticamente el problema de la vivienda.
A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con una limitada repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus verdaderas causas. Gestos como la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin capacidad ni autonomía para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que el gobierno central mantiene competencias-, el inmediato Plan de Choque (2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de Vivienda (2005-2008) -continuista de los de anteriores gobiernos, aunque con más asignación de fondos-, la nueva Ley del Suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP, y que en el pasado tampoco evitaron la especulación-.
Tradicionalmente el gasto de la política pública de vivienda ha ido destinada a sostener la actividad del sector de la construcción subvencionando la edificación y compraventa de viviendas, y la concesión de obras públicas como pedían desesperadamente hace días. Este gasto se ha canalizado principalmente a través de las injustas e ineficientes desgravaciones fiscales por compra de vivienda en el IRPF, que terminan en el bolsillo del promotor/vendedor.
Animamos a los lectores a señalar las inmobiliarias que han echado el cierre. A nivel estadístico y económico es muy sintomático.
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La sociedad identifica dos problemas principales: la atención sanitaria (25,6%) y la inmigración (20,5%) aunque esta última no se especifica de qué manera. Otras cuestiones que están por debajo de estos porcentajes de manera importante: obras, carreteras y asfaltados (5,5%) y transportes y comunicaciones (5%).
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