La situación de la justicia en la isla se encuentra al límite, como consecuencia del abandono al que ha estado sometida durante años, a pesar de haber tenido un circunstancial ministro canario que poco o nada hizo por paliar los déficit de la misma. Los jueces, lógicamente, amenazan con ir a la huelga si no se les conceden más medios materiales y humanos. Hay que recordar que el derecho a la huelga de los jueces no está regulado en España, de hecho, no está ni reconocido, ni prohibido, sencillamente. No está previsto, según han afirmado fuentes del Consejo del Poder Judicial.
El partido judicial de Puerto del Rosario, cuenta con 4 juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de lo Social que, si bien pertenece a Arrecife, tiene su sede en Pto. del Rosario, al igual que el juzgado de lo Penal 2.
La plantilla orgánica con que cuentan para atender al espectacular crecimiento de los litigios durante los últimos años es: En el cuerpo de gestión procesal (2), cuerpo de tramitación procesal (5), y en el cuerpo de auxilio judicial (2). Todo ello, para una población de derecho de unos 100.000 habitantes, con una ratio de un juez por cada 24.000 habitantes.
Por otra parte, la junta de jueces de Las Palmas ha decidido que sólo se repartirán asuntos hasta el número máximo que marquen los módulos de entrada, situación que va a afectar de forma negativa al ya de por sí retraso en la administración de la justicia, ya que los juzgados de Canarias ocupan uno de la últimos lugares en lo que se refiere a efectividad en las resoluciones judiciales.
Para muestra de como está la situación, basta con examinar los gráficos de la memoria del 2.007 elaborada por los servicios de inspección del C.G.P.J.
Recientemente la Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz de León (magistrada en excedencia) visitaba la isla para conocer de cerca las principales quejas que le transmitían los operadores jurídicos que desempeñan su trabajo en las distintas sedes judiciales, destacando las precarias condiciones laborales en que se encuentra, además de estar repartidos por distintas instalaciones a lo largo de Puerto del Rosario, siendo una total incomodidad y una falta de optimización de los escasos recursos materiales con los que cuentan, sumado al derroche de dinero en concepto de alquileres de locales para tal fin.
La Viceconsejera de Justicia adquirió el compromiso de construir una nueva sede judicial mejor dotada donde tuvieran cabida todos los juzgados, tan pronto como el ayuntamiento capitalíno ponga a disposición del gobierno una parcela de terreno destinada a tal fin.
Naturalmente, de ésta lamentable situación quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de a pie que deben esperar años hasta la resolución de sus problemas con la justicia, además de los abogados y funcionarios de justicia que tienen en contra a los responsables políticos y a los vecinos que esperan la resolución de sus demandas.
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