El queso majorero es el producto agroalimentario más representativo de Fuerteventura, una exquisitez de reconocido prestigio premiada en todos los concursos a los que acude, por su calidad organoléptica y composición. Este manjar, capaz de poner de acuerdo incluso a políticos de distintos partidos en su excelencia, es el fruto del trabajo callado, esmerado y bien hecho de los ganaderos y productores de esta isla que, con gran sabiduría, han sabido conservar la tradición de la fabricación del queso majorero; no en vano, ya las crónicas de la conquista reconocían que los aborígenes fabricaban excelentes quesos de cabra.
No seríamos justos si no reconocemos también la labor callada de los diversos técnicos que en los últimos años han luchado por consolidar y mejorar el queso majorero introduciendo tecnología, mejorando las instalaciones, y preservando la identidad del mismo con la creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Majorero así como la inscripción de dicha marca a nombre de este Consejo Regulador, marca que algún empresario de Gran Canaria quiso inscribir para dicha isla.
Este queso se fabrica con leche de cabra majorera, otro emblema de esta isla maltratada y vilipendiada por muchos, a la que se añade en ocasiones hasta un 20% de leche de oveja. Las condiciones agroambientales de la isla, la cabra, su alimentación y la sabiduría de los productores dan como resultado este producto estrella de la gastronomía de Canarias, de gran demanda en estas islas y cada vez mas en otras regiones del país.
Tenemos pues, todos los elementos para garantizar el futuro de este producto y con él, el de los ganaderos, productores y de cuantos intervienen en su producción y comercialización. Sin embargo, se muere. O mejor dicho, lo están matando.
La ganadería es acosada desde las instituciones por políticos ineptos desconocedores del tejido socioeconómico que hay detrás de esta actividad, que se dedican a poner trabas y más trabas al desarrollo ganadero. Normas absurdas, requisitos que no sirven para nada, aplicación estricta de medidas cuya regulación permite cierta flexibilidad, planes de ordenación que prohíben la actividad ganadera.
Podríamos llenar varias páginas señalando los traspiés, absurdos la mayoría, que se le ponen a la ganadería.
Cuando a un sector se le pone tantas trabas sucede lo que está pasando en Fuerteventura: los mayores, por su edad abandonan, los jóvenes no se incorporan y los que están en edad laboral dejan la actividad para intentar mantener su familia con algún trabajo en hostelería o el sector servicios.
La isla ha perdido más de doscientas explotaciones y entre el 30 y el 40 % del ganado ha desaparecido, exportado a otras islas e incluso a países como Mauritania, Senegal, Venezuela y otros donde es muy estimado por sus características adaptativas y productivas. Las instituciones carecen de planes de fomento y desarrollo de la ganadería convirtiéndose en inspectores de papeles que exigen cada vez con más intensidad.
Las ayudas, que llegan tarde, mal y nunca, son a veces los únicos ingresos del ganadero, pero a veces esperan durante años para que se les paguen, y así no se puede mantener a la familia.
Y la gran asignatura pendiente, la comercialización, atascada y sin mejora mientras el Cabildo mantiene cerrada desde hace diez años una hermosa nave de más de dos mil metros cuadrados dotada de todo lo necesario para comercializar el queso de la Isla en mercados que paguen por el mismo lo que verdaderamente vale.
Mientras, los políticos, que no se enteran o no se quieren enterar de que detrás del queso hay familias, personas, tejido socioeconómico, tradiciones, formas de vida, lo arreglan todo presumiendo de queso majorero, ese que con sus actitudes están poniendo en peligro de extinción.
Remitido por: Fuerteventura sur: Noticias con una mirada diferente.
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Fecha:
viernes, 11 de diciembre de 2015
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Temática:
corrupción-especulación
,
urbanismo
1.049.595€ para una empresa vinculada a Claudina Morales.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario pierde una sentencia en favor de la entidad mercantil Pata Cabra S.L., vinculada a la exalcaldesa de La Oliva y candidata el Senado por Coalición Canaria. Deberá abonar 1.049.596,46 euros.
Mediante convenio urbanístico de 22 de julio de 1998 el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se comprometía a transmitir una parcela de 936 metros cuadrados a la sociedad Pata Cabra S.L. Como parte del pago se estipuló una contraprestación consistente en recalificar el terreno como residencial y comercial. La recalificación también afectaba a una zona peatonal ajardinada que separaba la parcela.
El Convenio establecía igualmente que la corporación municipal se haría cargo de los impuestos, tasas y demás gastos por la operación. Posteriormente, en 2001, se rectifica la extensión de la finca, aumentándose hasta los 1.132m² por la operación de exceso de cabida.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario obtuvo a cambio unos terrenos de unos 4.279 metros cuadrados, así como la parte correspondiente a las calles C/Gran Canaria y C/Valencia, con una superficie de 2.458 metros cuadrados.
No obstante, al ser imposible proceder a la retrocesión in natura -es decir, a la reversión del proceso expropiatorio- del 50% de las fincas adquiridas por el Ayuntamiento, deberá indemnizar a Pata Cabra S.L. por la candidad anteriormente señalada.
¿Un despiste o un pelotazo entre miembros de Coalición Canaria?
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Si hay algo que merezca la calificación de casta, sin lugar a dudas, es el clan de los Fuentes, incrustado en el PSOE desde hace más de tres décadas.
