La actual mayoría de Gobierno en el municipio de La Oliva formada por CC-PSOE ha perdido la oportunidad de paralizar esta barbaridad urbanística que se ha visto rodeada de innumerables irregularidades para la obtención de la necesaria licencia para la ejecución de la infraestructura, desde la época del marqués.
Situada a la salida de Corralejo, hacia Villaverde, frente a la subestación de Unelco, ocupa una superficie aproximada de 650.000 m2, siendo su calificación de residencial, correspondiendo al Ayuntamiento por el aprovechamiento medio unos 65.000 m2, superficie situada en el vértice del ángulo posterior, próximo a la urbanización Tamaragua.
Desde el 10.11.2003, existen dos certificaciones del Gobierno de Canarias sobre la caducidad de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y Convenio Urbanístico de Gestión Concertada, referidos ambos al Plan Parcial de Ordenación CORRALEJO-VILLAS CLUB. Posteriormente el 12.08.2004, el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario, desestima los recursos de reposición interpuestos por: Manuel Jimenez del Valle Deval Internacional S.A. y otros contra el acuerdo de paralización de las obras en ejecución.
Uno de los principales argumentos en contra, desde el punto de vista urbanístico es la falta de continuidad con respecto al desarrollo del pueblo y planes parciales próximos, además de la falta de infraestructura propia, en cuanto a producción y depuración de aguas.
Pero lo que verdaderamente llama la atención de propios y extraños es que siendo los propietarios conocidos "promotores-mangantes" Manolín es uno de ellos. Conocido por ser el comprador figurante de las casas de Corralejo, presunto financiador de la campaña de Claudina, paseante a hombros el día de la toma de posesión del bastón de alcaldesa, después de apearse del lomo de Olivia Estévez, según constancia fotográfica de La Provincia en Mayo de 2.003.
En la actualidad, las obras continúan a ritmo lento, a pesar de las órdenes de paralización instadas por las autoridades judiciales que la alcaldesa incumple alegando que si es la corporación la paralizante, también será la indemnizante en el supuesto caso de recurrir los propietarios la paralización y que obtengan una sentencia a su favor. Tampoco el Cabildo ha movido un dedo para darle una salida al asunto, a pesar de contar con un ilustre gallego como secretario, conocedor experto de temas urbanísticos que asesora en los ratos libres (seguro que sin cobrar, por eso de las incompatibilidades aunque luego se le vea en el palco del Real Madrid acompañado de empresarios locales) al consejero del Gobierno Autónomo, Domingo Berriel.
En el fondo lo que está claro una vez más, es que se actúa al dictado de los empresarios según su simpatía en euros, importándoles muy poco el respeto al medio ambiente y lo establecido en la legislación vigente. Siendo de aplicación las leyes urbanísticas y de costas para aquellos vecinos que no pueden pagarse un abogado capaz de hacerle frente a los gabinetes jurídicos que la administración tiene en nómina con los impuestos de los propios administrados.
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