El pasado mes de diciembre, el Gobierno hacía público el anteproyecto de la conocida como “Ley de Economía Sostenible”. Este embrión normativo que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vendido a la opinión pública como la panacea legal contra la crisis, se compone de normas de todo tipo y color, engarzadas entre sí en una estructura más que discutible, y con un objetivo cuanto menos difuso: crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.
Pues bien, más allá de la criticable técnica legislativa empleada, la futura ley esconde, concretamente en su disposición final primera, una medida que ha desatado una intensa polémica en los foros relacionados con Internet. La iniciativa en cuestión pretende, modificando la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, introducir “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” como una causa en base a la cual se pueda restringir e interrumpir la prestación de un servicio, como por ejemplo el que puede ofrecer un blog. La función de salvaguarda se atribuye a través de otra modificación, en este caso de la Ley de Propiedad Intelectual, a un nuevo órgano administrativo: la Comisión de Propiedad Intelectual, y la iniciativa concluye señalando que reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de las funciones que esta comisión tiene atribuidas.
Perfilada la medida, la preocupación que debemos sentir los ciudadanos con relación a la misma es notoria. No sólo por la forma en que se pretende establecer, con una inobservancia grave de los imperativos constitucionales, sino por el objetivo y el trasfondo de la propia norma.
Que restringir o interrumpir los servicios prestados en la denominada “Sociedad de la Información” afecta a derechos tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información, es algo que por obvio, no debería ser objeto de recordatorio. Sin embargo, el Gobierno parece haber omitido interesadamente tal evidencia, y delega en la potestad reglamentaria la regulación de la controvertida materia. La Constitución es clara cuando establece que las normas que incidan en derechos fundamentales deben ser objeto de Ley Orgánica, ello se entiende dado que en asuntos tan esenciales, como son nuestros derechos, el consenso parlamentario debe ser el mayor posible. Lamentablemente, consenso y derechos no parecen ser dos términos a los que nuestro Gobierno otorgue excesivo respeto, y tal vez ello haya sido la razón de que este problema se esté rodeando por la espesa bruma del oscurantismo institucional.
Más grave que los intencionados defectos de forma, es el objetivo de la iniciativa. Resulta sospechoso que la única finalidad perseguida sea la de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, máxime cuando en estos últimos años éstos ha adquirido un notable grado de protección tanto en el ámbito civil como en el penal. La redacción normativa, llevada a cabo en términos realmente amplios, invita a pensar que la medida puede servir de “tapadera” para que, a través de la Administración, se cierren (aunque sea provisionalmente) aquellos medios que no resulten afines al discurso oficial. El razonamiento puede parecer descabellado, pero de sobra es sabido que multitud de blogs, periódicos digitales, u otro tipo de servicios en red, tienen enlaces con páginas como Youtube. Siendo este hecho, a la vista de la redacción legal que se presenta, motivo suficiente para proceder al bloqueo del servicio, ¿Qué va a impedir a la Administración no proceder al cierre aunque el fundamento de su acción sea mínimo?
La presunta salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual que pretende el Gobierno puede convertirse en un título habilitante suficiente para el ejercicio de la censura. Por ello, la ciudadanía debe impedir que el oleaje político desatado con esta iniciativa arrastre para sí la conquista social que significaron nuestros derechos. Unos derechos que un Ejecutivo empujado por los lobbies de la “pseudo-cultura” pretende suprimir de espaldas a la democracia y a sus reglas más básicas.
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Resulta sorprendente que un gobierno socialista sea el que promueva la censura previa.Por ahí se empieza, luego vendrá el recorte a los medios no oficiales.
ResponderEliminarRecomiendo el artículo de opinión de J.C.Rodriguez Ibarra en El Pais de hoy martes 5. Lo deja clavado. Nadie le puede acusar de no ser socialista. Se puede ser crítico pero no sectario como pretenden algunos necios en los comentarios de éste blog.
ResponderEliminarEn la legislación y jurisprudencia españolas existen actualmente suficientes medidas y prácticas judiciales para que se cierren de forma muy rápida (2 ó 3 meses) webs o servicios de Internet que infrinjan la Ley. Sin embargo, dichas medidas son consideradas "insuficientemente rápidas" (!) por aquellos que pretenden censurar Internet arbitrariamente en base a decisiones gubernamentales o diplomáticas.
ResponderEliminarLa realidad, sin embargo, es el hecho de que todos los juicios que hasta la fecha se han celebrado en España en los que se pedía el cierre de una web por enlaces supuestamente ilícitos, han sido perdidos por los demandantes de dichos cierres, y aquellas webs que preventivamente se habián cerrado, con aparejado escarnio mediático incluso espoleado por la propia administración, han vuelto a reabrirse por estar realizando una actividad totalmente legal.
Estoy que me muero de curiosidad por saber lo que va a decir C.C.en el debate sobre esa Ley en el congreso de los diputados el próximo viernes.Buen momento para comprobar de que lado están los speudonacionalistas canarios en éste tema.No podemos menospreciar la cantidad y calidad de seguidores cibernautas que en las islas existen, máximo en su relación con los paises iberoamericanos, por razones de emigración.
ResponderEliminarquién va a prestar a canarias con el 28 por ciento de paro? si a Grecia se le presta casi diez mil millones de euros sin consultar al parlamento español (representantes del pueblo), y canarias tiene el triple de paro que Grecia.
ResponderEliminarpor qué no se arregla primero canrias y andalucía, antes de derrochar el dinero del pueblo español
y llevar a spain a la ruina económica y social.