Mientras el PSOE tiene como eslogan de campaña para el 20-D Un futuro para la mayoría, la realidad de ese partido es que las estructuras de poder interno sólo buscan un futuro para determinadas familias de la formación política, su sustento y supervivencia.
El más destacado del clan, Domingo Fuentes Curbelo, lo ha sido todo en ese partido: desde Senador, concejal, vicepresidente, hasta escritor subvencionado por el Cabildo de Fuerteventura por su cercanía al presupuesto público insular. De momento anda enchufado por el Gobierno de Canarias en VISOCAN, un verdadero nido de corrupción en el que el dinero para las viviendas sociales fue destinado a la especulación financiera.
Ahora le toca a Taishet Fuentes Gutiérrez, que hace doblete en el Ayuntamiento de Antigua y a la Cámara alta del Parlamento español. Poco le va a enseñar su tío en esa labor, ya que sus intervenciones aunque muy cacareadas en los medios de comunicación, fueron tan pomposas como irrelevantes.
A Taishet también le podría enseñar su padre, Alfonso Fuentes Curbelo, secretario general del PSOE de Antigua desde hace más de 20 años, municipio en el que también fue concejal y ex-candidato al Parlamento de Canarias y que en estas últimas elecciones fue nº15 al Cabildo de Fuerteventura.
O Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que repite cabeza de lista en el Congreso de los Diputados tras haber pasado por la Cámara baja y ser concejal en anteriores ocasiones. Este FP Administrativo sustituyó nada más ni nada menos que a Juan Fernando López Aguilar en el Congreso de los Diputados, y también es aficionado a las subvenciones como su hermano Domingo Fuentes, sólo que en lugar de para escribir libros, para vender los quesos de su fantasmagórica quesería.
¿Vas a votar al PSOE o votarás a la familia Fuentes para el 20-D? Lo mismo da que da lo mismo.
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La candidata al Senado de Coalición Canaria ve recompensado el abandono del puerto autonómico con mayor tráfico de pasajeros, el de Corralejo, con un puesto en el consejo de administración de Puertos Canarios durante cuatro años.
Según sale publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 225, la nueva composición del Consejo de Administración de la entidad pública empresarial «Puertos Canarios» incluye, entre otros, a Claudina Morales como vocal.
Los vocales se designan del siguiente modo: trece por el Gobierno de Canarias (CC-PSOE), once por la Consejera de Obras Públicas (PSOE) y cuatro por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito portuario. Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración tienen una duración de cuatro años, salvo cese o renuncia.
Los vocales se designan del siguiente modo: trece por el Gobierno de Canarias (CC-PSOE), once por la Consejera de Obras Públicas (PSOE) y cuatro por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito portuario. Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración tienen una duración de cuatro años, salvo cese o renuncia.
Desconocemos los conocimientos náuticos de la señora Morales, pero en lo que a su gestión municipal con respecto al citado puerto se refiere, podemos afirmar sin ningún género de dudas que no tiene ni pajolera idea.
Durante su etapa de alcaldesa no se preocupó de que las embarcaciones se tengan que abastecer con petacas con el consiguiente riesgo para su transporte y vertido al mar. El puerto también carece de una marina seca donde poder limpiar y reparar las embarcaciones en condiciones dignas, sin necesidad de verter al mar las aguas sucias, al carecer de una red de alcantarillado interior. Debido a esa serie de carencias y al abandono, los robos son continuos por falta de alumbrado en condiciones en los pantalanes.
Resulta curioso que para colocarla en dicho consejo de administración, dado que no tiene ningún cargo más allá del noble y no remunerado oficio de concejala, aluden a su adscripción en la Federación Canaria de Municipios. Desde luego, la casta política tiene mil recovecos para colocarse unos a otros.
El megaproyecto de ampliación
Sin plantearse un término medio de crecimiento, el Plan de Infraestructura del Gobierno de Canarias prevé la construcción de un nuevo puerto por el lado norte del muelle actual que albergaría 665 nuevos puestos de atraque para yates y otras embarcaciones deportivas. Esto supone multiplicar por más de siete los actuales cien puestos de amarre para este tipo de embarcaciones. Todo este megaproyecto se realizaría con cargo al erario público con un presupuesto de 34 millones de euros.
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Mario Cabrera aprobó el pasado 26 de junio, siendo presidente en funciones –las elecciones fueron en mayo– del CAAF, las bases para la convocatoria de un puesto de interventor y de tesorero, ambos de categoría de funcionario interino en el CAAF.
Los requisitos para dicha plaza son, como es lógico, la de un titulado universitario en la especialidad económica. ¡No pasa nada! Se cambian las bases de dicha convocatoria para que pueda encajar en dicho puesto: Donde figuraban como requisitos las titulaciones de la rama económica, «cuela» a posteriori como requisito la de Licenciado en Derecho, una carrera cuya formación no incluye las especialidades desarrolladas por un tesorero o interventor (presupuestos, contabilidad, economía). Se preguntarán ustedes el porqué de dicha maniobra tan descarada:
¿Qué interés tiene el régimen en permitir que una persona con una formación incompetente para dicho puesto pueda optar a ganar la plaza de interino en el CAAF? Esperen unos días y lo verán.
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